Desde el año pasado la situación
Venezolana viene tornándose cada vez más difícil en las relaciones entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea Nacional.
El Poder Legislativo con una mayoría opositora decidió desacatar la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, que imposibilitaba
la incorporación de tres candidatos a diputados del estado Amazonas, cuya
elección había sido rechazada por
presunto fraude. La resolución del máximo tribunal dejaba sin efecto su
designación hasta que terminaran las investigaciones correspondientes.
Sin embargo, la mayoría de la
Asamblea, precedida por el actual candidato presidencial de la oposición, Henry
Ramos Allup, resolvió contravenir el mandato del Tribunal e incorporar a los
cuestionados candidatos.
Desde entonces, el Tribunal Supremo ha exhortado en reiteradas oportunidades para
que el Parlamento cumpla con su sentencia y no incorpore al
ejercicio de las funciones de la Asamblea a los citados ciudadanos. El Parlamento se ha mantenido en su posición
de rebeldía.
Por su parte la Constitución venezolana, en su artículo 336,
faculta a la Sala Constitucional a resolver cualquier diferencia que exista
entre los Poderes del Estado. En este contexto,
se produjo una sentencia de la
Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia desautorizando a la Asamblea Nacional de Venezuela para ejercer sus funciones.
Esta es una definición del más
alto Tribunal de la República, que determinó
que la situación de desacato en la que se encuentra la Asamblea Nacional anula todas las decisiones de ese organismo
legislativo, por lo que será la Sala Constitucional la encargada de ejercer
"las competencias parlamentarias" y designar el órgano que disponga
"para velar por el Estado de derecho". "Mientras persista la situación de
desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala
Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas
directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el
Estado de Derecho", expresa la
sentencia de dicha Sala.
En esta compleja situación el presidente de la Asamblea, Julio Borges, aseveró
que esta maniobra constituye un
"golpe de Estado". La oposición, que tiene mayoría en el
Parlamento, ha celebrado las sesiones desde enero a pesar de haber desconocido
los mandatos del máximo tribunal, por lo cual los partidos proclives al
Gobierno, se han abstenido de participar
en las sesiones de la Asamblea.
En este escenario de crispación, la mayoría de derecha votó por la puesta en
práctica de la Carta Democrática de la OEA en contra de Venezuela bajo el argumento
de que ese documento internacional estaba por encima de cualquier ley interna venezolana,
cuestión que ha sido claramente rechazada por el Ejecutivo.
Ese hecho aumentó las tiranteces entre
gobierno y oposición. El presidente Nicolás Maduro denunció que la derecha
parlamentaria ha cometido "traición a la patria" por aprobar un
documento "pidiendo la intervención de Venezuela por parte del
imperialismo y de fuerzas de la derecha internacional a través de la Organización
de los Estados Americanos".
La OEA demostró una vez más su
incapacidad para frenar la postura extrema de su Secretario General, Luís
Almagro, personaje al servicio de los centros de poder y en franca violación de
la letra y el espíritu de la propia Carta de esa lastimosa organización.
Para complicar más las cosas, la
sentencia del Tribunal Supremo, emitida
tras un recurso de interpretación interpuesto por la Corporación Venezolana de
Petróleo, inflama nuevamente los roces entre
los actores políticos del país: la derecha insiste en continuar la campaña
internacional para "presionar" a Maduro, mientras el Gobierno denuncia que sus adversarios buscan promover
una "intervención Internacional", para derrocar al Gobierno y poner
fin a la Revolución Bolivariana.
Es de esperar que la situación en
Venezuela no colapse definitivamente, que las fuerzas en conflicto sean capaces
de reconstituir un diálogo serio, para preservar la paz en el país, rechazar el
intervencionismo extranjero, reconstruir la necesaria concordia social en
defensa de la Democracia y la justicia social, y que no se actúe desde ninguno de los bandos bajo los signos de la "vendeta". La situación política en llamas, sumado a una situación de crisis económica producto de errores propios pero también de una política de abierto boicot ponen a ese país en un peligro inminente. Un Acuerdo Nacional implicaría para ambos sectores negociar y eso
significa ceder posiciones, pero sin retroceder ni destruir conquistas sociales
fundamentales para el pueblo de Venezuela.
(Telesur, RT, Cubadebate, Efe)
Ronald Wilson
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