Ante las reacciones destempladas de la oposición
política venezolana, así como de la mayoría de la derecha latinoamericana y de
sectores desinformados, pero interesados en atacar al Gobierno de Venezuela, que no se
detienen en su ímpetu para acusar
livianamente al Gobierno Bolivariano de haber perpetrado un “Golpe de Estado
Institucional”, es necesario aclarar las circunstancias en que se ha producido
esta crisis artificial.
Si algo ha caracterizado a la Revolución Bolivariana, es haberse mantenido siempre en los cauces
institucionales y democráticos, justamente para no abrir flancos en que la
derecha y el intervencionismo extranjero pudieran acusarla. La Constitución
Venezolana una de las más avanzadas de América Latina nunca ha sido vulnerada por
el actual Gobierno.
Esta Constitución democrática establece con precisión las funciones de todos los poderes del Estado. En la carta magna, se consigna que el órgano
contralor y máximo intérprete de la Constitución es la Sala Constitucional del
Tribunal Supremo.
En la actual crisis que ha
provocado la oposición, de forma
consciente y premeditada, quien ha actuado bajo la estricta norma
constitucional, es precisamente la Sala Constitucional, órgano de donde han emanado las sentencias controvertidas
respecto de la Asamblea Nacional.
