FUNDAMENTOS DE NUESTRA DEFENSA DE LA DEMOCRACIA
BRASILEÑA Y DE LULA
Luis Maira
A comienzos del mes de julio un grupo de 45
dirigentes políticos y sociales entregamos a la opinión pública nacional e
internacional la “Declaración en Defensa de la Democracia en Brasil y el
Presidente Lula. Todos los firmantes cuentan con una larga experiencia y
conocimiento sobre Brasil desde distintos ámbitos del quehacer y muchos hemos
trabajado en asuntos ligados a la definición de la Política Exterior chilena
acerca de ese país. Además nos une un sentimiento de afecto y consideración por
el mayor país de la región, un actor clave para avanzar en la cooperación e
integración latinoamericana, que es un propósito que también compartimos.
El documento que firmamos era a la vez analítico
y fundado en antecedentes sólidos. También, respetuoso en sus solicitudes. Pese
a ello, una campaña coordinada y sistemática en diversos medios de comunicación
escritos y audiovisuales planteó reparos y hasta descalificaciones a la expresión
de nuestro derecho en un tema que consideramos vital para el futuro de la
democracia en América latina. Creemos que esto hace necesario afianzar la
legitimidad de nuestros planteamientos y defender los contenidos que hemos
planteado.
1.
En primer lugar resulta sorprendente que ninguna
de estas objeciones se haya preocupado de examinar el problema en el contexto
histórico y político brasileño. Al contrario, parecería que se considera que la
situación actual en ese país es plenamente democrática y corresponde en todos
sus ámbitos a la existencia de un Estado de Derecho que funciona
apropiadamente. Y resulta que la situación, sumamente inquietante para
cualquier latinoamericano, es exactamente la contraria.
2.
Brasil vive hoy una de las tres mayores crisis políticas
que enfrenta el hemisferio, equivalente en gravedad, aunque con otros rasgos, a
las situaciones de Venezuela y Nicaragua. Desde el año 2016 ésta no ha cesado de
agravarse. La destitución,luego de una discutible acusación
constitucional contra la Presidenta Dilma Roussef fue un proceso cargado
de irregularidades y, sobretodo, de pasiones. Finalmente se la privó de su
cargo sin considerar las causales que el “impeachment” prevé en la Constitución
brasileña,al punto que los autores de este virtual “golpe blanco” ni siquiera
seatrevieron a aplicarle la sanción complementaria de inhabilidad para ejercer y
postular a cargos públicos en el futuro. Luego, se convirtió en jefe de estado
al vicepresidente Michel Temer, compañero de Dilma en el voto y corresponsable de toda
la gestión de ésta, irregularidad necesaria para ampliar la coalición política
que la destituyó. Los efectos de esta decisión han sido los que se podía prever.
La gestión de Temer carece de toda legitimidad y su índice actual de apoyo
asciende solo al 3% de los ciudadanos, sin duda el más bajo en el mundo,
mientras el rechazo supera largamente el 80%. Simultáneamente, como resultado
inevitable en este cuadro los otros dos poderes del estado se han visto
afectados por esta situación. El Parlamento que tiene más de 90 diputados y más
de 20 senadores acusados o juzgados por corrupción, cuenta con un apoyo tan bajo
como el del presidente. Y el poder judicial inevitablemente se ha visto envuelto
en el clima de disputa política y polarización que ha acabado influyendo en
varias de sus resoluciones.
3.
El telón de fondo, y en alguna medida la causa de
esta situación, es una crisis estructural que ha afectado al régimen político
brasileño desde la aprobación de la constitución política de 1988, al final de
una dictadura militar que duró 21 años. En esta constitución se favoreció una
estructura múltiple departidos políticos y se estableció un sistema de
configuración territorial delos distritos electorales que fragmentaba el poder
y hacía casi imposible a las mayores fuerzas políticas disponer de un respaldo
suficiente en el congreso.Un buen ejemplo es lo ocurrido en la segunda
administración de Lula, elegido por un amplio margen, en que el PT dispuso sólo
de 70 asientos en una cámara de diputados formada por 507 miembros. La consecuencia
de esto, fue que desde el primer gobierno democrático de José Sarney todos los
partidos que llegan al poder están obligados a constituir coaliciones de
múltiples partidos, muchos de ellos pequeños, para formar una mayoría que les
permita gobernar. Esto obliga a los Jefes de Estado a repartir las posiciones en
el gabinete ministerial y la administración pública, espacios que son usados
por estas fuerzas políticas dar trabajo a sus militantes, pagar favores
políticos eir ejerciendo diversas modalidades de cohecho y corrupción. Obvio es
decir que los gobiernos más estables, como los de los presidentes
Fernando Henrique Cardoso y el de Lula no han podido reunir los votos necesarios
para modificar esta situación cuyos efectos se han agravado cada día más y
han acabado por afectar a todos los partidos del espectro político brasileño.
4.
Naturalmente, nosotros respaldamos desde hace
bastante tiempo la indispensable reforma política que la democracia necesita en
Brasil para enraizarse y fortalecerse. Expresamente hemos apoyado las
investigaciones judiciales sobre corrupción de cuya magnitud y gravedad han
mostrado evidencias los casos de Petrobras y de las grandes empresas
constructoras Odebrecht y OAS.
5.
Un último
tópico general es el reparo que se nos ha hecho por dirigirnos en forma especial
al poder judicial de Brasil. Aquí la impugnación excede todo lo imaginable.
Especialmente en el tiempo de la globalización, el examen de la situación
internacional incluye frente a cada país la actuación de todos los actores
públicos y privados. Esto debe hacerse, por supuesto, dentro del ejercicio de la
libertad de expresión y no puede incluir propuestas de empleo de
medios materiales y, menos aún, del uso de la fuerza o de una intervención
militar.
6.
Y esto es algo que hacen todos los días todos los
gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil respecto de todos los países
sin que se conozcan impugnaciones de ninguna clase. ¿Alguien ha condenado,
por ejemplo, la actuación del gobierno o de partidos políticos chilenos que
piden cambios o nuevas elecciones en situaciones como las de Venezuela
o Nicaragua? ¿O las que plantean críticas y piden ajustes a las conductas
de gobiernos como los de Rusia, Irak e Israel? Hoy, sin la extensión de la
libertad de expresión y petición en las situaciones internacionales es difícil
concebir el funcionamiento del orden mundial. Por lo mismo, nunca hay
nada reprobable en una presentación hecha guardando las formas y a través
del conducto regular apropiado de los medios de comunicación como ha sido en
este caso.
7.
Pensamos que, con los antecedentes expuestos,
estamos en mejores condiciones para entrara examinar la petición concreta que
hemos hecho en el proceso judicial queafecta al presidente Lula. Se trata a
nuestro juicio de una situación especial yen torno a ella expresamos convicción en cuanto a la
necesidad de un cambio de la postura del poder judicial brasileño.
8.
Esta situación
es particular por varias razones:
·
Lula fue uno de los grandes organizadores del
proceso social y electoralque puso término a la prolongada dictadura
brasileña,la primera de su género – dictadura de Seguridad Nacional- en el
continente. Su importante aporte se hizo por medioslegítimos y pacíficos, en un
contexto de fortalecimiento de la organizaciónsindical del país.
·
Lula ayudó a afianzar la democracia política
brasileña compitiendo en tres ocasiones por el poder y reconociendo en forma
inmediata a quienes lo aventajaron.En un cuarto intento gano el gobierno y fue
reelegido por un margen mucho más amplio para un segundo mandato.Pero al término
del cual no buscó ni reformas constitucionales ni enmiendas legales que le
permitieran seguir ejerciendo el poder
·
El Presidente Lula fue una figura internacional
fundamental en el sistemainternacional durante su mandato y, en particular,
favoreció la cooperación eintegración entre los países latinoamericanos, no teniendo nunca unconflicto importante con
ningún gobierno del área.
·
El balance de su gestión muestra, además, los
mayores resultados en avancessociales logrados en el continente en el reciente
ciclo de gobiernosdemocráticos: 40 millones de personas salidas de la pobreza;
losimpresionantes programas “Hambre Cero” y “ Bolsa Familia”,una
políticadestinada a preservar la biodiversidad en la cuenca del Amazonas,
comoun espacio decisivo a nivel planetario, y un sostenidoesfuerzo para
diversificar y democratizar la formulación de las políticaspúblicas, tanto a
nivel territorial como de las organizaciones más activasde la sociedad civil.
·
Lula mantiene precisamente por estos logros -y a
pesar de la crisis que ha afectado a casi todos los dirigentes políticos de su
país-un importante grado de apoyo en la ciudadanía brasileña al punto que en
relación a la elección presidencial de octubre próximo, en los estudios más
serios de opinión, más que dobla en apoyo al segundo postulante.
La situación
que lo afecta,se traduce hoy en una condena de más de 11 años de presidio que
él, con estoicismo democrático está cumpliendo, exige en nuestra opinión, un
manejo especialmente fino y atento a su situación por no tratarse de un caso
corriente sino del que probablemente sea el principal protagonista de la política
institucional brasileña. Por cierto, no estamos propiciando que los méritos y
los reconocimientos de Lula lo pongan por encima de las obligaciones y
responsabilidades que obligan a todos los ciudadanos a responder por delitos y
faltas en materia de corrupción. Lo que sostenemos es algo distinto y es qué hay
que ejercer las responsabilidad es que puedan afectarlo de un modo especialmente
transparente y nítido que evite cualquier sospecha de parcialidad o sesgo
político en su juzgamiento. Y es aquí donde luego de haber estudiado
cuidadosamente el proceso que lo ha afectado, tenemos dudas que consideramos
respetables y legítimas de manifestar.
9.
Como una posición general somos partidarios de la
mayor amplitud y eficacia en los esfuerzos para castigar la corrupción en
cualquier país. Pero nos parece indispensable hacerlo sin transferir la decisión
del fallo condenatorio ni a los medios de comunicación adversos a ciertos
líderes, ni a una acción que se empeñe con medios excesivos, en el avance de los
procesos judiciales en contra de los inculpados. En un estado de derecho una
persona es inocente hasta que se demuestre en un juicio imparcial lo contrario,
y en esa perspectiva, así como rechazamos a los defensores de la impunidad
que siempre emplean los mismos recursos para evadir la acción de la justicia, no
nos gustan tampoco aquellos “justicieros” que nunca se sabe si por razones
fundamentalistas o de un inconfesable cálculo político, se proponen afectar a
determinados dirigentes. Vimos algo de eso en el proceso conocido como “Mani
Puliti” en Italia durante los años 80 y 90 en que hubo jueces que sostuvieron la
necesidad de filtrar y acordar con los medios de comunicación en forma temprana,
parte delas investigaciones que estaban a su cargo en sumarios secretos, como
una forma de aumentar la presión sobre algunas personas bajo investigación. En un
sistema democrático siempre es necesario mantener la distinción entre un
inculpado y un culpable. Esta última situación sólo se produce cuando existe la
llamada “cosa juzgada”, esto es que la condena esté a firme y no exista ningún
recurso pendiente en el caso.En los múltiples juicios por corrupción que se han
seguido en Brasil-generalidad esta que nos parece valorable- hay dos cuestiones
que se tienen que tener en cuenta:
·
Prácticamente en todas las otras situaciones en
que ha habido trámites o recursos pendientes, y Lula tiene todavía dos, los
enjuiciados no han sido detenidos. Y hablamos de decenas de acusados que continúan
en libertad.
·
Resulta asombroso que teniendo Lula un solo cargo
en que se lo afecta directamente, el caso del departamento triplex en la playa
de Guarujá (lugar que se parece más a Cartagena que a Cachagua, para decirlo con una imagen chilena) sus
abogados establecieron en el curso del proceso que allí no había habido ni
transferencia legal de dominio, ni tampoco ocupación material del inmueble.Y
sin embargo, el juez Sergio Moro lo condenó a una pena de más de 9 años
de cárcel que, en segunda instancia, fueron aumentados a 11. ¿Alguien conoce en
el mundo algún juicio de corrupción con sentencias de cárcel efectiva con esa
extensión ante la imputación de un
delito de “corrupción pasiva” como lo califica la sentencia? En términos
de nuestra experiencia chilena, los que hablan de un doble estándar de
los defensores de Lula¿han reclamado por los acuerdos que han permitido queen
delitos de cohecho y corrupción, judicialmente comprobados, luego de establecer
que los imputados eran culpables, se hayan reemplazado las condenas de prisión
efectiva por multas que, pareciendo bastante altas, son siempre muy inferiores
a las ventajas que obtuvieron los responsables de estos delitos?
·
Cómo creemos haber demostrado en este recuento el
problema del doble estándar no es de los autores del texto que pide un examen
más riguroso y menos sesgado de la situación judicial y política del presidente
Lula, sino dela de quienes en Chile y en otros lugares propician un trato
implacable contra el principal dirigente político brasileño mientras despliegan
toda clase de tretas y ardides para diluir la responsabilidad de situaciones
efectivas de corrupción que les son cercanas.
10.
Como corolario de nuestra argumentación nos
gustaría invocar argumentos sobre la equidad de este juzgamientos aparecidos en medios
de comunicación escrita de gran influencia mundial y ajenos a toda sospecha de
simpatía o aproximación política a Lula que confirman categóricamente nuestros
dichos.
11.
El 23 de enero del 2018 The New York Times
publicó en su página editorial un artículo de Marc Weisbrot director del Centro
de Investigación Económicy de Políticas Públicas quien en víspera del fallo de
segunda instancia sostuvo lo siguiente:“en los últimos dos años lo que pudo
haber sido un avance histórico –el gobierno del Partido de los Trabajadores le
otorgó autonomía al poder judicial para investigar y procesar la corrupción en
el gobierno- se ha convertido en lo contrario. En consecuencia la democracia de
Brasil ahora es más débil que en cualquier otro momento desde el fin del
gobierno militar”.Y en relación al segundo fallo indicó “No parece que la corte
vaya a ser imparcial. El juez que preside el panel de apelación alabó la
sentencia en contra de Lula da Silva por corrupción y la calificó de
‘técnicamente irreprochable’. La jefa de personal del juez publicó en su página
de Facebook una petición para que se encarcele al expresidente”.En conclusión
Weisbrot sostiene “la evidencia contra Lula da Silva está muy por debajo de
estándares que se tomarían en serio, por ejemplo, en el sistema judicial estadounidense”
En la misma
línea, la revista británica The Economist en su edición del 20 de julio ha
publicado un reportaje en que sostiene que existe el riesgo de que
los brasileños consideren ilegítima la elección si Lula no puede
participar,agregando “el caos en los tribunales refuerza las preocupaciones de
que el poder judicial se ha convertido apenas en un foro de la política
partidaria”,comentando también que “en un país donde el Supremo Tribunal
Judicial examina 87.000 casos cada año, apenas puede juzgar procesos
criminales contra las autoridades, permitiendo que muchos acusados de
corrupción circulen libremente, la sentencia de 12 años de prisión contra Lula
parece excesivamente dura”.
Por todo lo anterior en lugar de dejarnos
apabullar por la concertada campaña para trató de quitar peso a nuestra
solicitud anunciamos una segunda lista de adherentes, de un arco político
igualmente plural y amplio y con trayectorias nacionales de gran reconocimiento
en cuanto a las relaciones de Chile en Brasil y de nuestra política hacia
América Latina que entregaremos en los días próximos. Igualmente queremos
informarles que el impacto de nuestro planteamiento ha sido considerable y que
hemos sido contactados desde varios países latinoamericanos para realizar una
presentación del mismo tipo de la nuestra ante las autoridades públicas de
Brasil, un país que conocemos y queremos, y cuya aguda crisis política
quisiéramos ayudar a superar en la medida limitada de nuestros recursos.
23 de Julio, 2018