jueves, 29 de noviembre de 2018

TELETÓN: DISCAPACITADOS OBJETOS DE BENEFICENCIA O SUJETOS DE DERECHOS


TELETÓN: DISCAPACITADOS OBJETO DE BENEFICENCIA O SUJETOS DE DERECHOS

Nuevamente, como pasa todos los fines años desde 1978, hace 40 años, nos vemos enfrentados a un singular acontecimiento psicosocial como es la Teletón.

No se trata de caer en el facilismo de criticar a esta obra  benéfica, negando toda su labor. Los fines prácticos se cumplen con creces: recibir cuantiosas donaciones para desarrollar una gestión filántropa que es sin duda eficiente, el rehabilitar niños y adultos con diversas discapacidades.

Desde mi punto de vista, la crítica es hacia la forma en que se consiguen esos fines y cómo se aborda el sentido de la discapacidad.

En primer lugar, la inmensa campaña publicitaria ligada a las empresas más grandes de nuestro país, que ofertan sus productos vinculados a esta “acción de amor”, es desde ya cuestionable, porque si bien es cierto que esos fondos efectivamente llegan a la Teletón, el acto filantrópico o de Responsabilidad Social, no es tan puro, ya que esas empresas  descuentan de impuestos esas donaciones, por lo que, sumando y restando,  las empresas no pierden, no sufren ninguna merma de su patrimonio, lo recuperan todo, además de obtener pingües ganancias con el aumento en las ventas de aquellos productos vinculados a la campaña.

En segundo lugar, la sociedad chilena entra en un estado de solidaridad compulsiva, en el cual los medios de comunicación incentivan el afloramiento de los sentimientos más nobles del ser humano- pero también los más básicos – la compasión por el otro, por el que sufre, la piedad por el desvalido,  – aunque el resto del año seamos unos insensibles, en las “27 horas de amor” cumplimos con nuestra cuota de humanidad. Pero la  gente más pobre, nuestra clase media, que es acosada por la publicidad para que colabore, so pena de ser catalogada de inhumana, es la que realmente se mete la mano al escuálido bolsillo, y dona parte de su sueldo, pero no recupera nada, simplemente la satisfacción de dar, pero impelida por un ambiente psicológico de exacerbación de la caridad.

En tercer lugar, la Teletón aparece como el prototipo de la beneficencia y asistencialismo más clásico, que contribuye  a perpetuar la lástima pública y las actitudes conmiserativas. Los niños beneficiados son simplemente objetos de la caridad pública, de la beneficencia, de la benevolencia de los demás, son seres diferentes, a quienes se les soluciona un problema individualmente. Bajo ningún concepto, la Teletón se pone en la perspectiva que sus beneficiarios, son “sujetos de derechos”.  No está en su catálogo de preocupaciones el que las personas con discapacidad son ciudadanos activos,  no enfermos  incapaces de tomar decisiones de forma autónoma, o de tener un desarrollo en forma independiente, y que son idóneos para aportar al  bienestar común  de la sociedad.

La Teletón administra el individualismo, la pasividad de la piedad, no se preocupa por incentivar la organización social de las personas con discapacidad ni de sus familias, por lo tanto no los empodera para exigir que se les reconozcan sus derechos inalienables. La Teletón hace caso omiso, de que existe una “Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 13 de Diciembre de 2006, que dice en su preámbulo, “…El propósito de la presente Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente”.

La Teletón, desde su óptica benéfica, cumple con sus propósitos. Pero los resultados del  Censo 2012, en materia de discapacidad, revelan que en Chile la población con una o más discapacidades es de 2.119.316 personas, lo que equivale al 12,7% del total de habitantes del país. El problema está en que la fórmula Teletón no es la solución todo ese universo de discapacitados – ni tiene por qué serlo -.  Por su parte el  Estado chileno, en la práctica,  no se hace cargo de su deber de garantizar los derechos de las personas con discapacidad, a pesar que en el año  2008 ratificó la Convención Internacional y su protocolo facultativo, y posteriormente, en el año 2010 el Gobierno promulga la Ley N° 20.422 que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad.

Las políticas públicas siguen siendo son limitadas e insuficientes y continúan teniendo un sesgo asistencialista y paternalista, de manera que la respuesta es insuficiente, al no reconocer debidamente a las personas con discapacidad como ciudadanos sujetos y empoderados de sus derechos.

La sociedad civil, las organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, los partidos políticos, deben asumir esta realidad, promover un dialogo amplio, sincero, sin descalificar las diversas opciones, pero poniendo como eje fundamental una mirada de derechos y no solo una visión de beneficencia o de caridad individual.

Ronald Wilson


lunes, 19 de noviembre de 2018

ARAUCO INDÓMITO, UNA GUERRA INCONCLUSA



ARAUCO INDÓMITO: UNA GUERRA INCONCLUSA
…la gente que produce es tan granada,
tan soberbia, gallarda y belicosa,
que no ha sido por rey jamás regida
ni a estranjero dominio sometida...

(La Araucana. Alonso de Ercilla)

Las decenas de víctimas mapuches en las últimas dos décadas no son solo la suma de enfrentamientos violentos entre las comunidades mapuches y las fuerzas de orden.

Estos enfrentamientos con los comuneros mapuches son episodios reeditados  de la Pacificación de la Araucanía, en la cual está empeñado el Estado de Chile desde mediados del siglo XIX, o quizás son rebrotes de una Guerra de Arauco, nunca finalizada.

La política del Estado chileno que fue irónicamente denominada “Pacificación de la Araucanía”, tenía como objetivo incorporar a la plena soberanía del Estado los territorios comprendidos entre los ríos Bio Bío, por el norte y Toltén por el sur. Tierras ancestrales habitadas por los pueblos picunches, huilliches, cuncos, pehuenches y mapuches. Desde la Conquista hasta obtenida la Independencia e instaurada la República, el pueblo mapuche nunca pudo ser vencido ni doblegado. Los territorios tras la Frontera sur del río Bio Bío, lo que hoy en integra parte de la Región de Bio Bío y la Araucanía, quedaron en una situación de statu quo, dando por hecho que pertenecían a Chile, pero sin una presencia efectiva del Estado, en el cual los pueblos originarios siguieron desarrollando su vida tradicional en relativa convivencia con las autoridades nacionales.

Es a partir de un hecho casi anecdótico de nuestra historia, como es la aparición en la zona de un personaje novelesco como es Orelie Antoine de Tounens, quien se proclama Rey de la Araucanía, en 1861, que hizo caer en cuenta al Gobierno de la época que era necesario adoptar una decisión estratégica de anexión de la Araucanía. A pesar que la aventura de Orelie Antoine I, no tuvo ninguna consecuencia política, las autoridades deciden aplicar un plan de ocupación territorial de los territorios mapuches, propuesto por el General Cornelio Saavedra.  Fue el plan de “Pacificación de la Araucanía”.

Según la historia oficial, este plan incluyó acciones militares de ocupación de los territorios, además de una supuesta penetración pacífica mediante el traspaso de los avances de la “civilización” a dichas tierras mediante la fundación de ciudades, construcción de caminos, incorporación del  telégrafo,  y un plan de educación y salud con la creación de escuelas y hospitales.

En una primera etapa el General Cornelio Saavedra ocupa hasta el río Malleco y funda Angol, Mulchén y Lebu en 1862. Por la costa avanza hasta el río Toltén. Durante la Guerra del Pacífico el Ejército se concentró en las campañas del norte, situación que es aprovechada por los mapuches para lanzar una contraofensiva en 1880 que significó reconquistar parte de los territorios ocupados. Una vez terminada la Guerra del Pacifico y desmovilizado el Ejército, el Gobierno ordena retomar en forma definitiva la segunda etapa de la Pacificación de la Araucanía.

Es esta campaña se construyen o reconstruyen otras ciudades como Villarrica, Carahue, Temuco e Imperial.

En los hechos, la Pacificación de la Araucanía fue una ocupación brutal y violenta, una acción militar que a sangre, fuego y alcohol  pretendió doblegar a un pueblo jamás vencido. Esta nueva guerra contra el pueblo mapuche es  emprendida por gobiernos democráticos de una República independiente y pujante económicamente, se hace mediante los más modernos armamentos disponibles en la época, con un Ejército con toda la experiencia adquirida en la Guerra del Pacífico. El éxito militar estaba garantizado. Las estrategias de “persuasión” también obtuvieron renombrado éxito.

Sin embargo, la historia oficial omite que la Pacificación de la Araucanía fue un genocidio del pueblo mapuche, que usurpó sus tierras a nombre del Estado de Chile, y las entregó a título gratuito a diversos personajes ávidos de riqueza que se ofrecieron como colonos -chilenos o extranjeros-  para hacer patria incorporando de esa forma esas tierras salvajes a la civilización y al desarrollo capitalista que gozaba el resto de la República.

Al respecto, recuerdo que mi abuelo, el Reverendo William Wilson, Pastor Anglicano y médico, que llegó a Chol Chol a principios del siglo XX, convirtiéndose en un gran defensor de la causa mapuche, contaba cómo esos nuevos dueños de los latifundios construidos en base a las tierras comunales mapuches, encargaban a bandas de forajidos para que salieran a cazar indios, y por cada oreja cortada de un indio muerto pagaban para despejar la zona de esa plaga aborigen. Todo eso con la solícita protección del Ejército de Chile que imponía el orden y de esa manera aseguraba una pacífica incorporación de esos territorios al Estado de Chile.

La muerte de tantos comuneros mapuches en actos de violencia producidos en los últimos años, indican que la Pacificación de la Araucanía no ha terminado. Hoy los descendientes de esos colonos que usurparon las tierras ancestrales de los mapuches, se han convertido en grandes empresas forestales, destruyendo las tierras de cultivo y contaminando ríos y napas subterráneas, que son el corazón de la cosmovisión del pueblo mapuche, que vincula indisolublemente la vida humana con la sustentabilidad de la naturaleza. Cada día ese pueblo es acorralado, perseguido, ignorado, desconocido, como si nunca hubieran existido, o como si nunca hubieran pertenecido a esos territorios, como si fueran extraños o invasores venidos de otras latitudes.

Ese silencio de las autoridades y de la sociedad chilena, que solo ve la superficie de los hechos y condena la reciedumbre mapuche, los actos de resistencia como métodos inadecuados o terroristas,  no es capaz de comprender la profundidad de un drama histórico, la enajenación cultural de un pueblo con una historia bastante más antigua que nueva vida republicana.

Nuestros gobiernos democráticos en pleno siglo XXI son incapaces de asumir una responsabilidad histórica frente al pueblo mapuche y se limitan a respuestas burocráticas, como es la creación de la CONADI, la aplicación amañada del Convenio 169 de la OIT,  con  leyes que si bien representan avances,  con planes de variada índole que no enfrentan el problema de fondo, simplemente porque no va a la causa del conflicto,  que no es otro sino es  reconocer con coraje una verdad histórica, que Chile es un Estado Plurinacional.

El Estado de Chile debe hacer un gesto de nobleza, más allá de los reconocimientos constitucionales y de políticas de desarrollo, en beneficio a las distintas etnias. Debería nombrar una Comisión que rescate la verdad histórica respecto a la llamada Pacificación de la Araucanía y cómo los mapuches fueron expulsados de sus tierras. No estamos hablando  de hechos sucedidos hace trescientos años, son acontecimientos que aún se conservan en la memoria histórica de un pueblo. Se trata de reivindicar la dignidad y nobleza de un pueblo, de restaurar sus derechos, de reconocer su pertenencia a un territorio que es la base de su cultura y su cosmovisión, la tierra de sus ancestros.

Los jóvenes  y mujeres mapuches que resisten conocen de esos hechos luctuosos no porque los estudiaron en libros de historia, sino porque los escucharon de sus abuelas, y ellas de sus madres, cómo les quitaron sus tierras y los lanzaron  a la ignominia de ser extraños en su propio terruño.

Chile como país legalista puede perfectamente reconstruir esa historia, determinar cómo se produjo esa expropiación forzada, a qué comunidades pertenecía cada propiedad actual, no con un afán de revertir todo, ni de reconstruir un pasado, sino simplemente de reconocer que pasó y cómo pasó. Que el Estado de Chile pida perdón por esas acciones, y acuerde una real devolución de tierras, y si no es posible su restitución, se indemnice adecuadamente a las familias  o comunidades originariamente dueñas de esos territorios del Wallmapu.

Se trata que en un acto institucional se deje constancia de una verdad y partir de allí comenzar a trabajar mancomunadamente para finalizar con esa guerra no concluida, establecer la paz, restablecer la justicia y la dignidad de un pueblo mancillado.

Los últimos luctuosos acontecimientos que terminan con el ajusticiamiento de Camilo Catrillanca, y una vergonzosa suma de delitos y desacatos cometidos por Carabineros que actúa como fuerza de ocupación,   hacen urgente adoptar medidas efectivas. El Estado de Chile debe terminar definitivamente con la militarización de la Araucanía, eliminar la pretensión que con fuerzas represivas de alto impacto, como el Comando Jungla puede solucionar un problema histórico, como tampoco lo es posible con planes de buena vecindad,  por muy bien inspirados que estén.

Un conflicto con raíces profundas es necesario el repensarlo  con generosidad y audacia a través de soluciones reales, y no ficticias. Esas soluciones tienen nombre, territorios, soberanía, autonomía, reconocimiento político.

Ronald Wilson
(Texto publicado originalmente en 2015, reeditado en Noviembre de 2018)

lunes, 1 de octubre de 2018

DESPUÉS DE LA HAYA SE IMPONE EL DIÁLOGO Y LA COOPERACIÓN


El 24 de abril de 2013 el gobierno de Bolivia inició formalmente, ante la Corte Internacional de Justicia, la presentación de una demanda para obligar a Chile a negociar una salida soberana al mar. Esta es la culminación de Bolivia de una larga y digna  lucha por obtener resarcirse de la pérdida de litoral producto de la Guerra del Pacífico de 1879.  

Este lunes hemos escuchado el contundente fallo de la Corte  Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, en la que el hermano país altiplánico alegó que existía una obligación de negociar una salida soberana al mar. La CIJ  por 12 votos contra 3, resolvió que Chile no contrajo la obligación de negociar un acceso soberano al Pacífico para Bolivia.

En la lectura del fallo, se fueron desestimando uno a uno los argumentos bolivianos como el  "elemento acumulativo",  por encima del peso individual de cada uno de las pruebas,  igualmente el argumento de Bolivia basado en “las expectativas legítimas” no se puede sostener, manifestó el tribunal.  Asimismo el argumento del stoppel (la propia conducta de Chile en detrimento propio) también fue rechazado. La tesis de la “aquiescencia de Chile” en otras instancias diplomáticas, como los procedimientos multilaterales, la Corte también consideró que era un argumento insuficiente. Por tanto la corte concluyó que la obligación de negociar no puede fundarse en los actos unilaterales de Chile.

La CIJ también descartó a la Declaración de Algarve del año 2000 como fuente de obligación hacia Chile para negociar con Bolivia. En el sentido de que la mera mención de la cuestión marítima no puede dar a las partes una obligación de negociación, expresó el fallo. Finalmente uno de los principales argumentos bolivianos también fue desechado. La Corte claramente consideró que el Acuerdo de Charaña  firmado entre Pinochet y Banzer en febrero de 1975 no constituye un compromiso legal  para negociar una salida al mar. La obligación de Chile de negociar no puede ser deducida a raíz del contenido de la declaración de Charaña.

Cinco años después que Bolivia demandara a Chile ante la Corte Internacional de Justicia en  busca de un pronunciamiento sobre la supuesta obligación de negociar un acceso al Pacífico, el alto tribunal ha hecho pública esta  sentencia, inapelable y obligatoria. Y ha fallado a favor de Chile, que no tendrá que negociar con Bolivia una salida al mar para este país.

El argumento de Chile, fue siempre que la CIJ no tenía  competencia frente a un tema zanjado por  el Tratado de Paz  de 1904 – aceptado por ambas partes – que es anterior al Tratado de Bogotá de 1948 que le otorga jurisdicción a la  Corte, y que por tanto la demanda de Bolivia es artificial, inédita y carente de fundamento.  

Examinando la historia sabemos que recién entre 1866 y 1874 Chile y Bolivia acordaron  establecer el  límite entre los dos países en el paralelo 24, acordando además  el  derecho de Bolivia y Chile a compartir los ingresos en exportaciones minerales del territorio entre los paralelos 23 y 25.  La verdadera disputa se produce dado que la mayoría de los capitales que explotaban el salitre y guano  en esa franja eran capitales chilenos y británicos y  la mayor parte de la población era chilena.

El conflicto estalla en 1979, cuando Bolivia establece un impuesto de 10 centavos por quintal de salitre exportado, anulando el tratado de 1874. Ante esta situación las salitreras chilenas se negaron a pagar dicho impuesto, acto seguido Bolivia ordena su expropiación y  subasta.  La respuesta  de Chile es la ocupación militar de Antofagasta el 14 de febrero de 1879, y la declaración de Guerra en defensa de los “intereses” de Chile.   

Al finalizar la Guerra se firma el  Tratado de Paz y Amistad de 1904,  que en su  Artículo 2º manifiesta que,  “Por el presente Tratado, quedan reconocidos del dominio absoluto y perpetuo de Chile los territorios ocupados por éste en virtud del artículo 2º del Pacto de Tregua de 4 de Abril de 1884”. En su Artículo 6º, dice que  “La República de Chile reconoce en favor de la de Bolivia y a perpetuidad, el más amplio y libre derecho de tránsito comercial por su territorio y puertos del Pacífico”,  y en su Artículo 7º, expresa que “la República de Bolivia tendrá el derecho de constituir agencias aduaneras en los puertos que designe para hacer su comercio. Por ahora señala por tales puertos habilitados para su comercio, los de Antofagasta y Arica”.

El tratado además incluye entre otras cláusulas  la obligación de Chile de construir el ferrocarril entre Arica y La Paz, la concesión de créditos  y el pago de 300 mil libras esterlinas como compensación.

Durante 114 años, la posición de Chile ha sido contraria a la cesión soberana de territorios  basándose en el principio contemplado en la Convención de Viena de 1969 sobre derecho de los tratados, que  dice que todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellos de buena fe.  Chile considera que no existe conflicto jurídico alguno, pues todos los asuntos pendientes quedaron resueltos con el tratado de 1904.

Por su parte el reclamo histórico de Bolivia ha sido permanentemente lograr acceso soberano y útil al Pacífico.  Sin embargo, según la demanda interpuesta ante La Haya, lo que Bolivia  solicita  es que se reconozca que Chile tiene una "obligación de buena fe de negociar una salida soberana al mar". Bolivia funda esta solicitud en la obligación que tendría Chile de negociar, con base a  ofrecimientos anteriores.

El gran error de Bolivia ha sido judicializar su demanda histórica. En el plano jurídico los argumentos de Chile se basan en vigencia de un tratado firmado por ambas partes, tesis que mantiene inalterable por más de cien años. La demanda Boliviana es una reivindicación que se resolverá en el ámbito político, incluso ético, de reclamar una salida soberana al mar.

El fallo más allá de su contenido jurídico, es una dolorosa derrota política para Evo Morales, que puso todo su capital político electoral en el convencimiento de un veredicto favorable.  Con el fallo de la CIJ ha sido derrotada la estrategia del “Nacionalismo Populista” impuesta por el gobierno boliviano.  Aunque al finalizar la sesión de la CIJ trató de rescatar algo del naufragio,  al decir que "en este informe de la CIJ, si bien no hay una obligación de negociar hay una invocación de seguir con el diálogo", su credibilidad ante su pueblo está en cuestión.

Por su parte Chile no puede inmovilizarse en la tesis intangibilidad del tratado de 1904, tiene el deber de explorar alternativas políticas, que se relacionan con la conciencia de integración y cooperación regionales.  Chile debe tener el coraje para indagar otras posibilidades y de una vez por todas establecer un diálogo sin condiciones para zanjar el centenario conflicto con Bolivia.  

Ambos países deben emprender una estrategia de aunar voluntades  y colocar el tema en los espacios de diálogo político y social  que permita generar mayor adhesión popular y ciudadana con base a la cooperación y desarrollo mutuo más que entrampándose  en  triunfos o derrotas  judiciales.   

Ronald Wilson


miércoles, 26 de septiembre de 2018

LA LARGA CRISIS TERMINAL DEL MODELO RENTISTA PETROLERO VENEZOLANO Y LA PROFUNDA CRISIS QUE ACTUALMENTE ENFRENTA EL PAÍS.


LA LARGA CRISIS TERMINAL DEL MODELO RENTISTA PETROLERO VENEZOLANO Y LA PROFUNDA CRISIS QUE ACTUALMENTE ENFRENTA EL PAÍS. [i]

En este texto no voy a intentar siquiera un somero balance del proceso bolivariano con sus muy importantes logros nacionales y regionales y las numerosas contradicciones, errores y limitaciones que han caracterizado a este intento de una radical transformación anticapitalista. Me referiré fundamentalmente a la intensa crisis que actualmente enfrenta el país. 

Después de más de una década de profundas transformaciones políticas y sociales, Venezuela está viviendo hoy su crisis más grave desde las guerras civiles del siglo XIX. Los importantes logros del proceso bolivariano están en peligro. La economía se derrumba, la pobreza, la desnutrición y las tasas de mortalidad están aumentando. La polarización política y la violencia podrían conducir a una guerra civil. Todo esto está agravado por el creciente aislamiento internacional debido, entre otras cosas, al giro a la derecha de los gobiernos de Brasil y Argentina, y acciones imperialistas como el bloqueo financiero y las amenazas de intervención militar realizadas por Donald Trump.

La crisis venezolana no es nueva. El país ha estado experimentando una profunda crisis económica y política estructural durante las últimas cuatro décadas. Es la crisis terminal del modelo petrolero rentista, estatista y clientelar que ha caracterizado a la sociedad venezolana desde hace muchas décadas. Sin embargo, este modelo rentista extractivo tuvo un nuevo soplo de vida con el liderazgo carismático de Chávez, la legitimidad proporcionada por la Constitución de 1999 y los altos precios del petróleo de los primeros años de este siglo. Una vez más, parecía que los precios del petróleo sólo podían ir hacia arriba. Los ingresos procedentes del petróleo fueron vistos en el corto y mediano plazo, como la fuente de los recursos necesarios para la transformación de la sociedad venezolana. Durante los años del proceso bolivariano no se tomaron medidas significativas de transformación de la estructura productiva del país. Por el contrario, se profundizó el rentismo petrolero hasta que el petróleo alcanzó el 96% del valor total de las exportaciones. Hoy el país es más dependiente que nunca en su historia de las importaciones, incluso de alimentos básicos y suministros médicos.

Las políticas sociales que mejoraron sustancialmente las condiciones de vida de los sectores populares y las importantes iniciativas hacia otros países de América Latina, la cooperación y la solidaridad llevada a cabo por el gobierno venezolano, fueron posibles gracias a un extraordinario auge de la demanda y precio de los commodities generado principalmente por la demanda china. En la medida en que la renta petrolera se dirigió principalmente hacia los sectores excluidos de la población, se produjeron significativas mejoras en sus condiciones de vida. La pobreza y la desigualdad se redujeron notoriamente, el acceso a alimentos, servicios de salud, educación y seguridad social mejoró en términos cualitativos.

martes, 24 de julio de 2018

FUNDAMENTOS DE NUESTRA DEFENSA DE LA DEMOCRACIA BRASILEÑA Y DE LULA


FUNDAMENTOS DE NUESTRA DEFENSA DE LA DEMOCRACIA BRASILEÑA Y DE LULA

Luis Maira


A comienzos del mes de julio un grupo de 45 dirigentes políticos y sociales entregamos a la opinión pública nacional e internacional la “Declaración en Defensa de la Democracia en Brasil y el Presidente Lula. Todos los firmantes cuentan con una larga experiencia y conocimiento sobre Brasil desde distintos ámbitos del quehacer y muchos hemos trabajado en asuntos ligados a la definición de la Política Exterior chilena acerca de ese país. Además nos une un sentimiento de afecto y consideración por el mayor país de la región, un actor clave para avanzar en la cooperación e integración latinoamericana, que es un propósito que también compartimos.

El documento que firmamos era a la vez analítico y fundado en antecedentes sólidos. También, respetuoso en sus solicitudes. Pese a ello, una campaña coordinada y sistemática en diversos medios de comunicación escritos y audiovisuales planteó reparos y hasta descalificaciones a la expresión de nuestro derecho en un tema que consideramos vital para el futuro de la democracia en América latina. Creemos que esto hace necesario afianzar la legitimidad de nuestros planteamientos y defender los contenidos que hemos planteado.

1.      En primer lugar resulta sorprendente que ninguna de estas objeciones se haya preocupado de examinar el problema en el contexto histórico y político brasileño. Al contrario, parecería que se considera que la situación actual en ese país es plenamente democrática y corresponde en todos sus ámbitos a la existencia de un Estado de Derecho que funciona apropiadamente. Y resulta que la situación, sumamente inquietante para cualquier latinoamericano, es exactamente la contraria.

2.      Brasil vive hoy una de las tres mayores crisis políticas que enfrenta el hemisferio, equivalente en gravedad, aunque con otros rasgos, a las situaciones de Venezuela y Nicaragua. Desde el año 2016 ésta no ha cesado de agravarse. La destitución,luego de una discutible acusación constitucional contra la Presidenta Dilma Roussef fue un proceso cargado de irregularidades y, sobretodo, de pasiones. Finalmente se la privó de su cargo sin considerar las causales que el “impeachment” prevé en la Constitución brasileña,al punto que los autores de este virtual “golpe blanco” ni siquiera seatrevieron a aplicarle la sanción complementaria de inhabilidad para ejercer y postular a cargos públicos en el futuro. Luego, se convirtió en jefe de estado al vicepresidente Michel Temer, compañero de Dilma en el voto y corresponsable de toda la gestión de ésta, irregularidad necesaria para ampliar la coalición política que la destituyó. Los efectos de esta decisión han sido los que se podía prever. La gestión de Temer carece de toda legitimidad y su índice actual de apoyo asciende solo al 3% de los ciudadanos, sin duda el más bajo en el mundo, mientras el rechazo supera largamente el 80%. Simultáneamente, como resultado inevitable en este cuadro los otros dos poderes del estado se han visto afectados por esta situación. El Parlamento que tiene más de 90 diputados y más de 20 senadores acusados o juzgados por corrupción, cuenta con un apoyo tan bajo como el del presidente. Y el poder judicial inevitablemente se ha visto envuelto en el clima de disputa política y polarización que ha acabado influyendo en varias de sus resoluciones.

3.      El telón de fondo, y en alguna medida la causa de esta situación, es una crisis estructural que ha afectado al régimen político brasileño desde la aprobación de la constitución política de 1988, al final de una dictadura militar que duró 21 años. En esta constitución se favoreció una estructura múltiple departidos políticos y se estableció un sistema de configuración territorial delos distritos electorales que fragmentaba el poder y hacía casi imposible a las mayores fuerzas políticas disponer de un respaldo suficiente en el congreso.Un buen ejemplo es lo ocurrido en la segunda administración de Lula, elegido por un amplio margen, en que el PT dispuso sólo de 70 asientos en una cámara de diputados formada por 507 miembros. La consecuencia de esto, fue que desde el primer gobierno democrático de José Sarney todos los partidos que llegan al poder están obligados a constituir coaliciones de múltiples partidos, muchos de ellos pequeños, para formar una mayoría que les permita gobernar. Esto obliga a los Jefes de Estado a repartir las posiciones en el gabinete ministerial y la administración pública, espacios que son usados por estas fuerzas políticas dar trabajo a sus militantes, pagar favores políticos eir ejerciendo diversas modalidades de cohecho y corrupción. Obvio es decir que los gobiernos más estables, como los de los presidentes Fernando Henrique Cardoso y el de Lula no han podido reunir los votos necesarios para modificar esta situación cuyos efectos se han agravado cada día más y han acabado por afectar a todos los partidos del espectro político brasileño.

4.      Naturalmente, nosotros respaldamos desde hace bastante tiempo la indispensable reforma política que la democracia necesita en Brasil para enraizarse y fortalecerse. Expresamente hemos apoyado las investigaciones judiciales sobre corrupción de cuya magnitud y gravedad han mostrado evidencias los casos de Petrobras y de las grandes empresas constructoras Odebrecht y OAS.

5.       Un último tópico general es el reparo que se nos ha hecho por dirigirnos en forma especial al poder judicial de Brasil. Aquí la impugnación excede todo lo imaginable. Especialmente en el tiempo de la globalización, el examen de la situación internacional incluye frente a cada país la actuación de todos los actores públicos y privados. Esto debe hacerse, por supuesto, dentro del ejercicio de la libertad de expresión y no puede incluir propuestas de empleo de medios materiales y, menos aún, del uso de la fuerza o de una intervención militar.

6.      Y esto es algo que hacen todos los días todos los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil respecto de todos los países sin que se conozcan impugnaciones de ninguna clase. ¿Alguien ha condenado, por ejemplo, la actuación del gobierno o de partidos políticos chilenos que piden cambios o nuevas elecciones en situaciones como las de Venezuela o Nicaragua? ¿O las que plantean críticas y piden ajustes a las conductas de gobiernos como los de Rusia, Irak e Israel? Hoy, sin la extensión de la libertad de expresión y petición en las situaciones internacionales es difícil concebir el funcionamiento del orden mundial. Por lo mismo, nunca hay nada reprobable en una presentación hecha guardando las formas y a través del conducto regular apropiado de los medios de comunicación como ha sido en este caso.

7.      Pensamos que, con los antecedentes expuestos, estamos en mejores condiciones para entrara examinar la petición concreta que hemos hecho en el proceso judicial queafecta al presidente Lula. Se trata a nuestro juicio de una situación especial yen torno a ella  expresamos convicción en cuanto a la necesidad de un cambio de la postura del poder judicial brasileño.

8.      Esta situación  es particular por varias razones:

·         Lula fue uno de los grandes organizadores del proceso social y electoralque puso término a la prolongada dictadura brasileña,la primera de su género – dictadura de Seguridad Nacional- en el continente. Su importante aporte se hizo por medioslegítimos y pacíficos, en un contexto de fortalecimiento de la organizaciónsindical del país.
·         Lula ayudó a afianzar la democracia política brasileña compitiendo en tres ocasiones por el poder y reconociendo en forma inmediata a quienes lo aventajaron.En un cuarto intento gano el gobierno y fue reelegido por un margen mucho más amplio para un segundo mandato.Pero al término del cual no buscó ni reformas constitucionales ni enmiendas legales que le permitieran seguir ejerciendo el poder
·         El Presidente Lula fue una figura internacional fundamental en el sistemainternacional durante su mandato y, en particular, favoreció la cooperación eintegración entre los países latinoamericanos,  no teniendo nunca unconflicto importante con ningún gobierno del área.
·         El balance de su gestión muestra, además, los mayores resultados en avancessociales logrados en el continente en el reciente ciclo de gobiernosdemocráticos: 40 millones de personas salidas de la pobreza; losimpresionantes programas “Hambre Cero” y “ Bolsa Familia”,una políticadestinada a preservar la biodiversidad en la cuenca del Amazonas, comoun espacio decisivo a nivel planetario, y un sostenidoesfuerzo para diversificar y democratizar la formulación de las políticaspúblicas, tanto a nivel territorial como de las organizaciones más activasde la sociedad civil.
·         Lula mantiene precisamente por estos logros -y a pesar de la crisis que ha afectado a casi todos los dirigentes políticos de su país-un importante grado de apoyo en la ciudadanía brasileña al punto que en relación a la elección presidencial de octubre próximo, en los estudios más serios de opinión, más que dobla en apoyo al segundo postulante.

La situación que lo afecta,se traduce hoy en una condena de más de 11 años de presidio que él, con estoicismo democrático está cumpliendo, exige en nuestra opinión, un manejo especialmente fino y atento a su situación por no tratarse de un caso corriente sino del que probablemente sea el principal protagonista de la política institucional brasileña. Por cierto, no estamos propiciando que los méritos y los reconocimientos de Lula lo pongan por encima de las obligaciones y responsabilidades que obligan a todos los ciudadanos a responder por delitos y faltas en materia de corrupción. Lo que sostenemos es algo distinto y es qué hay que ejercer las responsabilidad es que puedan afectarlo de un modo especialmente transparente y nítido que evite cualquier sospecha de parcialidad o sesgo político en su juzgamiento. Y es aquí donde luego de haber estudiado cuidadosamente el proceso que lo ha afectado, tenemos dudas que consideramos respetables y legítimas de manifestar.

9.      Como una posición general somos partidarios de la mayor amplitud y eficacia en los esfuerzos para castigar la corrupción en cualquier país. Pero nos parece indispensable hacerlo sin transferir la decisión del fallo condenatorio ni a los medios de comunicación adversos a ciertos líderes, ni a una acción que se empeñe con medios excesivos, en el avance de los procesos judiciales en contra de los inculpados. En un estado de derecho una persona es inocente hasta que se demuestre en un juicio imparcial lo contrario, y en esa perspectiva, así como rechazamos a los defensores de la impunidad que siempre emplean los mismos recursos para evadir la acción de la justicia, no nos gustan tampoco aquellos “justicieros” que nunca se sabe si por razones fundamentalistas o de un inconfesable cálculo político, se proponen afectar a determinados dirigentes. Vimos algo de eso en el proceso conocido como “Mani Puliti” en Italia durante los años 80 y 90 en que hubo jueces que sostuvieron la necesidad de filtrar y acordar con los medios de comunicación en forma temprana, parte delas investigaciones que estaban a su cargo en sumarios secretos, como una forma de aumentar la presión sobre algunas personas bajo investigación. En un sistema democrático siempre es necesario mantener la distinción entre un inculpado y un culpable. Esta última situación sólo se produce cuando existe la llamada “cosa juzgada”, esto es que la condena esté a firme y no exista ningún recurso pendiente en el caso.En los múltiples juicios por corrupción que se han seguido en Brasil-generalidad esta que nos parece valorable- hay dos cuestiones que se tienen que tener en cuenta:
·         Prácticamente en todas las otras situaciones en que ha habido trámites o recursos pendientes, y Lula tiene todavía dos, los enjuiciados no han sido detenidos. Y hablamos de decenas de acusados que continúan en libertad.
·         Resulta asombroso que teniendo Lula un solo cargo en que se lo afecta directamente, el caso del departamento triplex en la playa de Guarujá (lugar que se parece más a Cartagena que a Cachagua,  para decirlo con una imagen chilena) sus abogados establecieron en el curso del proceso que allí no había habido ni transferencia legal de dominio, ni tampoco ocupación material del inmueble.Y sin embargo, el juez Sergio Moro lo condenó a una pena de más de 9 años de cárcel que, en segunda instancia, fueron aumentados a 11. ¿Alguien conoce en el mundo algún juicio de corrupción con sentencias de cárcel efectiva con esa extensión  ante la imputación de un delito de “corrupción pasiva” como lo califica la sentencia? En términos de nuestra experiencia chilena, los que hablan de un doble estándar de los defensores de Lula¿han reclamado por los acuerdos que han permitido queen delitos de cohecho y corrupción, judicialmente comprobados, luego de establecer que los imputados eran culpables, se hayan reemplazado las condenas de prisión efectiva por multas que, pareciendo bastante altas, son siempre muy inferiores a las ventajas que obtuvieron los responsables de estos delitos?
·         Cómo creemos haber demostrado en este recuento el problema del doble estándar no es de los autores del texto que pide un examen más riguroso y menos sesgado de la situación judicial y política del presidente Lula, sino dela de quienes en Chile y en otros lugares propician un trato implacable contra el principal dirigente político brasileño mientras despliegan toda clase de tretas y ardides para diluir la responsabilidad de situaciones efectivas de corrupción que les son cercanas.


10.  Como corolario de nuestra argumentación nos gustaría invocar argumentos sobre la equidad de este juzgamientos aparecidos en medios de comunicación escrita de gran influencia mundial y ajenos a toda sospecha de simpatía o aproximación política a Lula que confirman categóricamente nuestros dichos.

11.  El 23 de enero del 2018 The New York Times publicó en su página editorial un artículo de Marc Weisbrot director del Centro de Investigación Económicy de Políticas Públicas quien en víspera del fallo de segunda instancia sostuvo lo siguiente:“en los últimos dos años lo que pudo haber sido un avance histórico –el gobierno del Partido de los Trabajadores le otorgó autonomía al poder judicial para investigar y procesar la corrupción en el gobierno- se ha convertido en lo contrario. En consecuencia la democracia de Brasil ahora es más débil que en cualquier otro momento desde el fin del gobierno militar”.Y en relación al segundo fallo indicó “No parece que la corte vaya a ser imparcial. El juez que preside el panel de apelación alabó la sentencia en contra de Lula da Silva por corrupción y la calificó de ‘técnicamente irreprochable’. La jefa de personal del juez publicó en su página de Facebook una petición para que se encarcele al expresidente”.En conclusión Weisbrot sostiene “la evidencia contra Lula da Silva está muy por debajo de estándares que se tomarían en serio, por ejemplo, en el sistema judicial estadounidense”

En la misma línea, la revista británica The Economist en su edición del 20 de julio ha publicado un reportaje en que sostiene que existe el riesgo de que los brasileños consideren ilegítima la elección si Lula no puede participar,agregando “el caos en los tribunales refuerza las preocupaciones de que el poder judicial se ha convertido apenas en un foro de la política partidaria”,comentando también que “en un país donde el Supremo Tribunal Judicial examina 87.000 casos cada año, apenas puede juzgar procesos criminales contra las autoridades, permitiendo que muchos acusados de corrupción circulen libremente, la sentencia de 12 años de prisión contra Lula parece excesivamente dura”.

Por todo lo anterior en lugar de dejarnos apabullar por la concertada campaña para trató de quitar peso a nuestra solicitud anunciamos una segunda lista de adherentes, de un arco político igualmente plural y amplio y con trayectorias nacionales de gran reconocimiento en cuanto a las relaciones de Chile en Brasil y de nuestra política hacia América Latina que entregaremos en los días próximos. Igualmente queremos informarles que el impacto de nuestro planteamiento ha sido considerable y que hemos sido contactados desde varios países latinoamericanos para realizar una presentación del mismo tipo de la nuestra ante las autoridades públicas de Brasil, un país que conocemos y queremos, y cuya aguda crisis política quisiéramos ayudar a superar en la medida limitada de nuestros recursos.

23 de Julio, 2018


martes, 17 de julio de 2018

NICARAGUA: TENGO LA CERTEZA DE QUE DERROTAREMOS ESTA DICTADURA.


NICARAGUA  “TENGO LA CERTEZA DE QUE DERROTAREMOS ESTA DICTADURA”

Julio López Campos. [1] Managua, Nicaragua. Julio 2018.

A Daniel yo lo conocí desde joven. Yo era el presidente del centro estudiantil del Instituto Ramírez Goyena y él era el dirigente del colegio Maestro Gabriel. Entre otras cosas teníamos que ponernos de acuerdo para organizar la conmemoración anual del asesinato de los universitarios de León por la Guardia somocista, la masacre estudiantil del 23 de julio de 1959.

La Guardia mató aquel día a cuatro estudiantes. A cuatro.  Luchábamos entonces contra un dictador que había matado a cuatro jóvenes…Y ese mismo Daniel es hoy el responsable del asesinato de decenas de estudiantes y ese mismo Daniel es ahora el dictador… Me cuesta entenderlo…

Antes del 18 de abril a los analistas políticos nos costaba convencer a la gente de que este gobierno era una dictadura.  Y nos costaba porque la gente tenía en su memoria que una dictadura es la que te mata, la que te echa preso, la que bombardea las ciudades. Teníamos que explicarle a la gente que eso sólo sucede al final, cuando la dictadura ve en peligro su poder.  Y les recordábamos que en los primeros once años de la dictadura, entre 1937 y 1948, Somoza mató a un solo estudiante, a Uriel Sotomayor.

Yo nunca había visto en Nicaragua una situación tan complicada como la que estamos viviendo hoy ante esta dictadura. Nunca. Y nunca había visto a mi país en un nivel de incertidumbre tan grande sobre su presente y sobre su futuro. Tampoco nunca había visto a Nicaragua sometida a una violencia tan criminal como la que Daniel nos está imponiendo.  Esa criminalidad nunca había ocurrido, ni siquiera bajo la dictadura somocista. Tampoco nunca se me habría ocurrido a mí pensar que un gobierno con raíces en el sandinismo fuese capaz de mandar a matar a la gente desarmada como hoy lo hacen. Por tan solo protestar.

De confrontaciones sabemos, de conflictos sabemos, de muerte sabemos, pero mandar a matar a la gente tan cobardemente y de maneras tan monstruosas, eso es inaceptable para quienes nos reclamamos del sandinismo. Es tan brutal la actual represión que ya nada tiene que ver ni con izquierda ni con derecha ni con centro, y nos coloca ante un desafío esencialmente ético, moral, que no podemos evadir y que debemos de enfrentar con la voluntad de hacer lo que haya que hacer para resistir y derrotar esta política del terror.

Estos crímenes no tienen justificación ni perdón.  En días de junio como hoy hace 39 años estábamos en las barricadas de la lucha contra Somoza en la ofensiva final del 79. En junio entramos a los barrios orientales de Managua.  El plan era combatir con la Guardia por sólo tres días, tiempo que estimábamos suficiente para darle oxígeno a los principales frentes de guerra, y estuvimos quince días y ya nos faltaba de todo.

No había comida y no teníamos lo que en aquella lucha era muy valioso: municiones. Sin embargo, pudimos resistir tanto tiempo porque la población estaba organizada y preparada para resistir.  La gente organizada fue el factor clave, el factor crucial.  Fue la participación popular organizada de la mayoría del pueblo la que hizo posible aquel esfuerzo. Fue la gente, no las armas.

Y cuando las barricadas ya estaban casi vacías y la gente desesperada, organizamos el repliegue de Managua hasta Masaya. Cuando lo decidimos lo asumimos como una derrota táctica necesaria. Poco después, el repliegue se convirtió en un éxito estratégico.

Les cuento esto para decirles que si en algunos momentos de este esfuerzo que hacemos hoy contra esta dictadura nos vemos a la defensiva, eso no quiere decir que estamos derrotados. Quiere decir que tenemos que ingeniárnosla para pasar a una contraofensiva y multiplicar las capacidades organizativas de la gente. En Nicaragua, hemos pasado muy pronto, repentinamente, a vernos confrontados ante un enorme desafío.

Antes del 18 de abril lo que había en Nicaragua eran pequeñas movilizaciones por distintos problemas, resistencia territorial contra la minería, defensa del agua...Costaba muchísimo organizar a la gente. Y cualquier cosa que hacíamos era reprimida. Garroteada.

Sólo hacía una tenaz resistencia el movimiento campesino que luchaba contra el canal. Antes de abril, el movimiento campesino ya se había insurreccionado, sosteniendo una lucha que durante estos últimos cuatro años nos contagió de esperanza. La resistencia no comenzó, no vino de donde pensábamos que podía venir. Vino de allá, de los campesinos, de la Nicaragua profunda, de gente que sintió amenazadas sus tierras y desafió al gobierno de Ortega.

Ellos fueron los primeros Autoconvocados porque fueron construyendo de manera autónoma una fuerza que empezó luchando por todas las afectaciones que miraban les provocaría la antipatriótica ley canalera y poco a poco las fueron trascendiendo, acercándose progresivamente a reivindicaciones más nacionales.  Ellos dieron el salto desde la defensa de sus tierras a la defensa de la soberanía.  El movimiento campesino es el antecedente de lo que hoy vivimos.

Nos dio liderazgos de alcance nacional como el de la dirigente campesina Francisca Ramírez.  De esa esperanza nos alimentamos todos estos años y esa fuerza está presente hoy en esta insurrección no armada. Y está intacta. Y lo que más me gusta de esa fuerza es que tienen poca confianza en nosotros, en los de Managua, en los políticos, en los partidos. Sin organización, sin el pueblo organizado no hay manera de que tengamos éxito.

Y en eso todavía tenemos mucho que hacer para ponernos a la altura del valor demostrado por los campesinos durante años y por nuestra heroica juventud en estos últimos tiempos. Para organizarnos mejor es importante que sepamos las fortalezas de quien tenemos enfrente, porque mirando los ángulos más complejos del desafío sabremos responder mejor. Si hablo primero de las fortalezas de Daniel lo hago para que eso nos anime a luchar con más determinación y con más organización.

Es para estar bien claros de las dificultades a superar y de los obstáculos a vencer.  La primera fortaleza que le veo al régimen actual es su experiencia política. Daniel Ortega tiene una experiencia política acumulada que no la tienen los que están sentados en la mesa del diálogo nacional a nombre la Alianza Cívica.  Cuando pensamos en la interlocución que tenemos ante este poder tenemos que reconocer que en la mesa del diálogo estamos en una situación de debilidad.

Ellos, una fuerza que acumula disciplina y mando único.  Y de este lado una alianza reciente, alianza creada por las circunstancias, en formación y sin sólidas correas de conexión con el pueblo. Otra fortaleza de Daniel es que él tiene de manera casi exclusiva el monopolio de la fuerza, el monopolio de las armas y el de la represión. Tiene de su lado, y ahora los tiene hasta el final, a la Policía Nacional. A la cúpula policial no le queda otra alternativa que ir con Daniel Ortega hasta el fin. Se han comprometido tanto con esta política de crímenes y de genocidio que no les queda otra alternativa. No veo por ahora posibilidades de fisuras grandes en ese cuerpo armado. Hay muchos policías que están desmoralizados porque sienten que no era para eso que entraron a la Policía.

A ésos los están reprimiendo, encarcelando y, por eso, otros tienen enormes dificultades para dar el paso y cruzarse a luchar al lado del pueblo.  Si la insurrección cívica se consolida, si todos los sectores sociales muestran más decisión, seguro que habrá mayor resquebrajamiento de la base del cuerpo policial.  Desde el punto de vista del uso de la fuerza, Daniel tiene hoy otra fortaleza importante.  Le han permitido la creación de un ejército irregular para imponer el terror a la población en todo el país.  La creación de esa fuerza irregular nos muestra la extrema gravedad en la que está Nicaragua.  Es absolutamente inaceptable, y en ningún país del mundo lo permitirían, la creación de un ejército irregular para matar y reprimir a la gente.  Aunque vale muy poco para este régimen, la Constitución de Nicaragua establece que sólo puede haber en el país dos cuerpos armados, el Ejército y la Policía.

Y en este mes estamos viendo todos los días a un ejército de encapuchados que sale a las calles con armas de guerra y amenaza, mata, encarcela, destruye… Estamos viviendo un estado de sitio de facto y a toda hora. No hay garantías para nada, ni derechos para nadie.

¿A dónde vamos a ir a reclamar si esos encapuchados te detienen, te registran, te roban? ¿Quién nos va a defender si esa gente mata a tu hermano, a tu vecino? ¿Quién nos dirá por qué quemaron la casa, por qué mataron al niño? ¿A quién reclamarle nada?

Y en los barrios en donde ha habido protestas la situación es de terror.  Imaginemos en una callecita de esos barrios a doscientos de estos matones pateando las puertas, disparando al aire, capturando, matando…Eso nunca, nunca, nunca había ocurrido en este país.  Y esa política de terror está en manos de Daniel, que ha construido ese ejército irregular y ha logrado imponérnoslo a toda la sociedad, imponérselo a la Policía.  ¡Y se lo impuso al Ejército!

No hay ninguna justificación para que el Estado Mayor del Ejército vea circular en Managua y en otras ciudades esas caravanas de asesinos encapuchados con armas de guerra y no haga nada.  Eso es absolutamente inaceptable.  Hasta ahora no hay nada que pueda detener esta estrategia de terror.  Hasta ahora una de las fortalezas que tiene Daniel es ésa: que el Ejército no le ha puesto ningún freno. Ninguno.  Lo ha dejado hacer.

Y sabemos lo complejo que es armar en unos días un ejército irregular y conseguir que funcione en todo el país. Eso no se logra así nomás.  Me atrevo a decir que si nosotros los nicaragüenses no logramos parar a ese ejército irregular que ha construido Daniel, que actúa como sicariato, un ejército en el que participan narcotraficantes, pandilleros, ex-miembros del Ejército y de la Policía, criminales sacados de la cárcel, todos ellos ejerciendo una violencia sin control, estaremos todos los ciudadanos nicaragüenses condenados a sufrir los peores avasallamientos de nuestra historia.

Recuerdo una ocasión a comienzos de los años 90, cuando Daniel ordenó una determinada acción… Al día siguiente de que esa acción se realizara, yo le pregunté: ¿Y por qué escogió a Fulanito de Tal para hacer eso? Y me dijo: “Es que para hacer determinadas acciones es necesario estar loco y sólo él podía hacer eso que le pedimos hacer”.

Yo no tengo la menor duda de que quienes están al mando de ese ejército irregular son locos con mentalidad criminal, gente que disfruta con esa política criminal y que absolutamente nada tienen que ver con el sandinismo.  Al Daniel Ortega que hoy vemos, el que ha cruzado todas las rayas de la decencia humana, no es posible entenderlo sin tener en cuenta su pacto con los liberales, el maridaje de once años con el sector privado.  Con los ricos de este país.

Tampoco podríamos entender esas fuerzas irregulares que él está usando para aterrorizarnos, para castigarnos, si olvidamos algunas experiencias de los años 80, de los años 90, incluso algunas de antes del triunfo de la Revolución.  _Nosotros somos responsables de ese Daniel Ortega, el Frente Sandinista lo es, la Revolución lo es._

Pero es injusto que se diga que esto que vemos hoy es el Sandinismo, porque Daniel Ortega es una deformación del sandinismo.  No sería nunca lo que hoy es sin el pacto con Arnoldo Alemán, sin el respaldo de los banqueros, sin los gringos, que bendijeron el pacto, sin todos los que no quisieron mirar la corrupción.  El fenómeno de Daniel Ortega no se entiende sin la historia de caudillismo, de prebendarismo, de patrimonialismo, que ha prevalecido en nuestra cultura política.

Y por eso el desafío no es nada más quitarlo a él, sino transformar Nicaragua para que no se vuelvan a repetir estas cosas, para que nadie como Daniel Ortega tenga la oportunidad de reaparecer.  Además de tener el monopolio de la fuerza y de la represión, Daniel Ortega tiene dinero para financiar esta política de muerte y terror. Recursos no le faltan y si le hacen falta puede mandar a retirar dinero del Banco Central, como ya lo ha hecho, para cubrir los gastos.  Porque armar algo así cuesta.  Esa ventaja tiene también, la financiera, así como nosotros tenemos la desventaja de no tener recursos para organizar mejor una política de resistencia desde los sectores populares.  Otra fortaleza que tiene él es que tiene buenos argumentos de negociación ante la presión de los Estados Unidos.

Imaginémonos el diálogo de Daniel Ortega con representantes del gobierno norteamericano, sabiendo que Daniel conoce muy bien la agenda de los gringos…Él les hablaría así: “Si yo me voy, ¿qué va a pasar con el vacío de poder que quedará en Nicaragua? ¿Quién les garantiza a ustedes que aquí va a haber estabilidad? ¿Ustedes creen que ese muchacho, Juan Sebastián Chamorro, va a garantizar estabilidad aquí? ¿O que el viejito Tünnermann se las va a garantizar? Y ustedes saben que la estabilidad de Nicaragua no sólo nos interesa a nosotros, ¡les interesa a ustedes! Porque si aquí se aumenta la crisis y se aumenta el caos se arma un desmadre migratorio que nadie va a poder parar. Y la capacidad de contaminación de una Nicaragua en caos sobre Honduras, sobre Guatemala, donde ya la situación es complicada, va a ser muy grande… Y ustedes saben muy bien que yo aquí he puesto un muro de contención a la migración. Los panameños y los costarricenses dejaron entrar a los cubanos, pero yo los paré a toditos en la frontera, de aquí no han pasado… Ustedes saben que en la lucha contra el narcotráfico hemos cooperado con ustedes en todo lo que ha sido posible… Claro que hay cosas que yo no puedo controlar porque no tenemos los medios, pero de manera general ustedes han reconocido lo que nosotros hemos hecho… Con el lavado de dinero igual, saben ustedes que cuando ha sido necesario ustedes han contado con todo nuestro apoyo, aunque nuestras instituciones financieras no tienen la capacidad para controlarlo todo, pero de manera general nosotros les hemos cumplido… Acuérdense que con el apoyo de ustedes hemos recibido el reconocimiento del BID, del Fondo Monetario y del Banco Mundial por nuestras políticas en favor de la estabilidad macroeconómica… Aquí permitimos que vengan sus tropas a hacer sus ejercicios y maniobras. Ustedes me recriminan que yo soy amigo de Cuba. Obviamente que lo soy, porque desde muy joven los cubanos me ayudaron, me refugiaron, nos dieron solidaridad, pero nosotros nada tenemos que ver con el modelo de Cuba. Somos amigos de Cuba pero hasta ahí nomás porque aquí tenemos una economía de mercado capitalista, pluralismo, elecciones…”

Y por ahí seguiría el diálogo.  Yo creo interpretar que los gringos son sensibles a ese discurso y lo que apoyan y les interesa ante esta crisis es el “aterrizaje suave”. Algo parecido deben sentir los empresarios del COSEP: les da pánico pensar que pueda crearse un vacío de poder, una crisis en la que no haya control, una situación de falta de “gobernanza”, como dicen ellos.

Saben los empresarios que durante once años Ortega les dio una total estabilidad y garantía para sus intereses.  Por tanto, el temor de Estados Unidos y el de la empresa privada, esa coincidencia, es una fortaleza más que Daniel tiene. Y es una debilidad nuestra no contar con un sector empresarial con suficiente coraje y actitud patriótica.  Yo entiendo a los empresarios. Ellos vienen de estar once años felices con Daniel Ortega, haciendo todo lo que querían en el terreno económico. Ellos decidieron decenas de leyes económicas.  La libre empresa tenía todas las facilidades del mundo. En el tema tributario, en los impuestos, Daniel fue más generoso con ellos que Trump con sus ricos.  Tenían también estabilidad, cero huelgas.  Todos los años crecía la economía un 4, un 4.5% y la tasa de ganancia de los bancos era de las más altas de Centroamérica.  Llegaba la inversión extranjera, tenían todo tipo de privilegios y ningún obstáculo de ninguna naturaleza para obtener más y más ganancias y repatriarlas.

En esas condiciones pasaron once años.  Imaginarse una Nicaragua distinta les causa incertidumbre, yo los entiendo. Y creo que tenemos que ganarnos a un sector del empresariado, llamarlos a superar el miedo. Los tenemos que convencer de apoyar la movilización popular. Porque creo que no volveremos a ese pasado del modelo que algunos llamaron de “populismo responsable”. No hay ninguna posibilidad.

Lo que no sabemos con claridad hoy es para dónde vamos.  Y los más grandes empresarios, los que realmente deciden, tampoco tienen claridad del futuro. En mi opinión, todavía no hemos sido capaces de ponernos totalmente de acuerdo para tener una voz más unívoca que tenga un mayor peso y se imponga sobre las incertidumbres del empresariado y ante las pretensiones de Daniel.

¿Y cuáles son las pretensiones de Daniel?

Si ustedes observan lo que está sucediendo en el país después de más de dos meses de resistencia, tenemos que tomar conciencia que, con esas fortalezas, Daniel Ortega viene poquito a poco, poquito a poco, tratando de reestructurar sus bases.  Al comienzo no podía hacer nada. La gente del Frente tenía que esconder su banderita y echársela a la bolsa para que no la identificaran. Ellos nada tenían que ver con los crímenes de Daniel, pero se sentían señalados. Eso es lo que reportaba toda la gente de los barrios.

Después, a lo primero a lo que le puso mente Daniel fue a crear ese ejército irregular y criminal. Y como él sabe perfectamente bien que los empresarios son unos grandes temerosos, ha organizado también de última hora la toma de tierras: ¡Vayan, tómense esa finca, invádanla!  Para que vean los empresarios lo que se están perdiendo dejándolo a él y apoyando al pueblo…Poquito a poco comienza Daniel a recomponer sus bases. Por eso, si nosotros no nos ponemos las pilas y le permitimos que recomponga sus fuerzas, no las que tenía antes de abril, porque ésas nunca las va a recuperar, pero si le permitimos que recupere algunas, tendremos que enfrentar una situación más complicada.

No debemos darle tiempo.  La solución debe ser ahora.  Nunca olvidemos que las grandes sublevaciones populares también pueden ser derrotadas.  Y finalmente, la otra fortaleza de Daniel Ortega es que en la mesa del diálogo él no está negociando.  Ahí sólo dialoga, pero no negocia.  Hasta ahora no ha habido una negociación real.  Daniel sigue ganando tiempo.

En ese diálogo él tiene un control estricto de lo que ahí pasa y cuenta con una disciplina total de la gente que ahí ha puesto.  Del lado suyo sí hay una verdadera coordinación, una voluntad única, propósitos bien definidos, mientras que del lado nuestro no hemos logrado todavía toda la voluntad de toda la gente para aquello de “todos contra la dictadura”.

No lo hemos logrado, porque se cruzan de por medio intereses pequeños y mezquinos de toda naturaleza, intereses privados. Veamos ahora algunas de nuestras fortalezas.  La primera y más importante, la que más me llama la atención en todo lo que estamos viviendo desde abril, es la voluntad ampliamente mayoritaria del pueblo de librar una lucha no violenta contra el más violento de los regímenes que hemos conocido en Nicaragua. Y en esa voluntad se encuentran, coinciden unánimemente, los pobladores de todo el país con el movimiento campesino y con la juventud universitaria. Es una gran fortaleza la capacidad de unir tantas voluntades.

Me sorprende la historia de nuestra gente.  Primero, hicieron una revolución armada. La primera revolución popular armada triunfante que hubo en nuestro continente fue la revolución sandinista.  Y ahora, cuarenta años después, nuestra gente está decidida a obtener una nueva victoria contra otra dictadura. Pero esta vez será una victoria sin armas.  Eso sólo lo hace un pueblo que tiene una capacidad maravillosa de encontrar sus propios caminos y de concertarlos de una manera absolutamente fantástica.

Lo he dicho a todo el que me lo ha preguntado: Tengo dificultades para entender cómo en Monimbó, por ejemplo, no ha aparecido una sola bomba de contacto, que es un instrumento más ofensivo.  Y no porque no hayan los elementos para hacerlas, y ellos las saben hacer y las saben usar.  Hasta ahora tampoco han aparecido fusiles.  Más asombroso todavía es que allá en el campo, donde la gente tiene su 38, su 22, sus escopetas, tampoco aparecen.  El pueblo nicaragüense está decidido a luchar y ha decidido hasta ahora que quiere obtener la victoria sin las armas.

Esa determinación requiere de mucha fortaleza. De una incalculable capacidad de sacrificio, que es la fuerza superior de los pueblos.  Creo que eso nos dice mucho del potencial de victoria que tiene este pueblo sobre esta pareja que nos ha impuesto hasta ahora su voluntad. No, no podrán contra este pueblo.

Otra fortaleza nuestra, que es debilidad para él, es que Daniel perdió a la gente.  Como me decía un campesino: lo que pasó es que la gente “se le volteó”.  Porque hasta abril mucha gente estaba con ellos. Pero con las masacres de abril, con los crímenes, con lo que comenzó todo esto, el 70% de apoyo se convirtió en 70% de rechazo.  Daniel ha perdido totalmente la opinión pública. Perdió las calles. Perdió la hegemonía sobre el pueblo y el control de las calles, lo que hace muy poco tiempo nos parecía totalmente imposible, porque si protestábamos en cualquier esquina ya sabíamos lo que nos iba a pasar.

Y de repente, imparable, ¡medio millón de gente en las calles pidiendo que se vayan!   Perdieron para siempre el respaldo del pueblo. Este pueblo tiene unas capacidades y unas fortalezas que desconciertan.  He estado conversando con personas que tienen relación con los muchachos que están atrincherados en Managua en la UNAN (Universidad Nacional Autónoma). No quieren salir, no quieren entregar sus barricadas, están totalmente decididos a que, les pase lo que les pase, irán hasta el final. 

Veamos también la gente que está en los tranques. Defender un tranque armado en una carretera es una cosa, pero defender un tranque desarmado contra gente que pretende asesinarte es otra. Para hacerlo, para mantenerse en ese tranque, en esas trincheras, se necesita tener una voluntad férrea difícil de explicar.  Y eso me hace pensar que hay en nuestro pueblo una fortaleza que nosotros intelectualmente no hemos logrado interpretar.

Viendo esas fortalezas del pueblo pienso que triunfaremos incluso sobre todas esas otras fortalezas que veo en Daniel, y pienso que será un triunfo sin hacer uso de otras modalidades que las de la lucha no violenta, que es el gran desafío que el pueblo se ha auto impuesto.  Un pueblo que es capaz de hacer todo lo que hoy está haciendo nuestra gente para resistir sin armas a esta dictadura es un pueblo que definitivamente va a terminar derrotando a este régimen.

Ortega ya no tiene posibilidad de regresar atrás. Él está totalmente derrotado.  El asunto es negociar correctamente su rendición, porque si no lo hacemos correctamente, el costo puede ser terriblemente elevado. Y también hay que decirlo con toda honestidad: si conocemos a nuestro pueblo, el riesgo potencial de un desliz hacia una guerra civil es uno de los peligros permanentes que tenemos y que debemos evitar a toda costa.

Veamos ahora fortalezas y debilidades en el plano internacional, un terreno en el que trabajé por mucho tiempo.  Hay que decir que durante todos estos once años el régimen de Daniel Ortega logró encubrirse muy bien. Nadie podía imaginar que en Nicaragua teníamos un régimen autoritario y corrupto, mucho menos que se estaba gestando un régimen criminal.

Durante más de una década hubo ignorancia total de lo que aquí ocurría y quienes más lo ignoraban eran los amigos de la izquierda. Encuestas internacionales afirmaban que Nicaragua era uno de los países más felices del planeta y que el gobierno nicaragüense tenía el más amplio respaldo. Y muchísima gente afuera, amiga de Nicaragua, amiga del sandinismo, amiga de la Revolución, se alegraba de lo bien que iban las cosas en Nicaragua.

Hoy, a la hora de enfrentarnos a esta nueva realidad, hay muchísima gente fuera que no cree lo que está pasando en Nicaragua. La verdad es que a nosotros también nos cuesta.  Alguna gente no cree, aferrada a la nostalgia de lo que fue para ellos aquella Revolución, incluida entre esa gente el secretario general de la OEA…

Para explicar lo que estamos viviendo tenemos nosotros una debilidad: el éxito con que este régimen navegó durante años con “vela de pendejo”: nadie lo volvía a ver, nadie se preocupaba por lo que pasaba aquí… Yo lo observo en las comunicaciones con la gente que nos quiere, que quiere a Nicaragua, que estima este país. Cuesta un mundo persuadirlos de que este gobierno es una banda de asesinos.  No resulta fácil para mucha gente entender, y entenderlo de repente, que éste es un régimen corrupto, criminal.  Entenderlo, apoyarnos, denunciarlo, no es fácil porque apenas están tomando conciencia en este momento.

Por eso, no es cierto que ya tengamos a todo el mundo contra estos criminales. No podemos decir que hemos logrado realmente atraer todas las fuerzas internacionales que necesitamos, aunque ya hemos logrado atraer bastantes y eso es ya una fortaleza. Pero para alinear a los astros internacionales en la dirección correcta debemos hacer muchos más esfuerzos.

¿Qué puede presionar a Daniel Ortega?

Por su experiencia, lo que él respeta únicamente es la correlación de fuerzas. Y no la que se puede expresar en una mesa de diálogo y de negociación. Él sólo es capaz de respetar la fuerza de las masas en movilización. A él le tiene sin cuidado que cuatro o cinco señores le digan “Te tenés que ir”.  Por eso, si nosotros no somos capaces de rearticular las correlaciones de fuerzas que se demostraron en las jornadas de abril y mayo, difícilmente él va a negociar.

Lo que necesitamos es más movilización en las calles, más tranques, mas barricadas, mas organización barrial, comunitaria, un paro indefinido… Más acumulación de fuerzas para quebrar la política del terror que él nos ha impuesto.  Si no logramos ponerle una contraofensiva que le ponga un alto, que revierta esa correlación aparentemente desfavorable para nosotros, basada en el terror, la situación se nos va a volver más complicada.

No olvidemos, lo repito, que grandes sublevaciones de la historia han sido también derrotadas.  Desde los primeros momentos de abril el pueblo dijo con gran sabiduría las dos cosas que había que hacer: ¡Que se pare la represión y que se vaya este cabrón! Lo dijo así de sencillo, con gran sabiduría.
El pueblo lo olfateó desde el comienzo y de manera unánime: Que se vayan ya y que se pare esto. El resto de problemas lo podemos arreglar después.

Eso, del lado nuestro. Del otro lado, tengamos en cuenta que Daniel Ortega cree que él puede revertir la situación en la que lo hemos colocado. Él así lo cree. Y lo que para mí es más increíble es el énfasis criminal de las opciones que ha tomado para revertirla.  Estamos acostumbrados a confrontaciones y a luchas de todo tipo, pero este nivel de criminalidad supera las cosas más terribles que hemos conocido en nuestra historia.

Él va a agotar todos los medios del terror para ver si puede revertir la situación y negociar en condiciones más favorables.  Veo esa intencionalidad en la política terrorista que ha desatado. 
Por eso creo que lo primero que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo para parar, para detener esa fuerza represiva, y no sólo por razones éticas, humanitarias, sino para modificar la correlación de fuerzas.  Eso es crucial.  El óptimo que debemos alcanzar es el “todos contra la dictadura”. Es urgentísimo crear una gran unidad que nos lleve a fortalecer las luchas abajo.

Para sentarse a negociar arriba no se necesitan grandes masas, pero para cambiar correlaciones de fuerzas y alcanzar cambios profundos que requiere el país sí las necesitamos y las necesitamos luchando, movilizándose, cada vez más organizadas.  Y para concluir, quiero decirles que tengo la seguridad de que Ortega está terminado. Tengo la certeza de que es imposible que nos arrebaten la victoria.

Lo que sueño es que nos resulte menos costoso.   Tengo la seguridad de que nunca más podrá haber orteguismo en Nicaragua y veo muy precarias las posibilidades de que pueda haber un Frente Sandinista Orteguista en el futuro, aunque sí quiero pensar que los nicaragüenses seremos capaces de recuperar lo mejor de nuestra herencia, a Carlos Fonseca, y a la cabeza de ese legado estará Sandino, con todos los valores de aquel hombre que luchaba por la justicia y que merecía “no sólo ser oído sino creído” porque no reclamaba para él “ni un palmo de tierra para su sepultura”




[1] Julio López Campos, histórico dirigente del FSLN reclutado por Carlos Fonseca y amigo de Daniel Ortega por 30 años, analiza la crisis humanitaria y política que vice Nicaragua.