TELETÓN: DISCAPACITADOS OBJETOS DE BENEFICENCIA O SUJETOS DE DERECHOS

TELETÓN: DISCAPACITADOS OBJETO DE BENEFICENCIA O SUJETOS DE DERECHOS

Nuevamente, como pasa todos los fines años desde 1978, hace 40 años, nos vemos enfrentados a un singular acontecimiento psicosocial como es la Teletón.

No se trata de caer en el facilismo de criticar a esta obra  benéfica, negando toda su labor. Los fines prácticos se cumplen con creces: recibir cuantiosas donaciones para desarrollar una gestión filántropa que es sin duda eficiente, el rehabilitar niños y adultos con diversas discapacidades.

Desde mi punto de vista, la crítica es hacia la forma en que se consiguen esos fines y cómo se aborda el sentido de la discapacidad.

En primer lugar, la inmensa campaña publicitaria ligada a las empresas más grandes de nuestro país, que ofertan sus productos vinculados a esta “acción de amor”, es desde ya cuestionable, porque si bien es cierto que esos fondos efectivamente llegan a la Teletón, el acto filantrópico o de Responsabilidad Social, no es tan puro, ya que esas empresas  descuentan de impuestos esas donaciones, por lo que, sumando y restando,  las empresas no pierden, no sufren ninguna merma de su patrimonio, lo recuperan todo, además de obtener pingües ganancias con el aumento en las ventas de aquellos productos vinculados a la campaña.

En segundo lugar, la sociedad chilena entra en un estado de solidaridad compulsiva, en el cual los medios de comunicación incentivan el afloramiento de los sentimientos más nobles del ser humano- pero también los más básicos – la compasión por el otro, por el que sufre, la piedad por el desvalido,  – aunque el resto del año seamos unos insensibles, en las “27 horas de amor” cumplimos con nuestra cuota de humanidad. Pero la  gente más pobre, nuestra clase media, que es acosada por la publicidad para que colabore, so pena de ser catalogada de inhumana, es la que realmente se mete la mano al escuálido bolsillo, y dona parte de su sueldo, pero no recupera nada, simplemente la satisfacción de dar, pero impelida por un ambiente psicológico de exacerbación de la caridad.

En tercer lugar, la Teletón aparece como el prototipo de la beneficencia y asistencialismo más clásico, que contribuye  a perpetuar la lástima pública y las actitudes conmiserativas. Los niños beneficiados son simplemente objetos de la caridad pública, de la beneficencia, de la benevolencia de los demás, son seres diferentes, a quienes se les soluciona un problema individualmente. Bajo ningún concepto, la Teletón se pone en la perspectiva que sus beneficiarios, son “sujetos de derechos”.  No está en su catálogo de preocupaciones el que las personas con discapacidad son ciudadanos activos,  no enfermos  incapaces de tomar decisiones de forma autónoma, o de tener un desarrollo en forma independiente, y que son idóneos para aportar al  bienestar común  de la sociedad.

La Teletón administra el individualismo, la pasividad de la piedad, no se preocupa por incentivar la organización social de las personas con discapacidad ni de sus familias, por lo tanto no los empodera para exigir que se les reconozcan sus derechos inalienables. La Teletón hace caso omiso, de que existe una “Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 13 de Diciembre de 2006, que dice en su preámbulo, “…El propósito de la presente Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente”.

La Teletón, desde su óptica benéfica, cumple con sus propósitos. Pero los resultados del  Censo 2012, en materia de discapacidad, revelan que en Chile la población con una o más discapacidades es de 2.119.316 personas, lo que equivale al 12,7% del total de habitantes del país. El problema está en que la fórmula Teletón no es la solución todo ese universo de discapacitados – ni tiene por qué serlo -.  Por su parte el  Estado chileno, en la práctica,  no se hace cargo de su deber de garantizar los derechos de las personas con discapacidad, a pesar que en el año  2008 ratificó la Convención Internacional y su protocolo facultativo, y posteriormente, en el año 2010 el Gobierno promulga la Ley N° 20.422 que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad.

Las políticas públicas siguen siendo son limitadas e insuficientes y continúan teniendo un sesgo asistencialista y paternalista, de manera que la respuesta es insuficiente, al no reconocer debidamente a las personas con discapacidad como ciudadanos sujetos y empoderados de sus derechos.

La sociedad civil, las organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, los partidos políticos, deben asumir esta realidad, promover un dialogo amplio, sincero, sin descalificar las diversas opciones, pero poniendo como eje fundamental una mirada de derechos y no solo una visión de beneficencia o de caridad individual.

Ronald Wilson

ARAUCO INDÓMITO, UNA GUERRA INCONCLUSA

ARAUCO INDÓMITO: UNA GUERRA INCONCLUSA

…la gente que produce es tan granada,
tan soberbia, gallarda y belicosa,
que no ha sido por rey jamás regida
ni a estranjero dominio sometida...

(La Araucana. Alonso de Ercilla)

Las decenas de víctimas mapuches en las últimas dos décadas no son solo la suma de enfrentamientos violentos entre las comunidades mapuches y las fuerzas de orden.

Estos enfrentamientos con los comuneros mapuches son episodios reeditados  de la Pacificación de la Araucanía, en la cual está empeñado el Estado de Chile desde mediados del siglo XIX, o quizás son rebrotes de una Guerra de Arauco, nunca finalizada.

La política del Estado chileno que fue irónicamente denominada “Pacificación de la Araucanía”, tenía como objetivo incorporar a la plena soberanía del Estado los territorios comprendidos entre los ríos Bio Bío, por el norte y Toltén por el sur. Tierras ancestrales habitadas por los pueblos picunches, huilliches, cuncos, pehuenches y mapuches. Desde la Conquista hasta obtenida la Independencia e instaurada la República, el pueblo mapuche nunca pudo ser vencido ni doblegado. Los territorios tras la Frontera sur del río Bio Bío, lo que hoy en integra parte de la Región de Bio Bío y la Araucanía, quedaron en una situación de statu quo, dando por hecho que pertenecían a Chile, pero sin una presencia efectiva del Estado, en el cual los pueblos originarios siguieron desarrollando su vida tradicional en relativa convivencia con las autoridades nacionales.

Es a partir de un hecho casi anecdótico de nuestra historia, como es la aparición en la zona de un personaje novelesco como es Orelie Antoine de Tounens, quien se proclama Rey de la Araucanía, en 1861, que hizo caer en cuenta al Gobierno de la época que era necesario adoptar una decisión estratégica de anexión de la Araucanía. A pesar que la aventura de Orelie Antoine I, no tuvo ninguna consecuencia política, las autoridades deciden aplicar un plan de ocupación territorial de los territorios mapuches, propuesto por el General Cornelio Saavedra.  Fue el plan de “Pacificación de la Araucanía”.

Según la historia oficial, este plan incluyó acciones militares de ocupación de los territorios, además de una supuesta penetración pacífica mediante el traspaso de los avances de la “civilización” a dichas tierras mediante la fundación de ciudades, construcción de caminos, incorporación del  telégrafo,  y un plan de educación y salud con la creación de escuelas y hospitales.

En una primera etapa el General Cornelio Saavedra ocupa hasta el río Malleco y funda Angol, Mulchén y Lebu en 1862. Por la costa avanza hasta el río Toltén. Durante la Guerra del Pacífico el Ejército se concentró en las campañas del norte, situación que es aprovechada por los mapuches para lanzar una contraofensiva en 1880 que significó reconquistar parte de los territorios ocupados. Una vez terminada la Guerra del Pacifico y desmovilizado el Ejército, el Gobierno ordena retomar en forma definitiva la segunda etapa de la Pacificación de la Araucanía.

Es esta campaña se construyen o reconstruyen otras ciudades como Villarrica, Carahue, Temuco e Imperial.

En los hechos, la Pacificación de la Araucanía fue una ocupación brutal y violenta, una acción militar que a sangre, fuego y alcohol  pretendió doblegar a un pueblo jamás vencido. Esta nueva guerra contra el pueblo mapuche es  emprendida por gobiernos democráticos de una República independiente y pujante económicamente, se hace mediante los más modernos armamentos disponibles en la época, con un Ejército con toda la experiencia adquirida en la Guerra del Pacífico. El éxito militar estaba garantizado. Las estrategias de “persuasión” también obtuvieron renombrado éxito.

Sin embargo, la historia oficial omite que la Pacificación de la Araucanía fue un genocidio del pueblo mapuche, que usurpó sus tierras a nombre del Estado de Chile, y las entregó a título gratuito a diversos personajes ávidos de riqueza que se ofrecieron como colonos -chilenos o extranjeros-  para hacer patria incorporando de esa forma esas tierras salvajes a la civilización y al desarrollo capitalista que gozaba el resto de la República.

Al respecto, recuerdo que mi abuelo, el Reverendo William Wilson, Pastor Anglicano y médico, que llegó a Chol Chol a principios del siglo XX, convirtiéndose en un gran defensor de la causa mapuche, contaba cómo esos nuevos dueños de los latifundios construidos en base a las tierras comunales mapuches, encargaban a bandas de forajidos para que salieran a cazar indios, y por cada oreja cortada de un indio muerto pagaban para despejar la zona de esa plaga aborigen. Todo eso con la solícita protección del Ejército de Chile que imponía el orden y de esa manera aseguraba una pacífica incorporación de esos territorios al Estado de Chile.

La muerte de tantos comuneros mapuches en actos de violencia producidos en los últimos años, indican que la Pacificación de la Araucanía no ha terminado. Hoy los descendientes de esos colonos que usurparon las tierras ancestrales de los mapuches, se han convertido en grandes empresas forestales, destruyendo las tierras de cultivo y contaminando ríos y napas subterráneas, que son el corazón de la cosmovisión del pueblo mapuche, que vincula indisolublemente la vida humana con la sustentabilidad de la naturaleza. Cada día ese pueblo es acorralado, perseguido, ignorado, desconocido, como si nunca hubieran existido, o como si nunca hubieran pertenecido a esos territorios, como si fueran extraños o invasores venidos de otras latitudes.

Ese silencio de las autoridades y de la sociedad chilena, que solo ve la superficie de los hechos y condena la reciedumbre mapuche, los actos de resistencia como métodos inadecuados o terroristas,  no es capaz de comprender la profundidad de un drama histórico, la enajenación cultural de un pueblo con una historia bastante más antigua que nueva vida republicana.

Nuestros gobiernos democráticos en pleno siglo XXI son incapaces de asumir una responsabilidad histórica frente al pueblo mapuche y se limitan a respuestas burocráticas, como es la creación de la CONADI, la aplicación amañada del Convenio 169 de la OIT,  con  leyes que si bien representan avances,  con planes de variada índole que no enfrentan el problema de fondo, simplemente porque no va a la causa del conflicto,  que no es otro sino es  reconocer con coraje una verdad histórica, que Chile es un Estado Plurinacional.

El Estado de Chile debe hacer un gesto de nobleza, más allá de los reconocimientos constitucionales y de políticas de desarrollo, en beneficio a las distintas etnias. Debería nombrar una Comisión que rescate la verdad histórica respecto a la llamada Pacificación de la Araucanía y cómo los mapuches fueron expulsados de sus tierras. No estamos hablando  de hechos sucedidos hace trescientos años, son acontecimientos que aún se conservan en la memoria histórica de un pueblo. Se trata de reivindicar la dignidad y nobleza de un pueblo, de restaurar sus derechos, de reconocer su pertenencia a un territorio que es la base de su cultura y su cosmovisión, la tierra de sus ancestros.

Los jóvenes  y mujeres mapuches que resisten conocen de esos hechos luctuosos no porque los estudiaron en libros de historia, sino porque los escucharon de sus abuelas, y ellas de sus madres, cómo les quitaron sus tierras y los lanzaron  a la ignominia de ser extraños en su propio terruño.

Chile como país legalista puede perfectamente reconstruir esa historia, determinar cómo se produjo esa expropiación forzada, a qué comunidades pertenecía cada propiedad actual, no con un afán de revertir todo, ni de reconstruir un pasado, sino simplemente de reconocer que pasó y cómo pasó. Que el Estado de Chile pida perdón por esas acciones, y acuerde una real devolución de tierras, y si no es posible su restitución, se indemnice adecuadamente a las familias  o comunidades originariamente dueñas de esos territorios del Wallmapu.

Se trata que en un acto institucional se deje constancia de una verdad y partir de allí comenzar a trabajar mancomunadamente para finalizar con esa guerra no concluida, establecer la paz, restablecer la justicia y la dignidad de un pueblo mancillado.

Los últimos luctuosos acontecimientos que terminan con el ajusticiamiento de Camilo Catrillanca, y una vergonzosa suma de delitos y desacatos cometidos por Carabineros que actúa como fuerza de ocupación,   hacen urgente adoptar medidas efectivas. El Estado de Chile debe terminar definitivamente con la militarización de la Araucanía, eliminar la pretensión que con fuerzas represivas de alto impacto, como el Comando Jungla puede solucionar un problema histórico, como tampoco lo es posible con planes de buena vecindad,  por muy bien inspirados que estén.

Un conflicto con raíces profundas es necesario el repensarlo  con generosidad y audacia a través de soluciones reales, y no ficticias. Esas soluciones tienen nombre, territorios, soberanía, autonomía, reconocimiento político.

Ronald Wilson

(Texto publicado originalmente en 2015, reeditado en Noviembre de 2018)