LA LARGA CRISIS TERMINAL DEL
MODELO RENTISTA PETROLERO VENEZOLANO Y LA PROFUNDA CRISIS QUE ACTUALMENTE
ENFRENTA EL PAÍS. [i]
En este texto no voy a intentar
siquiera un somero balance del proceso bolivariano con sus muy importantes
logros nacionales y regionales y las numerosas contradicciones, errores y
limitaciones que han caracterizado a este intento de una radical transformación
anticapitalista. Me referiré fundamentalmente a la intensa crisis que
actualmente enfrenta el país.
Después de más de una década de
profundas transformaciones políticas y sociales, Venezuela está viviendo hoy su
crisis más grave desde las guerras civiles del siglo XIX. Los importantes
logros del proceso bolivariano están en peligro. La economía se derrumba, la
pobreza, la desnutrición y las tasas de mortalidad están aumentando. La polarización
política y la violencia podrían conducir a una guerra civil. Todo esto está
agravado por el creciente aislamiento internacional debido, entre otras cosas,
al giro a la derecha de los gobiernos de Brasil y Argentina, y acciones
imperialistas como el bloqueo financiero y las amenazas de intervención militar
realizadas por Donald Trump.
La crisis venezolana no es nueva.
El país ha estado experimentando una profunda crisis económica y política
estructural durante las últimas cuatro décadas. Es la crisis terminal del
modelo petrolero rentista, estatista y clientelar que ha caracterizado a la
sociedad venezolana desde hace muchas décadas. Sin embargo, este modelo
rentista extractivo tuvo un nuevo soplo de vida con el liderazgo carismático de
Chávez, la legitimidad proporcionada por la Constitución de 1999 y los altos
precios del petróleo de los primeros años de este siglo. Una vez más, parecía
que los precios del petróleo sólo podían ir hacia arriba. Los ingresos
procedentes del petróleo fueron vistos en el corto y mediano plazo, como la
fuente de los recursos necesarios para la transformación de la sociedad
venezolana. Durante los años del proceso bolivariano no se tomaron medidas
significativas de transformación de la estructura productiva del país. Por el
contrario, se profundizó el rentismo petrolero hasta que el petróleo alcanzó el
96% del valor total de las exportaciones. Hoy el país es más dependiente que
nunca en su historia de las importaciones, incluso de alimentos básicos y
suministros médicos.
Las políticas sociales que
mejoraron sustancialmente las condiciones de vida de los sectores populares y
las importantes iniciativas hacia otros países de América Latina, la
cooperación y la solidaridad llevada a cabo por el gobierno venezolano, fueron
posibles gracias a un extraordinario auge de la demanda y precio de los
commodities generado principalmente por la demanda china. En la medida en que
la renta petrolera se dirigió principalmente hacia los sectores excluidos de la
población, se produjeron significativas mejoras en sus condiciones de vida. La
pobreza y la desigualdad se redujeron notoriamente, el acceso a alimentos,
servicios de salud, educación y seguridad social mejoró en términos
cualitativos.
Políticamente se iniciaron
profundos cambios en la cultura política popular, se generalizó la organización
social de base y se produjeron extraordinarios niveles de participación social
y política. Venezuela desempeñó un papel central en el desplazamiento a la
izquierda que ocurrió en la mayor parte de América del Sur. Durante años, el
gobierno contó con elevados niveles de legitimidad y apoyo electoral.
Sin embargo, en 2013 y 2014, los
dos principales pilares que sostuvieron el proceso bolivariano, el
extraordinario liderazgo carismático de Chávez y los elevados precios del
petróleo, dejaron de estar presentes. Chávez falleció el 5 de marzo de 2013. Un
año más tarde, el precio de las exportaciones de petróleo venezolano se había
derrumbado de más de cien dólares el barril a menos de 25 dólares. Así, la
profunda crisis terminal del Estado, la economía y la sociedad rentista
petrolera que había sido, en cierto sentido, aplazada durante unos años,
resurgió con mayor, incluso dramática, intensidad.
1. La situación económica y
social.
Para analizar el estado actual de
la economía en Venezuela no existe información oficial actualizada disponible.
El gobierno ha decidido no revelar la información estadística que permitiría
confirmar la profundidad de la actual crisis económica.2 Los cálculos que se
han difundido por parte de analistas económicos, centros académicos,
asociaciones empresariales e instituciones internacionales presentan grandes
variaciones. No todos son confiables.
En el año 2016 la economía
venezolana registró su peor caída desde el paro petrolero/lock-out empresarial
de los años 2002-2003, con una contracción que se ha estimado entre 10%3 y
18.6%. Se acumularon así tres años consecutivos de disminución del PIB. Según
algunas estimaciones, el colapso de la economía venezolana ha sido tal que, en
2017, el PIB per cápita representa un 40% de los niveles del año 2013.4 Los
precios del petróleo se recuperaron de un promedio de 35 dólares por barril en
2016 a 42 dólares por barril en abril de 2017,5 aún lejos de los precios que
oscilaron entre 101 y 88 dólares por barril entre 2011 y 2013. No solo los
precios han colapsado, según la OPEP, la producción de petróleo ha caído a un
millón 972 mil barriles diarios.6 Esto es casi un millón de barriles menos de
los que se producían en el año 2001. Este descenso se ha atribuido a la
ineficiencia, corrupción, falta de inversión, y al hecho de que es mucho más
complejo y costoso explotar el crudo pesado y extra pesado que hoy constituye
la mayor parte de las reservas venezolanas. Petróleo liviano o gasolina tiene
que ser importado para ser mezclado con este petróleo pesado para su transporte
y refinación, lo que reduce significativamente los beneficios. De acuerdo a
dirigentes sindicales de la industria petrolera, la refinería principal del
país, uno de los complejos de refinación más grandes del mundo, está trabajando
a menos del 50% de su capacidad instalada debido a la falta de mantenimiento
adecuado.
Según los Estados Financieros
Consolidados de la empresa petrolera estatal (PDVSA) correspondientes al año 2016,
el beneficio neto de ésta se desplomó de más de nueve mil millones de dólares
en 2014 a 828 millones de dólares en 2016.8 Esta empresa, la fuente de la mayor
parte de los ingresos del país, al igual que el resto del Venezuela, se
encuentra en una profunda crisis.
Diferentes fuentes, tanto
nacionales como internacionales, han calculado que la inflación en 2016 se
situó entre 500% y 800%9, se esperan niveles más altos para el año 2017. Por
tercer año consecutivo se ha producido un grave déficit fiscal. Según algunas
estimaciones, el gasto público en 2016 tuvo una reducción de alrededor del 30%
en comparación con el nivel del año anterior.
Las reservas internacionales
disminuyeron de 35 mil millones de dólares en 2009 a 10.300 millones de dólares
en abril de 2017.11 La formación de capital fijo ha venido disminuyendo desde
2013. La misma tendencia está presente en el consumo privado.
El total de la deuda consolidada
del país (es decir, deudas nacionales y externas pagaderas en dólares,
préstamos y bonos emitidos por la República y PDVSA), ascienden a 181 mil
millones de dólares. Esto representa más del 80% del PIB, y es casi 18 veces
más que el total de las reservas internacionales del país.12 Todo esto, a pesar
del hecho de que durante los 18 años del proceso bolivariano Venezuela
experimentó un auge sin precedentes de los precios del petróleo. Durante este
período, el país recibió más dólares que los que habían ingresado al país
durante las anteriores ocho décadas de exportaciones petroleras. Este enorme
endeudamiento externo, como en experiencias anteriores, se produjo precisamente
en los años de bonanza, cuando los precios del petróleo eran muy elevados.
Parte de esta deuda es una deuda ilícita que sirvió de alimento a la
corrupción. Grupos e intelectuales de izquierda han exigido al gobierno la
realización de una auditoría pública de esta deuda, como se realizó en Ecuador,
y que en el ínterin se lleve a cabo una renegociación que permita una reducción
de los pagos.
Incluso ante la realidad de una grave
crisis humanitaria, el gobierno venezolano ha dado prioridad al pago de la
deuda a tiempo sobre las necesidades urgentes de la población venezolana. De
acuerdo al Ministerio del Poder Popular de Petróleo, “En los últimos 36 meses,
Venezuela ha cancelado, por concepto de Capital Reembolsado y de Intereses
Pagados, la cantidad de 73 mil 359 millones de dólares”.13 Al mismo tiempo la
organización de caridad de la Iglesia Católica, Cáritas Internacional, el 54%
de los niños venezolanos tienen algún grado de desnutrición. Esto es,
principalmente, una consecuencia de la drástica disminución de los recursos
disponibles para la importación en un país que tiene un nivel tan elevado de
dependencia externa para sus alimentos y medicinas.
Una de las más importantes
distorsiones históricas de la economía petrolera venezolana ha sido una moneda
sobrevaluada que ha hecho que sea más barato importar la mayoría de las cosas
que producirlas internamente. Esto, al mismo tiempo, ha operado como una
barrera que dificulta exportar prácticamente nada aparte del petróleo. Esta es
la mal llamada enfermedad holandesa. Venezuela la había padecido durante
décadas antes del descubrimiento de de los depósitos de gas por parte de
Holanda. El país se hizo altamente dependiente de las importaciones, incluso de
alimentos básicos. Se trata, propiamente, de una economía de puerto.
El gobierno bolivariano ni
siquiera comenzó a corregir las distorsiones cambiarias. A fin de limitar la
fuga de capitales, se crearon a lo largo de estos años varios sistemas de
control cambiario que generaron distorsiones aun más severas con la creación de
varios tipos de cambio paralelos, tanto legales como ilegales. A veces, hasta
cuatro tasas cambiarias operaron en forma simultánea. Mientras la paridad altamente
subvencionada con que se importa la mayor parte de los alimentos básicos y
medicinas ha permanecido fija durante años en 10 bolívares por dólar, la
paridad en el mercado paralelo ilegal, que tiene un impacto significativo en la
estructura de precios del país, que osciló entre 10.000 y 18.000 bolívares por
dólar en agosto de este año, sobrepasó los 80.000 bolívares a finales de
noviembre de 2017.
El deterioro general de la
actividad productiva y de las finanzas públicas ha tenido graves repercusiones
en las condiciones de vida de la población, especialmente en las áreas de
salud, alimentación y la inseguridad personal. Esto constituye una reversión de
los más importantes logros sociales del proceso bolivariano. Los niveles de
pobreza en términos de ingresos monetarios, que se habían reducido
significativamente entre 1999 y 2012, hoy están peor que los niveles que
existían antes del inicio del gobierno de Chávez.
La drástica reducción de las
divisas disponibles para financiar las importaciones ha creado una escasez
generalizada de medicamentos y complica considerablemente el tratamiento de
enfermedades crónicas como la hipertensión y la diábetes. Ha habido una pérdida
en el peso promedio de la población. Son frecuentes las muertes en hospitales,
consecuencia directa de la falta de medicamentos y equipamiento médico, así
como la desnutrición infantil. Las tasas de mortalidad de las parturientas y
los recién nacidos se ha incrementado significativamente en los últimos tres
años. Hoy en día existe una severa epidemia de malaria que se ha expandido en
forma acelerada en los últimos años. Entre los años 2015 y 2016, el número de
casos registrados en el país se incrementó en un 76%, pasando de 136.402 a
240.613 casos. Las carencias de medicamentos y los desplazamientos
poblacionales hacia las zonas de explotación minera del Estado Bolívar,
principal foco de la epidemia, agrava la situación.
Según el Observatorio de la
Violencia en Venezuela, en 2016, el país tuvo una tasa de homicidios de 91
homicidios por cada 100.000 habitantes, en segundo lugar después de El Salvador
en todo el mundo. Aunque no hay cifras oficiales, se estima que unas dos
millones de personas han abandonado el país en los últimos tres años,
especialmente jóvenes, tanto profesionales como trabajadores no calificados, en
busca de un futuro mejor en otros lugares.
La decisión económica más
importante realizada por el gobierno de Maduro en los últimos años ha sido el
decreto de creación del Arco Minero del Orinoco. Es la apertura de 112 mil
kilómetros cuadrados, el 12% del territorio nacional, a grandes empresas
mineras transnacionales. Se trata de un área económica especial en la cual
quedan suspendidas muchas leyes fundamentales de la República. Frente a la
crisis del modelo petrolero rentista, en lugar de promover un debate nacional
sobre las alternativas al modelo extractivista depredador que ha caracterizado
la economía venezolana durante un siglo, el gobierno ha optado por empujar al
país en el camino de un nuevo patrón rentista-extractivista, ahora basado en la
minería a gran escala. Este megaproyecto, en caso de llevarse a cabo en la
dimensión que ha sido anunciada por el gobierno, profundizaría las dinámicas
etnocidas hacia los pueblos indígenas que en la actualidad se producen como consecuencia
de la minería ilegal. Tendría devastadoras consecuencias socio-ambientales
tanto inmediatas como a largo plazo. Afectaría parte de la foresta amazónica,
destruyendo vastas áreas de extraordinaria diversidad biológica, amenazaría las
principales fuentes de agua, así como las represas hidroeléctricas que
suministran el 70% de la electricidad que se consume en el país.
2. La pérdida de hegemonía y
las tendencias autoritarias.
Cuando Nicolás Maduro llegó a la
presidencia, en abril de 2013, lo hizo con un nivel de legitimidad y de apoyo
electoral mucho más bajo que el que tuvo Chávez hasta su muerte. Ganó las
elecciones con una diferencia de solo 1,5% sobre Henrique Capriles, el
candidato de la oposición articulada en la Mesa de la Unidad Democrática
(MUD).
Una ruptura fundamental en el
proceso bolivariano se produjo cuando, con la victoria aplastante en las
elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015, la oposición alcanzó una
mayoría cualificada de dos tercios en la Asamblea Nacional (AN). Esto implicaba
un cambio radical en la correlación de fuerzas en el seno del Estado. Con esta
mayoría, la oposición en la AN, de acuerdo a la Constitución, podía nombrar a
los miembros del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Consejo Nacional Electoral
(CNE). Podría aprobar leyes orgánicas sin negociar con los representantes del
gobierno. En lugar de reconocer esta severa derrota e iniciar una profunda
reflexión autocrítica sobre sus causas, el Gobierno no vio la necesidad de
cambios en sus políticas y atribuyó la crisis y la victoria de la oposición
exclusivamente a lo que ha denominado la “guerra económica” por parte de la
derecha y del imperio. Estos son asuntos reales pero no son, en sí mismos,
suficientes para explicar la profunda crisis económica del país o los niveles
de descontento en la población. Temas claves como la corrupción generalizada,
la ineficiencia de la administración pública o las distorsiones que genera una
paridad cambiaria insostenible, fueron una vez más dejados a un lado. En lugar
de dar prioridad a la preservación de la experiencia colectiva y el espíritu
combativo del mundo popular bolivariano, que representa el más extraordinario
logro de este proceso político, optó por permanecer en el control del Estado
por cualquier medio necesario. A partir de ese momento, el Gobierno parece
reconocer que no podía permanecer en el poder si esto dependía del apoyo
electoral de la población, y de acatar la Constitución bolivariana del año
1999. Se han realizado repetidos llamamientos al poder popular y a dicha
Constitución, pero, en la práctica, estos se convierten en obstáculos a
superar. Por ello, se fueron tomando una serie de decisiones que, en conjunto,
apuntan en una forma cada vez más sistemática y coherente en una dirección
autoritaria que tiene como prioridad la preservación del control del poder del
Estado.
Las graves violaciones que se han
producido a la Constitución de 1999 y a normas legales básicas en los últimos
tres años son demasiadas para ser analizadas en detalle. Sin embargo, algunas
de estas deben destacarse con el fin de comprender cómo se llegó a la situación
actual. A finales de diciembre de 2015, cuando a la mayoría del gobierno en la
AN le quedaban pocos días antes de que la nueva mayoría opositora tomara
control, dicha mayoría oficialista, dejando de lado algunos procedimientos
exigidos por la ley, designó nuevos magistrados del TSJ. No sólo eran estos
nuevos magistrados, sin excepción, aliados incondicionales del gobierno, sino
que varios de ellos ni siquiera cumplían los requisitos formales requeridos
para ocupar dichos cargos.
El papel que este tribunal iba a
jugar en estas nuevas condiciones del país se hizo evidente poco después. A
principios de 2016, basado en una endeble acusación de fraude electoral formulada
por algunos miembros del partido de gobierno, este Tribunal decidió anular los
resultados de las elecciones en el estado de Amazonas. Decidió que la elección
de los cuatro representantes del Estado, en su mayoría indígenas, y que ya
habían sido proclamados por el CNE, ya no era válida. Así, los partidos de la
oposición dejaron de tener una mayoría cualificada en la AN.
En vista del hecho de que
transcurrieron meses sin que se llevase a cabo una investigación para
determinar la veracidad de estas acusaciones ni se programaran nuevas
elecciones para ese estado, el estado Amazonas quedó sin representación
parlamentaria. Finalmente, la AN decidió incorporar a los parlamentarios
cuestionados y el TSJ respondió declarando a la Asamblea en desacato. A partir de
este momento, sus atribuciones fueron asumidas por el Poder Ejecutivo y dicho
tribunal. Este fue un momento decisivo en la ruptura del orden constitucional,
produciendo la concentración de poderes que ha permitido al Gobierno tomar cada
uno de los pasos subsiguientes que han definido su deriva autoritaria.
Una de las principales fortalezas
institucionales del proceso bolivariano y un poderoso escudo protector contra
los intentos de la derecha nacional e internacional y del gobierno de los
Estados Unidos para derrocar al gobierno, fue la legitimidad proporcionada por
un sistema electoral totalmente automatizado, transparente, altamente fiable,
que contaba con muchos niveles de controles y auditorías. Durante las múltiples
elecciones celebradas hasta 2015, este sistema electoral garantizó que los
resultados anunciados por el órgano electoral fueran, sin duda alguna, una
expresión exacta de la voluntad de los electores. Sin embargo, después de la
derrota sufrida en las elecciones legislativas de diciembre de 2015, el
gobierno optó por sacrificar este escudo protector para mantenerse en el poder.
Esto ha tenido enormes consecuencias políticas.
En octubre de 2016, el CNE
canceló el referéndum revocatorio del Presidente. Todos los requisitos
establecidos por la ley estaban en proceso de cumplirse. El referéndum
revocatorio hasta ese momento había sido celebrado como uno de los más
importantes logros de la democracia participativa de la Constitución de 1999.
Las elecciones para gobernadores que, según la Constitución tenían que ser
celebradas en diciembre de 2016, fueron aplazadas indefinidamente.
En marzo de 2017, el TSJ ratificó
que la AN estaba en desacato y, entre otras cosas, autorizó al Presidente a
tomar medidas adicionales en la apertura del país a las empresas
transnacionales de petróleo y minería en condiciones expresamente prohibidas
por la Constitución, por la Ley Orgánica de Hidrocarburos, la legislación
ambiental, la referida a los pueblos indígenas y las leyes laborales.
Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República, declaró que estas decisiones atentaban contra el modelo de Estado consagrado en la Constitución y que esto representaba una "ruptura del hilo constitucional". Ante el rechazo generalizado de estas decisiones, el TSJ modificó algunos aspectos menores sin alterar sus contenidos fundamentales.
Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República, declaró que estas decisiones atentaban contra el modelo de Estado consagrado en la Constitución y que esto representaba una "ruptura del hilo constitucional". Ante el rechazo generalizado de estas decisiones, el TSJ modificó algunos aspectos menores sin alterar sus contenidos fundamentales.
Desde febrero de 2016, el
presidente Maduro ha gobernado mediante decretos de excepción y emergencia
económica en condiciones que violan claramente la Constitución. Con este estado
de excepción, muchas garantías constitucionales pueden ser suspendidas, y
decisiones fundamentales para el futuro del país, como las relativas a la
minería en el Arco Minero del Orinoco, pueden ser tomadas por decreto
presidencial. El presupuesto nacional correspondiente al año 2017 no fue
presentado a la AN como lo exige la Constitución, negando así a esos
representantes elegidos el derecho a tener algo que decir sobre la gestión de
los recursos públicos y sobre la orientación de las políticas públicas. Esto
añade una nueva capa de opacidad en la gestión de los bienes colectivos.
3. La Asamblea Nacional
Constituyente
El primero de mayo de 2017, el
Presidente Maduro anunció que había decidido convocar a una nueva Asamblea
Constituyente. En este mismo discurso declaró el fin de la Constitución de
1999, situándola en la categoría de antecedente histórico, una Constitución
"pionera". Inmediatamente se generó una gran polémica, dentro y fuera
de Venezuela. En ese clima político extremamente polarizado, este debate estuvo
lleno de distorsiones y medias verdades. Según el gobierno, el propósito de la
Asamblea Constituyente fue el de garantizar la paz en el país después de meses
de violentos enfrentamientos callejeros. Sectores de la oposición venezolana
denunciaron que el verdadero objetivo era evitar las próximas elecciones
(estatales, municipales y presidenciales) y caracterizaron esto como un golpe
de Estado.
Es necesario reconocer que, en la
Constitución, las condiciones para la convocatoria de una Asamblea Constituyente
no son totalmente explícitas. Según el Artículo 348: "La iniciativa de
convocar a una Asamblea Nacional Constituyente puede ser tomada por el
Presidente de la República en Consejo de Ministros…" Sin embargo, hay una
diferencia entre "convocatoria", que la Constitución atribuye
expresamente al "pueblo de Venezuela... depositario del poder
constituyente originario" y "tomar la iniciativa de convocar".
En consecuencia, aunque el Presidente puede tomar la iniciativa, la
convocatoria como tal, debería haberla hecho la ciudadanía a través de un
referéndum consultivo, como fue el caso de la Asamblea Constituyente de
1999.
Es evidente que las principales
dificultades que enfrenta el país (escasez, malnutrición, crisis del sistema de
salud, inflación, inseguridad, recesión, déficit fiscal y una deuda externa que
no puede ser pagada, etc.) no son problemas normativos que pueden resolverse
con un nuevo orden jurídico. Los problemas que se plantean en relación con la
Constitución de 1999 están en sus violaciones sistemáticas, no en su contenido.
Otra ruptura radical con la
Constitución de 1999 y las leyes electorales se produjo con el diseño del
proceso electoral para la nueva Asamblea Nacional Constituyente (ANC). En clara
violación de los principios constitucionales de la representación proporcional
y la igualdad de los electores, las normas para la participación electoral
fueron cuidadosamente diseñadas de tal forma que el gobierno se garantizaba el
control completo de esta nueva asamblea, a pesar de que la mayoría de la
población no respaldase al gobierno y rechazase la convocatoria de una nueva
asamblea constituyente. Esto se hizo mediante la creación de un original
régimen de doble representación: territorial y sectorial. Contrariamente a la
forma en la que siempre habían sido realizadas las elecciones en el país, antes
y durante el gobierno bolivariano, a las zonas rurales o pequeños municipios
urbanos, donde el gobierno ha contado con mayor respaldo electoral, les fue
otorgada una extraordinaria sobre representación en la asamblea. En algunos
casos, a un municipio rural con menos de 3000 habitantes se le asignó el mismo
número de representantes que a un municipio urbano con más de 700.000
habitantes: un total de uno. Se definió adicionalmente un mecanismo de representación
sectorial en el cual los estudiantes votaron por estudiantes, los trabajadores
por trabajadores, etc. Unos cinco millones de votantes fueron excluidos de la
participación en la elección de los representantes sectoriales ya que no
pertenecían a ninguno de los sectores sociales así definidos.
Esto creó dos tipos de
ciudadanos, unos de primera clase, que podían votar dos veces (un voto
territorial y uno sectorial), y otros de segunda clase que sólo podían votar
una vez (voto territorial). Como consecuencia del carácter arbitrario e
inconstitucional de este proceso, sólo organizaciones que respaldan al gobierno
presentaron candidatos y participaron en las elecciones, convirtiéndolas
prácticamente en unas elecciones internas del PSUV.
Las elecciones para esta ANC
constituyeron un fraude. Antes de las elecciones, portavoces del gobierno y del
PSUV afirmaron en forma pública y reiterada que se llevaría un control estricto
de los votantes y que quienes no participasen en estas elecciones perderían su
empleo público, o la posibilidad de tener acceso a programas sociales tales
como el de alimentación subsidiada (CLAP) y vivienda. Estos anuncios públicos
fueron complementados por amenazas personales en los lugares de trabajo y
centros de distribución de alimentos. La democracia participativa de los
primeros años del proceso bolivariano se había desplazado hacia una relación de
control crecientemente autoritaria desde el Estado, basado en chantajes y
amenazas.
Las elecciones se realizaron sin
testigos independientes o de la oposición y a los medios de comunicación se los
mantuvo a unos 500 metros de los centros de votación. Varios de los más
importantes mecanismos de control y auditoría que habían hecho que el sistema
electoral venezolano fuese altamente confiable fueron eliminados. Incluso con
los niveles de participación muy inflados anunciados por el CNE, casi el 60% de
la población no votó.
Un nuevo giro del tornillo, que
alejó al gobierno de Maduro aún más de la democracia y de la Constitución de 1999,
se produjo cuando la nueva ANC fue instalada. Como en los viejos tiempos del
socialismo realmente existente, se trata de una asamblea unipartidista, cada
uno de sus 545 integrantes es oficialista. El que la Asamblea Nacional
Constituyente encargada de redactar una nueva constitución en un país tan
profundamente dividido como Venezuela sea absolutamente monocromática no es un
buen augurio para el futuro de la democracia o la paz en el país. El proceso
constituyente ha revivido parte del apoyo popular menguante al gobierno, ya que
fue presentado como una radicalización del proceso, como un enfrentamiento con
el imperialismo, y como una solución a los problemas que enfrenta la población.
Esto, sin embargo, es probable que tenga poca duración ya que el gobierno
carece de la capacidad o los recursos para hacer frente a estos problemas.
La ANC se ha declarado como un
poder absoluto, supra constitucional, que puede no solo redactar una nueva
constitución, sino tomar decisiones sobre cualquier asunto legislativo,
ejecutivo o judicial que considere conveniente. Su período de vigencia no ha
sido fijado. Declaró que las cinco ramas de Estado existentes deberán
subordinarse a sus decisiones. En sus primeras semanas de actividad, sus
decisiones fueron tomadas por unanimidad o por aclamación, sin debate alguno.
Leyes extraordinariamente autoritarias y represivas han sido anunciadas. En el
mes de noviembre se aprobó una ley que establece penas de 10 a 20 años de
prisión por "incitación al odio" en los periódicos, la radio, la
televisión y las redes sociales, la denominada Ley Constitucional Contra el
Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. Igualmente amenazantes han
sido los anuncios de que dirigentes de la oposición serían acusados de traición
a la patria por su apelación a instituciones internacionales como la OEA y la
ONU. Estas amenazas están dirigidas no solo hacia la oposición de derecha, sino
contra toda oposición al gobierno. Los espacios para el ejercicio de la
democracia continúan reduciéndose…
4. La escalada de la violencia.
En los años del gobierno
bolivariano la oposición agrupada en la MUD ha sido muy heterogénea. Incluye
desde grupos de extrema derecha que han tenido el apoyo político y financiero
externo (básicamente del gobierno de los Estados Unidos y el uribismo en
Colombia), hasta sectores más moderados que han buscado alternativas
electorales, constitucionales. En la actualidad estas diferencias subsisten a
pesar de la apariencia de unidad que se dio entre abril y julio en las masivas
movilizaciones de calle en todo el país y el acuerdo casi unánime para
participar en las elecciones para gobernadores del mes de octubre de 2017. Esto
a pesar del hecho de que el CNE ha abandonado toda pretensión de ser un árbitro
neutral y confiable.
Se produjeron niveles extremos de
violencia durante los meses de abril y julio. Al menos 150 personas murieron en
enfrentamientos callejeros. Esto fue el resultado tanto de la represión
policial/militar, como de la acción de grupos paramilitares armados que operaron
en ambos lados de estas confrontaciones. En algunos casos particularmente
grotescos, algunos chavistas fueron quemados por turbas de la extrema derecha.
Como era de esperarse en una situación tan polarizada, la cobertura de estos
acontecimientos por parte de los medios internacionales fue muy distorsionada.
El conflicto venezolano ha sido interpretado a través de los lentes de la
Guerra Fría. Las narrativas sesgadas según las cuales las más de un centenar de
muertes fueron el producto exclusivo de la represión gubernamental, o la
narrativa contraria de acuerdo a la cual estas muertes fueron principalmente el
resultado de grupos armados fascistas, simplemente no corresponden a lo
ocurrido.
La situación es más compleja. Ha habido acciones violentas en ambos
lados en estas confrontaciones. La sociedad venezolana se
enfrenta al grave peligro de que la violencia armada y el terrorismo puedan
instalarse como la forma normal de procesar las diferencias. El peligro no es
solo que la violencia se desborde a niveles no deseados por los líderes del
gobierno y la oposición. En ambos polos de la confrontación actual hay sectores
que ven la violencia como única forma de derrotar al enemigo e imponer su
agenda.
Algunos de los más altos
funcionarios corruptos del gobierno se dan cuenta de que si fueran obligados a
abandonar sus cargos, no sólo perderían sus privilegios, sino que también les
resultaría difícil encontrar un lugar en el mundo donde disfrutar de sus
fortunas mal habidas y que incluso podrían terminar en la cárcel.
Lo que algunos sectores de
extrema derecha buscan no es simplemente una victoria electoral para sustituir
a Maduro, si esto dejase intacta la Constitución de 1999, y se mantuviese vida
por lo menos parte de los imaginarios transformadores de los sectores populares
chavistas de base. Lo que quieren es un completo aplastamiento de la
experiencia chavista, de todos los sueños emancipatorios de la primera década
del proceso bolivariano, a fin de imponer una derrota política de larga
duración que sirva como una lección y liquide, de una vez por todas, las
aspiraciones y el espíritu rebelde subalterno de estos años. Se considera que
esto es un requisito básico para que la sociedad regrese a la
"normalidad", donde todo el mundo asuma su lugar. Las consecuencias
de esto van mucho más allá de Venezuela. Para ello han contado siempre con el
apoyo del gobierno de los Estados Unidos.
5. La corrupción.
Una adecuada caracterización de
los mecanismos y la dimensión de la corrupción durante el proceso bolivariano
es una tarea pendiente. En agosto de 2013, Edmée Betancourt fue removida de su
cargo como presidenta del Banco Central de Venezuela (BCV) por denunciar que en
ese año más de 20 mil millones de dólares altamente subsidiados fueron
entregados por la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) a “empresas de
maletín" para importaciones y actividades productivas que nunca tuvieron
lugar. Casi un año más tarde, después de su separación del Ministerio de
Planificación, Jorge Giordani, un conocido bastión de los gobiernos del
presidente Chávez, divulgó su carta de Testimonio y responsabilidad ante la
historia en la cual confirmó y profundizó las denuncias que había formulado Edmée
Betancourt.
La grave falta de transparencia
en las finanzas públicas hace extremadamente difícil determinar la magnitud de
la corrupción. Según diversas estimaciones, el monto global de la corrupción
durante la última década supera los 300 mil millones de dólares. Esto cubre una
amplia gama de actividades, entre ellas el acceso ilícito a divisas
subvencionadas, la especulación con bonos venezolanos (comprados en bolívares,
luego vendidos en dólares), sobre-facturación de las importaciones, sobornos y
comisiones en contratos de PDVSA y en grandes obras de infraestructura, como fue
el caso en las relaciones con la constructora brasileña Odebrecht.
6. Movimientos y organizaciones populares ante la crisis.
6. Movimientos y organizaciones populares ante la crisis.
Las reacciones subalternas ante
el profundo deterioro de las condiciones de vida que se han producido como
consecuencia del aumento de la inseguridad, (debido tanto a la delincuencia
como a la represión policial), una inflación desbordada, la escasez de
alimentos básicos y medicamentos y el deterioro de los servicios públicos, no
ha sido, en términos generales lo que podría haberse esperado. Muchas de las
organizaciones de base populares que han involucrado a millones de personas en
estos años se habían vuelto tan dependientes de los recursos públicos
transferidos por instituciones del Estado que se debilitan cuando estos
recursos ya no están disponibles. La crisis ha llevado a un creciente
desencanto con el gobierno y la pérdida de expectativas en relación con el
futuro del país. Después de años de procesos de movilización y organización
popular, guiados por los valores de la cooperación y la solidaridad, la
reacción a la crisis actual se ha caracterizado en buena medida por la
competencia y el individualismo. El bachaqueo se ha convertido en un componente
importante de la economía venezolana. Se han producido saqueos masivos en varias
ciudades de todo el país con diversas combinaciones de activismo militante de
grupos de extrema derecha, organizaciones delictivas y protesta popular
espontánea debido a la falta de acceso a alimentos y gas para cocinar. El
tejido social y moral del país están gravemente desgarrados. Esto tardará
muchos años en cicatrizar.
7. La "comunidad internacional " y Venezuela.
Los intentos imperiales de
debilitar o derrocar el gobierno bolivariano han tomado muchas formas, tales
como el apoyo político y financiero a los sectores más radicales de la
oposición, el respaldo al golpe de Estado de abril de 2002 y los intentos de aislar
al país internacionalmente. Más recientemente, Barack Obama, justo antes de
terminar su mandato renovó una orden ejecutiva que declaraba que Venezuela era
"una inusual y extraordinaria amenaza a la seguridad nacional y la
política exterior de los Estados Unidos".
En un informe presentado al Comité de las Fuerzas Armadas del Senado de los Estados Unidos en abril de este año, Kurt W. Tidd, Jefe del Comando Sur, afirmó que: Venezuela se enfrenta a una significativa inestabilidad en este próximo año debido a la generalizada escasez de alimentos y medicinas, la incertidumbre política y el deterioro de las condiciones económicas. La creciente crisis humanitaria en Venezuela podría eventualmente obligar a una respuesta regional.
En agosto de 2017, Donald Trump
amenazó a Venezuela con una intervención militar de los Estados Unidos en los
siguientes términos: Tenemos muchas opciones para
Venezuela y por cierto, no voy a descartar una opción militar.
Tenemos muchas opciones para Venezuela, este es nuestro vecino… Estamos en todo el mundo y tenemos tropas en todo el mundo, en lugares que están muy lejos, Venezuela no está muy lejos y la gente está sufriendo y muriendo. Tenemos muchas opciones para Venezuela, incluida una posible opción militar si es necesario.
Se dio un paso más el 24 de
agosto de 2017, cuando Donald Trump ordenó un bloqueo financiero de Venezuela.
Esta amplia gama de prohibiciones incluye la negociación de nuevas deudas
públicas y bonos emitidos por el gobierno venezolano, el pago de dividendo u
otra distribución de utilidades al Gobierno de Venezuela o a cualquier entidad
que sea propiedad o esté controlada, directa o indirectamente, por el Gobierno
de Venezuela, así como la compra, directa o indirectamente, por Estados Unidos
o una persona dentro de los Estados Unidos, de títulos o valores emitidos por
el gobierno venezolano.
En contraste con las anteriores
sanciones aplicadas directamente a altos funcionarios de gobierno, este bloqueo
financiero puede tener un severo impacto sobre el conjunto de la población. En
las condiciones actuales de grave crisis que está atravesando el país,
incluyendo un considerable déficit del sector externo, el gobierno ha
enfrentado enormes dificultades en el acceso a los mercados financieros
internacionales. Como consecuencia del mayor "riesgo país" en las
Américas, solo puede obtener nuevos préstamos a tasas de interés muy elevadas.
Como se señaló arriba, hoy carece de los recursos para importar los alimentos y
medicamentos básicos requeridos por la población. Este bloqueo financiero
podría conducir al país a un default y con seguridad haría que el acceso al
financiamiento externo sea más restringido y costoso. La coalición de derechas
organizada en la MUD emitió un comunicado dando la bienvenida a estas sanciones.26
La guerra económica que venía denunciando el gobierno venezolano en los últimos
años ha llegado con fuerza.
La respuesta del gobierno venezolano a este aumento del aislamiento internacional y regional no ha sido la de tratar de recuperar su legitimidad y aumentar la participación democrática. Por el contrario, ha optado por más control estatal y partidista y por la profundización de sus tendencias autoritarias.
Los partidos de la derecha internacional, los principales medios globales de derecha (The Miami Herald, El Tiempo de Bogotá, El País de Madrid, CNN, Fox News, incluso periódicos supuestamente liberales como The New York Times y el Washington Post, o medios de comunicación “responsables”, como la BBC, así como muchos gobiernos en todo el continente americano y la Unión Europea, han definido al gobierno venezolano prácticamente como enemigo público número uno, a veces compitiendo con Corea del Norte. Todos ellos pretenden hablar y actuar en nombre de la defensa de la democracia en Venezuela amenazada por un gobierno autoritario. Es indudable que el gobierno venezolano ha tomado un camino que lo aleja sustancialmente de la Constitución democrática de 1999 y de aspectos fundamentales del proyecto político original de Chávez, pero esto de modo alguno explica la histeria de la llamada comunidad internacional en torno a Venezuela. ¿Dónde estaban todos esos defensores de la democracia cuando la derecha brasileña derrocó al gobierno democráticamente elegido de Dilma Ruosseff? ¿Por qué no hay protestas en esta llamada "comunidad internacional" sobre el hecho de que en los últimos decenios, según la ONU, más de 30 mil personas han desaparecido en México. ¿Cuántos titulares periodísticos y sanciones se han producido como respuesta a la sistemática guerra asesina contra los usuarios de drogas por parte del gobierno de Rodrigo Duterte en Filipinas? ¿Por qué los gobiernos de los Estados Unidos, el Reino Unido y España, tan preocupados por la democracia, tienen relaciones tan cordiales con el régimen saudita a pesar de su carácter totalitario y sus continuados ataques genocidas contra la población de Yemen? ¿Serán los enormes y lucrativos negocios de armas parte de la explicación? ¿La geopolítica del petróleo? ¿Por qué estas preocupaciones por la democracia no parecen aplicarse a las autocracias del mundo árabe? ¿Se considera que el apartheid israelí es compatible con la democracia?
La respuesta del gobierno venezolano a este aumento del aislamiento internacional y regional no ha sido la de tratar de recuperar su legitimidad y aumentar la participación democrática. Por el contrario, ha optado por más control estatal y partidista y por la profundización de sus tendencias autoritarias.
Los partidos de la derecha internacional, los principales medios globales de derecha (The Miami Herald, El Tiempo de Bogotá, El País de Madrid, CNN, Fox News, incluso periódicos supuestamente liberales como The New York Times y el Washington Post, o medios de comunicación “responsables”, como la BBC, así como muchos gobiernos en todo el continente americano y la Unión Europea, han definido al gobierno venezolano prácticamente como enemigo público número uno, a veces compitiendo con Corea del Norte. Todos ellos pretenden hablar y actuar en nombre de la defensa de la democracia en Venezuela amenazada por un gobierno autoritario. Es indudable que el gobierno venezolano ha tomado un camino que lo aleja sustancialmente de la Constitución democrática de 1999 y de aspectos fundamentales del proyecto político original de Chávez, pero esto de modo alguno explica la histeria de la llamada comunidad internacional en torno a Venezuela. ¿Dónde estaban todos esos defensores de la democracia cuando la derecha brasileña derrocó al gobierno democráticamente elegido de Dilma Ruosseff? ¿Por qué no hay protestas en esta llamada "comunidad internacional" sobre el hecho de que en los últimos decenios, según la ONU, más de 30 mil personas han desaparecido en México. ¿Cuántos titulares periodísticos y sanciones se han producido como respuesta a la sistemática guerra asesina contra los usuarios de drogas por parte del gobierno de Rodrigo Duterte en Filipinas? ¿Por qué los gobiernos de los Estados Unidos, el Reino Unido y España, tan preocupados por la democracia, tienen relaciones tan cordiales con el régimen saudita a pesar de su carácter totalitario y sus continuados ataques genocidas contra la población de Yemen? ¿Serán los enormes y lucrativos negocios de armas parte de la explicación? ¿La geopolítica del petróleo? ¿Por qué estas preocupaciones por la democracia no parecen aplicarse a las autocracias del mundo árabe? ¿Se considera que el apartheid israelí es compatible con la democracia?
Venezuela ha sido construida como
parte de un nuevo eje del mal (junto con Irán y Corea del Norte) por otras
razones. El proceso bolivariano fue el más radical intento de trascender el
capitalismo en el siglo XXI. Esta experiencia no sólo tuvo gran impacto en el
llamado giro a la izquierda que se produjo en la mayoría de los países de
América del Sur. La experiencia venezolana se convirtió en una referencia, un
rayo de esperanza, para gente tan lejos como Palestina, Filipinas y la India.
Aunque el actual gobierno venezolano se ha alejado de estos imaginarios de una
profunda transformación de la sociedad, a pesar de su corrupción y sus
tendencias autoritarias, todavía es visto por muchos en la izquierda y
movimientos sociales en todo el mundo como un símbolo o referencia subversiva.
Desde la perspectiva de algunas elites globales estos imaginarios deben ser
exterminados. Esto obviamente tiene poco que ver con preocupaciones en torno a
la democracia. Esta auto-proclamada comunidad internacional está promoviendo un
“cambio de régimen” en Venezuela, incluso si esto implica el riesgo de una
guerra civil. Esto ha contribuido activamente a que una negociación interna
para procesar las profundas divisiones existentes en la sociedad venezolana sea
tan difícil.
La “amenaza autoritaria"
representada por el gobierno de Maduro se ha convertido en un instrumento útil
en las manos del gobierno conservador de Mariano Rajoy en España para atacar a
Podemos, por parte de los conservadores en el Reino Unido para poner en duda
las credenciales democráticas de Jeremy Corbin, por Donald Trump, para mostrar
a sus seguidores lo macho que es, y por la derecha mexicana en su intento de
describir a Andrés Manuel López Obrador, quien encabeza las encuestas de
opinión para las elecciones presidenciales del año próximo, como una radical
amenaza chavista.
Venezuela, con las mayores
reservas de hidrocarburos en el planeta y sus extraordinarios bienes minerales
e hídricos, se ha convertido en un campo de batalla central de luchas
inter-imperiales contemporáneas, tanto entre países, como entre corporaciones
globales. Con el giro a la derecha y la geopolítica de re-alineamiento con los
Estados Unidos de los gobiernos de Argentina y Brasil, Venezuela quedó aislada
políticamente. Se mantiene como el principal territorio latinoamericano de las
confrontaciones geopolíticas globales entre los Estados Unidos en defensa de su
tradicional patio trasero, y la búsqueda por parte de China y Rusia por
convertir al país en una cabeza de playa para sus proyectos globales en este
continente.
Hoy, para las empresas
transnacionales, el problema no es que un gobierno izquierdista o nacionalista
limite su acceso a las abundantes fuentes de energía del país o sus riquezas
minerales. El gobierno ha abierto el país a las inversiones extranjeras en
petróleo y minería en condiciones sumamente favorables para estas empresas. Es
el caso de la Faja Petrolífera y el Arco Minero del Orinoco. Dado que este tipo
de inversión no es rentable en el corto plazo, muchas empresas transnacionales
están esperando a tener más seguridad jurídica a fin de proceder con sus
anunciadas inversiones. A pesar de que en el mega proyecto del arco Minero del
Orinoco se han establecido condiciones extraordinariamente favorables para los
inversores extranjeros, estas normas fueron aprobadas por decreto presidencial
y constituyen una clara violación de la Constitución y normas jurídicas
referidas al ambiente, a los pueblos indígenas y en el ámbito laboral. Estas
normas y los nuevos contratos con empresas transnacionales no han sido
aprobados por la Asamblea Nacional como lo exige la Constitución. No hay
garantía de que vayan a ser reconocidos en el caso de un cambio de gobierno.
Según muchos críticos de izquierda, esta es una de las principales razones por
las que el gobierno de Maduro decidió convocar a una nueva Asamblea
Constituyente: proporcionar el sólido marco jurídico y constitucional necesario
para atraer estas inversiones. Una propuesta de ley con este propósito ha sido
introducida por Maduro a la ANC. Es poco probable que estos esfuerzos tengan
éxito, ya que en las condiciones actuales, la ANC no es vista como legítima ni
por la mayoría de la población venezolana ni por la llamada "comunidad
internacional".
Muchos Intelectuales internacionalmente reconocidos, partidos y movimientos sociales identificados con la izquierda no están contribuyendo a la creación de las condiciones de una salida no violenta de la crisis actual. En el mismo marco de Guerra Fría que caracteriza la perspectiva dominante de la derecha, gran parte de la izquierda internacional continúa identificando al gobierno de Maduro como un gobierno democrático, popular y anti-imperialista y tienden a proporcionarle una solidaridad incondicional. Esto a pesar de las políticas ultra liberales de zonas económicas especiales para atraer las inversiones extranjeras; a pesar de la profundización del modelo extractivista depredador que ha dado origen a los mayores problemas que enfrenta el país; a pesar de su negativa a tratar con responsabilidad el cambio climático en su papel como importante productor de petróleo; a pesar de que durante el proceso bolivariano ha habido una consolidación de la inserción histórica del país en la división internacional colonial del trabajo y la naturaleza; a pesar del hecho de que los pueblos indígenas siguen siendo severamente impactados por las políticas neo-desarrollista en sus territorios ancestrales; a pesar de las tendencias anti-democráticas, autoritarias y represivas que caracterizan hoy al gobierno de Maduro.
Esta solidaridad incondicional, acrítica, contribuye a bloquear la
posibilidad de análisis críticos de los problemas del proceso bolivariano y
contribuye activamente a reforzar y legitimar sus rasgos más negativos. Las
opiniones tienen consecuencias. Con independencia de las decisiones que tome el
gobierno de Maduro, estas han sido celebradas por parte de sectores de la
izquierda internacional como brillantes tácticas anti-imperialistas. Como por
arte de magia, las mismas políticas que se denuncian si son llevadas a cabo por
gobiernos neoliberales o derechistas, de alguna manera se convierten en
aceptables si son llevadas a cabo por gobiernos "progresistas" o de
"izquierda". El extractivismo de la derecha es considerado como una
política pro-imperial que tiene graves consecuencias ecológicas y
socioeconómicas, como amenazas a las comunidades indígenas y campesinas y como
una renuncia a la soberanía nacional en favor de las empresas transnacionales.
Los movimientos de resistencia en estas condiciones son celebrados. Por otro
lado, cuando esas mismas políticas son llevadas a cabo por gobiernos “amigos”
de alguna manera pasan a tener un significado radicalmente diferente y los
movimientos de resistencia son acusados de formar parte de una agenda imperial
antinacional y antipopular. Con esta construcción maniquea de la realidad, no
hay manera de aprender de la experiencia. Las razones para cada problema o
error siempre se encuentran en otra parte.
Todo esto le hace un daño enorme a los movimientos anti-capitalistas y proyectos transformadores alrededor del mundo. Alimenta la propaganda derechista que define toda alternativa anti-capitalista, por su propia naturaleza, como necesariamente estatista, autoritaria y corrupta. Parece que amplios sectores de la izquierda continúan teniendo grandes dificultades para extraer lecciones de las consecuencias a largo plazo que tuvo la incapacidad para criticar a la Unión Soviética, a pesar de su carácter autoritario y represivo, porque se enfrentaba al imperialismo estadounidense.
Venezuela es hoy un campo de
batalla decisivo, no sólo en el ámbito geopolítico de las competencias inter-imperiales.
Es también un terreno privilegiado de la confrontación de ideas, en debates
críticos sobre cómo avanzar en la dirección de una sociedad democrática
post-capitalista que supere el patriarcado, el antropocentrismo y el racismo,
así como el estado de guerra permanente que caracterizan al sistema mundo
contemporáneo. Un debate reflexivo, crítico, del proceso político venezolano es
indispensable si esta experiencia ha de contribuir a la construcción de otro
mundo posible.
[i] Edgardo
Lander es profesor-investigador en el Departamento de Estudios Latinoamericanos
en la Escuela de Sociología de la Universidad
Central de Venezuela. Consultor de la Comisión
Venezolana de negociación del Área de Libre Comercio de las Américas.
Trabaja en la Facultad de Económicas y Ciencias Sociales, y miembro del Consejo
Editorial de el Diario Venezolano de Economía y Ciencias Sociales, Universidad
Central de Venezuela. Lander fue uno de los organizadores del Foro Social
Mundial de 2006, que tuvo lugar en Caracas. (Articulo publicado en Rebelíon 2017 y en Nueva Sociedad 1917)
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