Todo lo que dice
relación con la Diversidad Sexual es
necesario analizarlo desde de las relaciones de producción y cómo a
partir de esa realidad objetiva es posible concebir a la persona como ser
social, como sujeto y titular de derechos humanos y agente de cambios, solo así
comprenderemos cuáles son las bases para una Gobernanza desde la mirada de la
Diversidad Sexual en Chile.
En un contexto de
cambio como el que vivimos, requerimos de una transformación real de las
estructuras sociales y un desplazamiento del centro de gravedad de la acción
pública. Esto se logra, al involucrar al ciudadano en procesos organizativos de
construcción colectiva, de integración e inclusión social con capacidad de acción,
como han sido las demandas sociales, de estudiantes, trabajadores, ambientalistas,
pobladores, y de la diversidad sexual.
El logro de una buena
Gobernanza, implica necesariamente el generar políticas públicas que viabilicen
esos objetivos. Si tomamos como ejemplo los debates que se han dado en Chile referido
al “Acuerdo de Unión Civil”, y al proyecto que aún se discute en el Parlamento de
“Igualdad de Género”, es una oportunidad para el debate democrático, para generar
un diálogo abierto, plural e inclusivo. Ya que a pesar de las limitaciones,
hemos podido debatir, deliberar, publicitar ideas y contrastarlas con diversas
opiniones, en la perspectiva de establecer un pacto entre Estado y Sociedad.
En esta discusión, quienes
apoyamos los proyectos relativos a la diversidad sexual, constatamos que
vivimos inmersos en una cultura prefijada por un régimen social, político y económico hetero
normativo que impone las prácticas
heterosexuales mediante mecanismos e instituciones que presentan la
heterosexualidad como ineludible para el funcionamiento de la sociedad y cómo
el único modelo válido de relación sexo afectiva y de parentesco, idea que obedece a la vez a un modelo hetero céntrico,
que supone que todo el mundo es heterosexual y la creencia de que las personas
heterosexuales son por naturaleza superiores a las personas homosexuales,
bisexuales o trans. Esas son las premisas que debemos deconstruir para avanzar
en una comprensión inclusiva y diversa de la sociedad. Se trata simplemente de
comprender que desde la inclusión, el facilitar la libertad de unos no afecta la
libertad de otros.
En este debate muchas
veces, nos enfrentamos a los juicios de quienes se oponen al reconocimiento de
la Diversidad Sexual, que por lo general se basan en argumentos pseudo- religiosos, fundamentalistas, con dogmas como que
el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer porque así está establecido
desde siempre, o que la familia es una e
inamovible y que toda esta discusión está basada en una malévola “ideología del
género”.
La discusión nos
muestra la necesidad de cimentar un Estado, que se funde en los derechos de las
personas y en el respeto pleno por ser diversos, un Estado laico, democrático y
plural e inclusivo, con instituciones civiles sin discriminación ni exclusión
de ningún tipo.
La discusión sobre la
Diversidad Sexual, no es un tema cuantitativo.
Si nos guiáramos por las cifras tampoco podríamos legislar a favor de
los derechos de los pueblos indígenas, a favor de los migrantes, de las
personas con discapacidad, de los pacientes con enfermedades raras, de las
personas en situación de calle, ya que todos son catalogados de minorías. El argumento del número es falaz y
discriminatorio en sí mismo. Los derechos humanos no se protegen por el número
de personas que los detentan, ni su regulación requiere que sean mayorías.
Las políticas inclusivas en la Diversidad Sexual,
tiene que ver con un cambio de los paradigmas culturales partiendo por incluir
estas variables en la Reforma Educacional. No es posible que aún no tengamos programas
educativos sobre diversidad sexual nuestro sistema escolar.
En el Programa del
actual Gobierno se dice textualmente: “El compromiso de la Nueva Mayoría aspira
a sentar las bases de una sociedad que respeta la diferencia justamente
garantizando igualdad de derechos a todos y todas”…”En ese contexto, la
elaboración de una Nueva Constitución Política ofrece una oportunidad
inmejorable para impulsar el cambio cultural que implica la erradicación de la
discriminación desde una perspectiva normativa, al ser esta la base sobre la
que se estructura nuestro sistema político, convivencia social y legitimidad de
las leyes”
Pero la realidad es que la Diversidad Sexual se sigue
invisibilizando, no se registra lo gay,
lo trans, lo lésbico o lo intersexual en
nuestra cultura. En los medios de comunicación
- con honrosas excepciones – lo gay se muestra como rareza, motivo de
mofa, pero no para generar cultura de la diversidad.
Incluso esa exclusión
y discriminación se da en nuestros partidos políticos, aún en los más
progresistas, hasta no hace muchos años, se nos hablaba de la moral
revolucionaria, que obviamente no incluía la posibilidad de tener una pareja
del mismo sexo.
Por todo ello, los
derechos de la Diversidad Sexual conforman una coyuntura de debate nacional, para
incluir, visibilizar, repensar las realidades
desdeñadas y dejar que un sector siga sufriendo marginación, discriminación,
exclusión social y muerte.
En este contexto, el
Proceso Constituyente debe incorporar estas temáticas para que el Estado se
convierta en garante, protector, y promotor de los derechos de las personas, en
condiciones de igualdad y considerando las diferencias.
Si no lo hacemos, se habrá dado paso a una política, la de la-no-
decisión, propia de quienes no asumen la responsabilidad de conducir a sus
sociedades a mejores condiciones de vida y la historia nos pasará la cuenta.
Cito a una de las
mujeres más relevantes del siglo XX, la dirigente social, política y teórica
alemana Rosa Luxemburgo que nos deja palabras
vigentes hasta nuestros días…”Por
un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente
libres".
Ronald Wilson
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