lunes, 19 de diciembre de 2022



MIGRACIÓN Y RACISMO

Las Naciones Unidas han concluido un proceso de formulación del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, que se formula desde los Objetivos de Desarrollo Sustentable ODS 2030.


El Pacto Mundial enumera 23 objetivos para la acción de los Estados, reforzados por compromisos específicos, que pretenden abordar los retos relacionados con la migración actual. Los compromisos y acciones del GCM pueden considerarse una guía para que los Estados cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos a la hora de diseñar medidas de gobernanza de la migración para reducir los riesgos y vulnerabilidades a los que se enfrentan los migrantes en las diferentes etapas de la migración y para crear condiciones propicias que permitan a todos los migrantes convertirse en miembros activos de la sociedad.  [i]

Así mismo en la Declaración de los Ángeles de 2022, se plantea que, “Renovando nuestro compromiso de respetar y garantizar los derechos humanos de todos los migrantes y personas que necesitan protección internacional, reconocemos la responsabilidad de cada país de gestionar los movimientos mixtos a través de las fronteras internacionales de manera segura, humana, ordenada y regular.  Tenemos la intención de ampliar los esfuerzos de colaboración para salvar vidas, abordar la violencia y la discriminación, contrarrestar la xenofobia y combatir el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas.  Esto incluye una mayor colaboración para enjuiciar a las organizaciones delictivas de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, así como a sus facilitadores y redes de lavado de dinero.  Nos comprometemos a proporcionar protección y asistencia adecuadas a las personas victimizadas”.  [ii]

Chile está lejos de equipararse a esos consensos mundiales. Como país nos negamos a entender que las migraciones son la base del proceso de integración, debido al aporte permanente de los diferentes orígenes nacionales   y de sus aportes en al ámbito social, económico y especialmente de la cultura. No somos capaces de comprender que los derechos políticos y sociales de los migrantes, son aportes al relacionamiento de los estados en los procesos de integración política y económica, pero en Chile, miramos a los migrantes con desconfianza y miedo.

Para nuestro país se hace urgente diseñar una Política de Acogida e Inserción Integral de las personas migrantes desde  una perspectiva de Derechos Humanos y de respeto a la realidad intercultural,  que promuevan el desarrollo de una Cultura de la Migración. Esta política de acogida  presupone un rechazo explícito a toda forma de  xenofobia, racismo, exclusión  y discriminación. 

Esa falta de comprensión de las migraciones como un fenómeno de desarrollo intercultural que enriquece a los países, en nuestro país lo asociamos  a comportamientos criminaliza el fenómeno migratorio a través del racismo y la discriminación.

Se supone para ciertas concepciones antropológicas tradicionales  que el  concepto de ‘raza’, nos identifica y por ende nos singulariza y nos separa. La tradicional selección de razas de Friedrich Blumenbach en 1790 consideraba la existencia de cinco razas, mongólica, amarilla, americana, caucásica o blanca, malaya o asiática, etíope o negra  Gobineau, en 1853, reconocía solo tres razas, blanca, amarilla y negra.

Para algunos la noción de raza supone la amalgama necesaria entre ciertos rasgos corporales como el color de la piel que son concebidos como heredados e inmutables con unas características intelectuales y de comportamiento que se consideran irremediablemente derivadas. De esta manera se entiende el concepto de raza cuando se afirma que alguien piensa o se comporta de esta u otra forma porque es negro o porque es indio.

Pero no existen fundamentos válidos de orden genético para desagregar significativamente los tipos humanos en razas. Las variaciones genéticas no corroboran la existencia de entidades biológicas en términos raciales. Las variaciones en las tipologías indican que son construcciones históricas, que evidencian la arbitrariedad de la selección de unos rasgos corporales pero no de otros. Resaltar el color de la piel o la forma de la nariz, del cabello o de los labios, son afirmaciones arbitrarias para clasificar poblaciones. Además, ninguna de las ‘razas’ así desagregadas son homogéneas en cualquiera de los rasgos seleccionados. El color de la piel, varía grandemente entre las poblaciones clasificadas como negras o blancas. Por tanto separar, clasificar a una población por rasgos físicos es mera discriminación arbitraria. Es “racismo”.

Podemos afirmar que “racismo” es considerada una actitud que de por sí es discriminante. Esto se debe a que el racismo considera a las demás personas que no son de una misma característica, como seres diferentes.  Generalmente, una persona desprecia a otra por alguna peculiaridad singular que, la difiere de lo que desde su punto de vista, considera como un patrón normal.

Muchas veces este patrón está asociado al color de piel. Por tanto, se puede ver que el racismo busca intencionalmente disminuir o inhabilitar los derechos humanos de la persona que se discrimina por presentar un color de piel diferente o rasgos físicos distintos, que suponen el pertenecer a una ‘raza’ diferente.

El racismo es un tipo de discriminación, basado en la idea de diferencia étnica  y de que algunas de dichas “razas” son superiores a otras. Para los racistas los seres humanos están divididos de acuerdo al color de su piel y demás rasgos físicos que determinan “a qué raza pertenecen”. Este tipo de discriminación tiene su existencia histórica desde los principios de la civilización, y sigue siendo muy común, observándose incluso en las sociedades más avanzadas. Debido al racismo se han cometido hechos atroces y se han violado derechos humanos durante siglos, como sucedió con la esclavitud  de negros africanos en América.

Muchos genocidios, incluido el Holocausto nazi, el genocidio armenio,  kurdo o gitano,  han ocurrido debido a las ideas racistas de algunas personas o grupos. Por otra parte, cabe destacar que no siempre se discrimina sólo por el color de la piel,  no sólo se discrimina a los negros aunque este grupo ha sido el más afectado, también se discrimina por el simple hecho de pertenecer a una nación o cultura diferente. Parte de ello es el racismo de las sociedades criollas hacia las poblaciones indígenas de América. En Chile nuestro ancestral racismo hacia la población mapuche, es parte de nuestra cultura discriminadora.

A su vez, la discriminación implica  actitudes en la que se menosprecien a otros seres humanos. Estos actos incluyen pero no se limitan a exclusión, distinción y la consideración como seres inferiores o sin valor alguno. Esto tiene como origen diferencias de raza, de religión, de nacionalidad, sexo, género, discapacidad, entre muchas otras razones.

La palabra "aporofobia" ha sido acuñada por la filósofa española Adela Cortina en varios artículos de prensa y en libros en los que llama la atención sobre el hecho de que solemos llamar "xenofobia" o "racismo" al rechazo a migrantes o refugiados, pero  en realidad esa aversión no se produce por su condición de extranjeros, sino porque son pobres.

La discriminación y el racismo generalmente se sustentan  en que el persecutor  pretende excluir de su entorno la insignificancia, la carencia, la falta, los defectos, a los que supone patrimonio exclusivo de los otros,  intentando consolidar de este modo una certeza  de superioridad arrogante e irreductible. Por eso recrea, una y otra vez la amenaza,  pero esta no le resuelve nada, dado que por el contrario corre constantemente el riesgo de retroceder, con el consiguiente temor al propio aniquilamiento. A partir de allí el racista reafirma la convicción que  "soy fuerte, perfecto, eterno, invulnerable, en tanto el otro es el débil, el enfermo, el defectuoso, el lisiado, el carente". Compendiando  todos los defectos en el otro, así, los discriminados son  la garantía de un modo de ser que se afirma en el odio, con una absoluta incapacidad para asumir el propio desarraigo y las propias carencias. Este racismo como temor al otro, al inferior, se exacerba y se hace realidad en la experiencia de las migraciones.

En la migración, el miedo a perder la identidad nacional, el temor  al ‘otro’ contribuyendo a reforzar el racismo, la xenofobia, el clasismo, la aporofobia,   creando un medio hostil hacia las minorías.  Estos miedos se utilizan a menudo como excusas para justificar una mayor intolerancia y contribuyen directamente a incrementar los crímenes inspirados por el odio. Un crimen de odio contra una persona nos convierte a todos en victimas de  estas manifestaciones enfermizas.

 El racismo, como expresión del odio, se nutre en los humildes que huyen de sus países de origen, ante la falta de oportunidades para irse a trabajar  por sueldos de miseria en las tareas que los poderosos xenófobos desprecian. En pleno Siglo XXI prevalece la discriminación y la esclavitud más envilecida.

 Históricamente, el racismo fue construido como una de las claves para la justificar la dominación de unos pueblos o culturas sobre otras, esencialmente desde Europa y su modelo de civilización occidental, para dominar a los pueblos de América, Asia o África. De esta manera, se construyó la percepción de lo “blanco” como superior a otros pueblos.

Las personas migrantes que viven en Chile, corresponden al 7,5% de la población del país y eso se traduce en 1.462.103, estimación actualizada a diciembre de 2020, entregada por el Depto. de Extranjería y Migración y el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Según la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela R4V, “El 73 por ciento de las personas encuestadas que ingresaron a Chile mencionaron realizarlo a través de pasos no oficiales y un porcentaje desconocido se encuentra en situación irregular al no contar con una visa vigente, lo que representa una barrera importante para su integración socioeconómica en el país. En ese sentido, resulta necesario que los socios R4V trabajen en conjunto con actores nacionales para encontrar estrategias de inclusión económica y coexistencia pacífica con la comunidad de acogida. Además, esta situación hace que la población venezolana en Chile sea más vulnerable a experimentar episodios o situaciones de discriminación; por tanto, es indispensable elaborar estrategias para actuar contra la xenofobia y la discriminación. Se destaca que el 64 por ciento de la población refugiada y migrante venezolana que se encuentra en las regiones del norte viven en condiciones de vulnerabilidad, incluyendo a personas en situación de calle. De acuerdo con la información levantada en la evaluación de necesidades, la población en tránsito local requiere de respuesta en alimentación, alojamiento y sobre todo en cuanto a lo que respecta a transporte humanitario para lograr desplazarse a sus destinos finales. Finalmente, además de los servicios de protección que requieren las personas refugiadas y migrantes venezolanas en Chile, integrarlas al sector productivo y promover una cohesión social, es esencial elaborar estrategias para responder a sus necesidades más inmediatas, las cuales han incrementado con el aumento de ingresos por pasos no habilitados. Se recoge que las principales necesidades de la población venezolana serían alojamiento, atención en salud, alimentación, y educación”.  [iii]

Si bien el fenómeno del racismo y la xenofobia es complejo y multidimensional, en la actualidad se ha exacerbado a partir de políticas y discursos que lo fomentan, a nivel nacional e internacional, especialmente desde sectores de derecha y extrema derecha.

Asimismo, los medios de comunicación cumplen un importante papel en la creación de estereotipos, al asociar la migración a la delincuencia, el narcotráfico, la violencia o la prostitución.

En Chile, aún estamos a tiempo para frenar este fenómeno del racismo ligado a la migración, con la nueva Ley de Migraciones y con lo que esperamos sea una ventajosa política Nacional de Migraciones, que genere políticas públicas, que entreguen herramientas concretas para combatir este flagelo del racismo migratorio.

 

 


CRITERIOS PARA UN CONSUMO RESPONSABLE

Conforme al Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las Naciones Unidas llaman a revisar los modelos no sostenibles de consumo y producción de los países industrializados que conforman una de las principales causas del deterioro del medio ambiente. El consumo y la producción responsables deben promover el bienestar y los planes generales de desarrollo económicos, ambientales y sociales: uso eficiente de los recursos y la energía, perfeccionamiento de los servicios y empleos ecológicos y construcción amable con el medio ambiente.

El consumo responsable responde a una elección de productos y servicios en base a su calidad y precio, a su impacto ambiental, sanitario y social y a la conducta productivas y sociales de las empresas que los elaboran. La realización de un cambio social en torno a nuestros hábitos de consumo es inaplazable. El principio fundamental del cambio significa que todos somos responsables de nuestro consumo y de los impactos sociales, sanitarios y ambientales de la producción. Además, implica que también es necesario tomas conciencia personal y colectiva de consumir solo lo necesario y evaluar la influencia de la publicidad en la creación de necesidades superfluas.

Por tanto, esta responsabilidad se lleva a cabo en relación a dos grandes ejes:

  • En el medio ambiente, soporte de la vida en el planeta, teniendo en cuenta que debemos priorizar productos con menor impacto ambiental y reducir el consumo de los recursos naturales más limitados.
  • En las personas, asumiendo y defendiendo solidariamente la obligación de garantizar los mismos derechos para todas las personas y toda la sociedad.

Cuando añadimos el calificativo de responsable a nuestro consumo estamos teniendo en cuenta la importancia que tiene la elección del consumidor entre los distintos bienes y servicios que le ofrece el mercado. Es muy importante conocer aquellos productos que valoran, por un lado, la justicia social, la ética y la solidaridad y, por otro lado, la protección del medio ambiente.

La ciudadanía puede convertir su capacidad de compra en un importante instrumento de presión, ya que puede promover esos valores a través de su compra y tiene en sus manos poder gratificar a quienes cumplen determinadas garantías sociales, laborales y medio ambientales.


CRITERIOS PARA UN CONSUMO RESPONSABLE

Para ejercer un consumo responsable podemos hacernos una serie de cuestionamientos, por ejemplo, respecto la necesidad imperiosa de comprar, de satisfacer un deseo, de la libertad que estoy ejerciendo al comprar o lo hago por compulsión o ansiedad, que quizás tengo los suficiente de ese producto y solo voy a acumular, si me he informado bien sobre la calidad y precio, si es un producto reciclable, y cómo se ha producido ese bien, con mano de obra bien remunerada o con mano de obra “esclava”. Dónde efectúo esa compra, en un local establecido legalmente, o en el comercio informal, donde no tengo ninguna garantía de calidad, seguridad e higiene.

La respuesta a todas estas interrogantes nos debería dar respuesta si estamos haciendo un consumo responsable y darnos cuenta que realizar un consumo responsable solamente implica realizar un pequeño cambio en nuestros hábitos de consumo, lo que no conlleva ningún inconveniente considerable ni requiere un esfuerzo específico adicional.

A la hora de comprar recuerda que:

  • Debes hacerte las preguntas señaladas anteriormente y, sobre todo, pensar si lo que vas a comprar va a satisfacer realmente una necesidad o un deseo, o bien si lo compras compulsivamente.
  • Piensa a qué tipo de comercio quieres favorecer. No olvides que consumir productos locales, productos ecológicos o de comercio justo, productos naturales y productos reutilizados y reciclados, son sin duda la mejor opción medioambiental y social.
  • Infórmate de las repercusiones sociales y medioambientales de los bienes y servicios. Pide información. Es tu derecho.
  • Asegúrate de la calidad de lo que compras de cara a adquirir bienes más saludables y duraderos.
  • Busca alternativas que minimicen la explotación de los recursos naturales: segunda mano, reutilizar, intercambios, reparación.
  • Haz un buen mantenimiento de lo que compras y, cuando acabe la vida útil de un producto, ten en cuenta las posibilidades de reciclar los materiales de que está hecho.

Ronald Wilson

jueves, 15 de diciembre de 2022

 


MESA POR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES

Chile ha ratificado y promulgado la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, con lo que nuestro país adquiere las obligaciones establecidas en la Convención y asume como Estado, en sus políticas, planes y programas el reconocimiento de los derechos de las personas mayores, identificando y dando mayor visibilidad a los problemas que los afectan.

La Convención Interamericana es el resultado de más de cuatro años de negociaciones entre los Estados parte de la OEA, constituyéndose además en un aporte al sistema universal de derechos humanos. En lo que respecta a Chile, el 15 de junio de 2015, en el marco del 45 periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), nuestro país suscribe la Convención, iniciando así el camino a la ratificación, que siguió con el envío al Congreso del proyecto de acuerdo, por parte de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, en junio de 2016, en el marco del Mes del Buen Trato. El Ministerio de Relaciones Exteriores, contando con la asesoría técnica permanente de SENAMA y del Ministerio de Desarrollo Social, lideró el proceso que permitió que el 8 de marzo, el Senado aprobara –por unanimidad- este proyecto.

El texto determina el objetivo central, al expresar que “El objeto de la Convención es promover, proteger y asegurar el reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en la sociedad. Lo dispuesto en la presente Convención no se interpretará como una limitación a derechos o beneficios más amplios o adicionales que reconozcan el derecho internacional o las legislaciones internas de los Estados Parte, a favor de la persona mayor”.

Según informe de la CEPAL de 2021, “En Chile hay 3.449.362 personas mayores (60 años y más), lo que representa un 18% de la población. A su vez, la esperanza de vida al nacer ha aumentado más de tres años entre los quinquenios 2000-2005 y 2020-2025, al pasar de 77 años a 80,7 años (CEPAL, 2019; Naciones Unidas, 2019). El grupo de la población que más ha crecido en estos 20 años es el de las personas de 80 años y más, que pasó de 214.000 en 2001 a 561.000 en 2021, lo que significa un incremento del 162% (CEPAL, 2019). De acuerdo con las proyecciones poblacionales de 2019 de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), para 2050 la población de personas mayores en Chile representará un 32% del total [6.430.169 personas]”. (https://www.cepal.org/es/enfoques/derechos-humanos-personas-mayores-chile-tiempos-pandemia-acciones-promocion-servicio)

Toda persona nace libre e igual en dignidad y derechos, sin distinción alguna (incluida la edad). En todos los países las personas deberían gozar de los mismos derechos humanos, los cuales deberían ser reconocidos tanto en las respectivas Constituciones, del mismo modo como están establecidos en los tratados internacionales firmados y ratificados por nuestro país.

Además de los derechos universales contenidos en esos instrumentos internacionales, las personas mayores de 60 años gozan de la protección establecida en la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el 4 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Recomendación 162 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los trabajadores de edad; el Protocolo de San Salvador; la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. De igual manera, el 15 de junio de 2015 la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó el texto de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores.

El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también conocido como Protocolo de San Salvador, señala en su artículo 17 lo siguiente:  Protección Toda persona tiene derecho a protección especial durante su ancianidad.* En tal cometido, los Estados partes se comprometen a adoptar de manera progresiva las medidas necesarias a fin de llevar ese derecho a la práctica y en particular a: a) Proporcionar instalaciones adecuadas, así como alimentación y atención médica especializada a las personas de edad avanzada que carezcan de ella y no se encuentren en condiciones de proporcionársela por sí mismas; b) Ejecutar programas laborales específicos destinados a concederles la posibilidad de realizar una actividad productiva adecuada a sus capacidades, respetando su vocación o deseos; c) Estimular la formación de organizaciones sociales destinadas a mejorar su calidad de vida.

* El Protocolo utiliza el término anciano/ancianidad para referirse a las personas de 60 y más años, no obstante, la evolución del derecho internacional de los derechos humanos ha concedido mayor importancia a la utilización del lenguaje incluyente y no discriminatorio, por lo cual se prefiere el término personas mayores.

A la fecha miembros de la Sociedad Civil en Chile, creemos que faltan acciones concretas para dar cumplimiento a esta convención. A la vez en el Parlamento hay una serie de Proyectos de Ley referidas a garantizar los derechos de las personas mayores y una mejor calidad de vida, sin que se avance en su tramitación. Tenemos una deuda histórica al no tener dentro de nuestra legislación una “Ley Integral de Derechos y Garantías de las Personas Mayores”, esperamos que se concrete en plazo prudente. Además tenemos la esperanza que en el nuevo proceso constitucional a partir del “Acuerdo por Chile”, la nueva Constitución incorpore a su texto los Derechos de las Personas Mayores”.

En este contexto es que, desde las Mesas Temáticas con la Sociedad Civil del Senado, hemos constituido una Mesa por los Derechos de las Personas Mayores, este espacio que creemos oportuno para trabajar en propuestas y lograr incidir y comunicar sobre la protección de los derechos de las personas mayores.

 

 


Crisis migratoria y delincuencia. 

Por Jaime Esponda Fernández.

diciembre 15, 2022

Por más de una década, se extiende la mayor crisis migratoria que haya vivido la humanidad desde la Segunda Guerra, caracterizada por grandes desplazamientos de personas, a causa de la violencia interna, violaciones masivas de derechos humanos o insubsistencia económica, pero que no son consideradas legalmente idóneas para recibir el estatus de refugiado. Son más de 89 millones las personas que, según la ONU, se vieron obligadas a emigrar forzosamente en 2021[1].  La crisis mundial se ha expandido a América, donde el éxodo desde Venezuela, que suma siete millones de personas[2], representa el más dramático suceso migratorio en cuarenta años, incluso de mayor envergadura que la crisis centroamericana de los años ochenta. Más de cuatrocientas cincuenta mil de esas personas se hallan en Chile.

Este es el contexto, tantas veces omitido, que desató el desborde migratorio de migrantes pobres que llegaron a Colchane en el verano de 2021, el cual ha ido descendiendo. A lo menos, veintisiete personas han fallecido, debido al rigor del viaje.

También forma parte de ese contexto el discurso de la extrema derecha sobre la crisis migratoria, que tanto en Europa como en América apuesta crecer sobre la base de fomentar en la población menos ilustrada sentimientos anti – migrantes que, elaborados, se transforman en ideologías capaces de justificar políticas xenófobas y de entorpecer políticas migratorias responsables.                                              

Como es recurrente, la crisis migratoria favorece el ingreso irregular de extranjeros al país, el tráfico de personas y, por cierto, aprovechando las falencias del control de frontera, la intrusión de un porcentaje reducido pero dañoso de grupos delincuenciales. En los últimos meses se ha redoblado la vigilancia policial en los pasos habilitados, lo cual permitió, por ejemplo, contener al centenar de personas que intentó ingresar ilegalmente por Chacalluta, aunque la prensa no destacó el éxito policial.

También, ha aumentado el despliegue de Carabineros en las zonas fronterizas, monitoreando eventuales flujos en trayectos georreferenciados. Además, el Gobierno se manifiesta “completamente disponible” a incluir las fronteras y rutas lindantes en la futura Ley de Infraestructura, lo cual permitiría que el Ejército contribuya al control de esas áreas del espacio terrestre, como lo hace la Armada sobre el espacio marítimo y la FACH respecto al espacio aéreo. 

Sin duda, pese a estas medidas, el mayor obstáculo para un control de la migración irregular lo encuentra el Gobierno en las dificultades para que los gobiernos de la Región, más allá de declaraciones de buena voluntad, como en la XX Conferencia Sudamericana sobre Migraciones[3],materialicen un acuerdo que permita la cogestión responsable y equitativa del flujo de migración forzosa desde Venezuela. 

 La profusa información y propaganda por las redes sociales que identifica la migración con el crimen y a todos los migrantes como personas peligrosas, obedece a la idea anti migratoria que anida en la extrema derecha. Lo grafica el título puesto a la bancada de diputados “Contra el Crimen Organizado y la Inmigración Ilegal“. Relacionando ambos fenómenos, como si fueran correlativos, su líder sostiene que el país vive “con homicidios prácticamente todos los días y con una inmigración ilegal que está descontrolada”[4].

Pero, junto con refutar tal infundada correlación es necesario asumir la dura realidad que muestra cómo, en medio de la inmigración irregular, se filtran pocas pero peligrosas bandas organizadas para cometer delitos violentos, incluso contra efectivos de la policía, las cuales han introducido nuevos modus operandi criminales. Su impacto es limitado. En efecto, según Gendarmería de Chile, solo un 10 % de las personas en prisión son extranjeras y el 61% de ellas se relaciona con tráfico de drogas[5]. Pero, de otro lado, el aumento de esa población penal, en el Norte Grande, ha sobrepasado porcentualmente el incremento nacional de la inmigración, lo cual es atribuible, principalmente, a la irregularidad en el ingreso al territorio nacional. Ello no ocurre en la Región Metropolitana, donde reside el 60 por cierto de la población migrante.

Con todo, de los datos se ratifica que es irresponsable la identificación generalizada de migración con delincuencia. Además, según entidades autorizadas, en nuestro país hay carencias en la información relacionada con el crimen organizado y los delitos violentos, por ejemplo, en los homicidios[6], que impiden realizar análisis más complejos. Y en cuanto a la participación de extranjeros, el fiscal nacional (s) ha sostenido que “de acuerdo a los registros (…) el 90% y más de los homicidios son cometidos por nacionales”[7].

En fin, un aspecto básico de la gobernabilidad de las migraciones, como es la inserción laboral de los migrantes, la inmensa mayoría de los cuales tienen sus papeles en regla se ve perjudicada por la identificación indiscriminada que se hace de la migración con la delincuencia. Según una investigación del Centro Nacional de Estudios Migratorios de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Talca, el 50,7% de los migrantes posee la percepción de que aquella malsana identificación genera desconfianza en sus eventuales empleadores[8].

A pesar de los evidentes esfuerzos gubernamentales para enfrentar la situación del Norte en los aspectos migratorios y de seguridad, esa engañosa campaña de politización continúa. Un ex director de Extranjería, que parece medir el éxito de una política migratoria según la cantidad de expulsiones, se queja de que solo se hubiesen realizado 471 hasta el mes de agosto. El actual Director Nacional de Migraciones ha especificado que existen “más de 1.300 procesos de expulsión” en trámite que no se han podido materializar, principalmente por problemas de notificación a cuya superación apunta un proyecto de Ley presentado por el Gobierno[9]. 

Pero no ha bastado el impulso de este proyecto, para que cese aquella campaña, ni tampoco el proyecto de Ley gubernamental que permite expulsar a los condenados extranjeros por delitos contra la Ley de drogas. Persistiendo en su empeño, los adalides de la operación han pedido se decrete el estado de excepción constitucional, aunque saben que el constituyente no lo creó para tal finalidad. Y pese a que el control de identidad se ha mostrado ineficaz para combatir el delito, se presenta en la Cámara baja un proyecto que propone la detención de extranjeros, incluso en situación de regularidad, si no pueden acreditar ésta; otro proyecto que suprime el derecho al recurso administrativo de los extranjeros con prohibición de ingreso al territorio nacional; un tercero que busca publicitar las expulsiones; y, por último, otro de la senadora Ebensperger que impide a una persona perseguida solicitar el estatus de refugiado al llegar al país. Que el norte de esta seguilla de iniciativas, desvinculadas unas de otras, no es otro que generar un ánimo anti migrante en la población lo evidencia, últimamente, la exagerada alarma provocada por las consecuencias migratorias de la situación política del Perú.

Ante la realidad que se vive en las regiones del Norte, el Derecho tiene respuestas claras. Desde luego, el Estado debe ejercer vigilancia en las fronteras, para evitar el ingreso ilegal de personas, y la actual legislación contempla que quien intente ingresar al país infringiendo los requisitos legales, “será inmediatamente reembarcado o reconducido a la frontera”[10]. Pero es también ajustado a derecho que, en situaciones de índole humanitaria, la persona que ingresa irregularmente puede ser acogida; que, en casos debidamente calificados por la Subsecretaría del Interior, se puede conceder una visa de residencia temporal a personas que no reúnen los requisitos para obtener dicho permiso; y también, que si un perseguido que ingresó al país por paso no habilitado o que se encuentra irregularmente en el país se presenta ante la autoridad migratoria y formaliza su solicitud de refugio, esta deberá ser tramitada[11].

Con todo, para enfrentar la crisis migratoria y sus eventuales repercusiones en la seguridad, más decisiva incluso que la aplicación de la legislación es la respuesta política que se le otorgue, tanto en el ámbito nacional como en el plano internacional. Esta respuesta, necesariamente, debe abordar el fenómeno migratorio en toda su complejidad y ha de formar parte de la Política Nacional Migratoria que, según ha informado el Gobierno, “se encuentra en fase de formulación”[12]. Y, aunque cause escozor a la extrema derecha, el núcleo de dicha política debe residir en la compatibilización de los intereses nacionales con el irrestricto respeto a los derechos humanos de cada persona migrante, cualquiera sea su situación migratoria. Sobre esa base, toda política migratoria, abierta o restrictiva, es aceptable para el Derecho Internacional.

Una premisa imprescindible, de acuerdo a la dura experiencia, es la gravedad que reviste la irregularidad migratoria, tanto para el Estado como para los y las migrantes: para el Estado, por ejemplo, contar con habitantes no identificables y privarse de ingresos tributarios; para la persona migrante, entre otros, su inaccesibilidad a la salud o la vivienda, o su sometimiento a la explotación laboral bajo contratos simulados. Por tanto, el combate frontal contra la irregularidad debe ser un capítulo central de toda política migratoria, en primer término, mediante un efectivo control policial de frontera, pero también mediante políticas responsables de regularización de los extranjeros sin antecedentes penales, para cuya aplicación el Ministerio del Interior se encuentra plenamente autorizado por la Ley migratoria,

Finalmente, en el plano internacional, nuestra Cancillería ha desarrollado, desde el primer día, esfuerzos por lograr de los demás países de nuestra Subregión un compromiso político concreto, para abordar cooperativamente la gobernanza del éxodo forzoso venezolano. Pero, según mi observación y sin perjuicio de los esfuerzos propios de cada gobierno, salvo los casos de Colombia, Perú y Ecuador, existe desinterés para materializar aquel compromiso, sin el cual el esfuerzo financiero de las Naciones Unidas, que alcanzará en 2023 los 1.720 millones de dólares, no será suficiente ni efectivo.


[1] ACNUR, Tendencias Globales de Desplazamiento Forzados en 2021 (2022).

[2] ACNUR y OIM, Comunicado conjunto, Ginebra, 01.12.2022

[3] Declaración de Santiago, XX Conferencia Sudamericana sobre Migraciones 14.10.22

[4] Diputado Juan Manuel Fuenzalida https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/12/13

[5] Boletín N°297, del 30 de abril del 2022, de Gendarmería de Chile, Subdirección de Reinserción Social.

[6] Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC), Avance del Informe Anual de Política Criminal y Seguridad Pública en Chile, diciembre 2022

[7]Juan Agustín Meléndez .Leído en https://www.uchile.cl/noticias/200094/presentan-avances-de-informe-de-politica-criminal-y-seguridad-publica. 13.12.2022.

[8] La 3ª. 10.12.2022.

[9] https://www.24horas.cl/actualidad/nacional/director-del-servicio-nacional-de-migraciones-hemos-iniciado-mas-de-mil-procesos. Leído el 13.12,2022

[10] Artículo 131, Ley de Migración y Extranjería

[11] Decreto Supremo N° 837, de 2011, del Ministerio del Interior, artículo 8°

[12] Dictamen de Contraloría Nº E272989 Fecha: 03-XI-2022

 

Texto publicado en: https://lamiradasemanal.cl/crisis-migratoria-y-delincuencia-por-jaime-esponda-f/ 



 

                                                      Alvaro Elizalde y Vlado Mirosevic

  ACUERDO POR CHILE

Las fuerzas políticas que suscriben el presente acuerdo lo hacen desde la convicción de que es indispensable habilitar un proceso constituyente y tener una nueva Constitución para Chile.

Estamos conscientes que hay urgencias –sociales, económicas, de seguridad pública, entre otros - así como temas importantes como la modernización del Estado y reformas al sistema político-electoral, a las que deben dedicarse tanto el gobierno como las y los parlamentarios. Respecto de estos temas, acordamos enfrentarlos en conjunto, con mesas de trabajo y propuestas concretas, comprometiendo al órgano constitucional a considerarlas.

Discutir y escribir una Constitución hoy es importante e indispensable y requiere un nivel de profesionalismo, contar con expertos y expertas; asimismo, debe hacerla un órgano distinto al Congreso, con dedicación exclusiva.

Hemos construido acuerdos, las bases para una nueva Constitución, que deberán ser consideradas como consensos mínimos en la redacción de ella; asimismo, hemos analizado distintas propuestas que permitan habilitar esta vía para una Nueva Constitución.

Así, hemos arribado a un acuerdo que se materializará a la brevedad con la presentación de un proyecto de reforma constitucional, el que contendrá lo siguiente:

I                      I. BASES CONSTITUCIONALES

El proyecto constitucional deberá contener al menos las siguientes bases institucionales y fundamentales:

1. Chile es una República democrática, cuya soberanía reside en el pueblo.

2. El Estado de Chile es unitario y descentralizado.

3. La soberanía tiene como límite la dignidad de la persona humana y los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales ratificados por el Estado de Chile y que se encuentren vigentes. La Constitución consagrará que el terrorismo, en cualquiera de sus formas, es por esencia contrario a los derechos humanos.

4. La Constitución reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, que es una e indivisible. El Estado respetará y promoverá sus derechos y culturas.

5. Chile es un Estado social y Democrático de Derecho, cuya finalidad es promover el bien común; que reconoce derechos y libertades fundamentales; y que promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal; y a través de instituciones estatales y privadas.

6. Los emblemas nacionales de Chile son la bandera, el escudo y el himno nacional.

7. Chile tiene tres poderes separados e independientes entre sí:

a) Poder Ejecutivo, con un jefe de Gobierno con iniciativa exclusiva en el gasto público.

b) Poder Judicial, con unidad jurisdiccional y con pleno respeto de las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas.

c) Poder legislativo bicameral, compuesto por un Senado y una Cámara de Diputados y Diputadas, sin perjuicio de sus atribuciones y competencias en particular.

8. Chile consagra constitucionalmente, entre otros, los siguientes órganos autónomos: Banco Central, justicia electoral, Ministerio Público y Contraloría General de la República.

9. Chile protege y garantiza derechos y libertades fundamentales como el derecho a la vida; la igualdad ante la ley; el derecho de propiedad en sus diversas manifestaciones; la libertad de conciencia y de culto; el interés superior de los niños, niñas y adolescentes; la libertad de enseñanza y el deber preferente de las familias de escoger la educación de sus hijos; entre otros.

10. Chile consagra constitucionalmente con subordinación al poder civil la existencia de las Fuerzas Armadas; y las Fuerzas de Orden y Seguridad, con mención expresa de Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones.

11. La Constitución consagra, a lo menos, cuatro estados de excepción constitucional: estado de asamblea, de sitio, de catástrofe y de emergencia.

12. Chile se compromete constitucionalmente al cuidado y la conservación de la naturaleza y su biodiversidad.

I                      II. ÓRGANOS DEL PROCESO CONSTITUCIONAL:

 Consejo Constitucional compuesto por 50 personas elegidas por votación popular directa de acuerdo con el sistema electoral aplicable a las circunscripciones senatoriales, bajo sufragio universal y obligatorio, con listas abiertas compuestas por partidos o pactos de partidos, que podrán incluir a personas independientes. El Consejo Constitucional se integrará bajo el principio de paridad de entrada y salida.

El Consejo será integrado por escaños indígenas supranumerarios, asignados de acuerdo al porcentaje de votación efectiva en la elección.

Este Consejo tendrá por único objeto discutir y aprobar una propuesta de texto de nueva Constitución, disolviéndose una vez cumplida la tarea encomendada. Las normas constitucionales propuestas se aprobarán por las 3/5 partes de las y los consejeros en ejercicio, sometiéndose la propuesta final. a una aprobación del Consejo por el mismo quórum.

Comisión Experta conformada por 24 personas de indiscutible trayectoria profesional, técnica y/o académica, de composición paritaria, elegidos 12 por la Cámara de Diputados y Diputadas y 12 por el Senado, en proporción a la representación de las distintas fuerzas políticas y aprobada por 4/7 de los miembros en ejercicio de las respectivas Cámaras. No podrán ser parte de la Comisión personas que tengan inhabilidad para ser candidatos a cargos de elección popular.

Este órgano tendrá a su cargo la redacción de un anteproyecto que servirá de base para la discusión y redacción del nuevo texto constitucional, al estilo de una idea matriz del mismo. Las decisiones de la Comisión se tomarán por un quórum de 3/5 de sus miembros.

La Comisión iniciará sus funciones en enero del año 2023 y se incorporará al Consejo Constitucional, pudiendo sus integrantes hacer uso de la palabra en todas las instancias.

Una vez evacuada la propuesta de texto de la Nueva Constitución y previa armonización, el Comité Experto entregará su informe al Consejo Constitucional; en dicho informe podrá formular propuestas que mejoren la redacción y comprensión de normas del texto. Estas deberán ser conocidas por el Consejo Constitucional y serán votadas según las reglas siguientes: se entenderán aprobadas las propuestas de normas si cumplen con el quórum de 3/5 de sus miembros en ejercicio. Por el contrario, las propuestas de normas se entenderán rechazadas cada una por las 2/3 partes de los miembros en ejercicio. Todas aquellas propuestas que no se encuentran en alguna de circunstancias anteriores, se resolverán mediante una Comisión Mixta, compuesta por doce personas, entre expertos y consejeros por partes iguales, que conocerán de la controversia y que se resolverá con el voto de las 3/5 partes de dicha instancia. En caso de no lograr dicho quórum, la Comisión Experta, dentro del plazo de 5 días, por 3/5 partes de sus miembros, presentará una nueva propuesta al Consejo Constitucional para que se conforme a las reglas generales.

Comité Técnico de Admisibilidad compuesto por 14 personas, juristas de destacada trayectoria profesional y/o académica, que serán elegidas por el Senado en virtud de una propuesta única que le formulará la Cámara de Diputados y Diputadas. Ambas votaciones deberán contar con el apoyo de 4/7 de los miembros en ejercicio. Este Comité Técnico de Admisibilidad tendrá a su cargo la revisión de las normas aprobadas en las distintas instancias que se presenten en la Comisión Experta y/o el Consejo Constitucional, a fin de determinar una eventual inadmisibilidad de éstas cuando sean contrarias a las bases institucionales

Podrá pronunciarse a requerimiento fundado de una quinta parte del Consejo Constitucional; o de dos quintas partes de la Comisión Experta. El Comité resolverá conociendo los antecedentes de derecho, aplicando las bases constitucionales, conforme a las normas e interpretación constitucional. Sus resoluciones se adoptarán dentro de tercero día, ampliándose por cinco días más para incorporar los fundamentos, por la mayoría absoluta de sus integrantes y no serán recurribles ante órgano alguno, nacional ni internacional. En caso de acogerse la inadmisibilidad, la norma impugnada no podrá incorporarse en el texto constitucional. En caso de que la vulneración consista en la omisión de alguna de las bases institucionales, y previo requerimiento, el Comité de Admisibilidad le instruirá a la Comisión Experta la redacción de una propuesta, la que será deliberada por el Consejo Constitucional conforme a las reglas generales.

 I                      III. PLEBISCITO RATIFICATORIO

 La propuesta final de Nueva Constitución deberá ser ratificada o rechazada por la ciudadanía mediante un plebiscito con voto obligatorio.

IV. ITINERARIO CONSTITUCIONAL a. Enero 2023: Instalación de Comisión Experta.

b. Abril de 2023: Elección de Consejeros y Consejeras Constitucionales, con voto obligatorio.

c. 21 de mayo de 2023: Instalación del Consejo Constitucional.

d. 21 de octubre de 2023: Entrega proyecto de Constitución de la República de Chile.

e. 26 de noviembre de 2023: Plebiscito ratificatorio con voto obligatorio.

 El proyecto de reforma constitucional se ingresará a la brevedad, por moción parlamentaria que se presentará en la H. Cámara de Diputados y Diputadas, y se solicitará al Ejecutivo, discusión inmediata de manera tal de que el itinerario que se propone sea factible:

PARTIDOS POLÍTICOS QUE SUSCRIBEN:

RENOVACION NACIONAL

UNION DEMOCRATA INDEPENDIENTE

EVOLUCION POLITICA

PARTIDO DEMOCRATA CRISTIANO

PARTIDO RADICAL DE CHILE

PARTIDO LIBERAL DE CHILE

PARTIDO POR LA DEMOCRACIA

PARTIDO SOCIALISTA DE CHILE

PARTIDO COMUNISTA DE CHILE

PARTIDO COMUNES

FEDERACION REGIONALISTA VERDE SOCIAL

CONVERGENCIA SOCIAL

REVOLUCION DEMOCRATICA

ACCION HUMANISTA

MOVIMIENTOS

AMARILLOS POR CHILE

DEMOCRATAS

UNIR

Congreso Nacional, Santiago de Chile, 12 de diciembre de 2022.

jueves, 29 de noviembre de 2018

TELETÓN: DISCAPACITADOS OBJETOS DE BENEFICENCIA O SUJETOS DE DERECHOS


TELETÓN: DISCAPACITADOS OBJETO DE BENEFICENCIA O SUJETOS DE DERECHOS

Nuevamente, como pasa todos los fines años desde 1978, hace 40 años, nos vemos enfrentados a un singular acontecimiento psicosocial como es la Teletón.

No se trata de caer en el facilismo de criticar a esta obra  benéfica, negando toda su labor. Los fines prácticos se cumplen con creces: recibir cuantiosas donaciones para desarrollar una gestión filántropa que es sin duda eficiente, el rehabilitar niños y adultos con diversas discapacidades.

Desde mi punto de vista, la crítica es hacia la forma en que se consiguen esos fines y cómo se aborda el sentido de la discapacidad.

En primer lugar, la inmensa campaña publicitaria ligada a las empresas más grandes de nuestro país, que ofertan sus productos vinculados a esta “acción de amor”, es desde ya cuestionable, porque si bien es cierto que esos fondos efectivamente llegan a la Teletón, el acto filantrópico o de Responsabilidad Social, no es tan puro, ya que esas empresas  descuentan de impuestos esas donaciones, por lo que, sumando y restando,  las empresas no pierden, no sufren ninguna merma de su patrimonio, lo recuperan todo, además de obtener pingües ganancias con el aumento en las ventas de aquellos productos vinculados a la campaña.

En segundo lugar, la sociedad chilena entra en un estado de solidaridad compulsiva, en el cual los medios de comunicación incentivan el afloramiento de los sentimientos más nobles del ser humano- pero también los más básicos – la compasión por el otro, por el que sufre, la piedad por el desvalido,  – aunque el resto del año seamos unos insensibles, en las “27 horas de amor” cumplimos con nuestra cuota de humanidad. Pero la  gente más pobre, nuestra clase media, que es acosada por la publicidad para que colabore, so pena de ser catalogada de inhumana, es la que realmente se mete la mano al escuálido bolsillo, y dona parte de su sueldo, pero no recupera nada, simplemente la satisfacción de dar, pero impelida por un ambiente psicológico de exacerbación de la caridad.

En tercer lugar, la Teletón aparece como el prototipo de la beneficencia y asistencialismo más clásico, que contribuye  a perpetuar la lástima pública y las actitudes conmiserativas. Los niños beneficiados son simplemente objetos de la caridad pública, de la beneficencia, de la benevolencia de los demás, son seres diferentes, a quienes se les soluciona un problema individualmente. Bajo ningún concepto, la Teletón se pone en la perspectiva que sus beneficiarios, son “sujetos de derechos”.  No está en su catálogo de preocupaciones el que las personas con discapacidad son ciudadanos activos,  no enfermos  incapaces de tomar decisiones de forma autónoma, o de tener un desarrollo en forma independiente, y que son idóneos para aportar al  bienestar común  de la sociedad.

La Teletón administra el individualismo, la pasividad de la piedad, no se preocupa por incentivar la organización social de las personas con discapacidad ni de sus familias, por lo tanto no los empodera para exigir que se les reconozcan sus derechos inalienables. La Teletón hace caso omiso, de que existe una “Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 13 de Diciembre de 2006, que dice en su preámbulo, “…El propósito de la presente Convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente”.

La Teletón, desde su óptica benéfica, cumple con sus propósitos. Pero los resultados del  Censo 2012, en materia de discapacidad, revelan que en Chile la población con una o más discapacidades es de 2.119.316 personas, lo que equivale al 12,7% del total de habitantes del país. El problema está en que la fórmula Teletón no es la solución todo ese universo de discapacitados – ni tiene por qué serlo -.  Por su parte el  Estado chileno, en la práctica,  no se hace cargo de su deber de garantizar los derechos de las personas con discapacidad, a pesar que en el año  2008 ratificó la Convención Internacional y su protocolo facultativo, y posteriormente, en el año 2010 el Gobierno promulga la Ley N° 20.422 que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad.

Las políticas públicas siguen siendo son limitadas e insuficientes y continúan teniendo un sesgo asistencialista y paternalista, de manera que la respuesta es insuficiente, al no reconocer debidamente a las personas con discapacidad como ciudadanos sujetos y empoderados de sus derechos.

La sociedad civil, las organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, los partidos políticos, deben asumir esta realidad, promover un dialogo amplio, sincero, sin descalificar las diversas opciones, pero poniendo como eje fundamental una mirada de derechos y no solo una visión de beneficencia o de caridad individual.

Ronald Wilson


lunes, 19 de noviembre de 2018

ARAUCO INDÓMITO, UNA GUERRA INCONCLUSA



ARAUCO INDÓMITO: UNA GUERRA INCONCLUSA
…la gente que produce es tan granada,
tan soberbia, gallarda y belicosa,
que no ha sido por rey jamás regida
ni a estranjero dominio sometida...

(La Araucana. Alonso de Ercilla)

Las decenas de víctimas mapuches en las últimas dos décadas no son solo la suma de enfrentamientos violentos entre las comunidades mapuches y las fuerzas de orden.

Estos enfrentamientos con los comuneros mapuches son episodios reeditados  de la Pacificación de la Araucanía, en la cual está empeñado el Estado de Chile desde mediados del siglo XIX, o quizás son rebrotes de una Guerra de Arauco, nunca finalizada.

La política del Estado chileno que fue irónicamente denominada “Pacificación de la Araucanía”, tenía como objetivo incorporar a la plena soberanía del Estado los territorios comprendidos entre los ríos Bio Bío, por el norte y Toltén por el sur. Tierras ancestrales habitadas por los pueblos picunches, huilliches, cuncos, pehuenches y mapuches. Desde la Conquista hasta obtenida la Independencia e instaurada la República, el pueblo mapuche nunca pudo ser vencido ni doblegado. Los territorios tras la Frontera sur del río Bio Bío, lo que hoy en integra parte de la Región de Bio Bío y la Araucanía, quedaron en una situación de statu quo, dando por hecho que pertenecían a Chile, pero sin una presencia efectiva del Estado, en el cual los pueblos originarios siguieron desarrollando su vida tradicional en relativa convivencia con las autoridades nacionales.

Es a partir de un hecho casi anecdótico de nuestra historia, como es la aparición en la zona de un personaje novelesco como es Orelie Antoine de Tounens, quien se proclama Rey de la Araucanía, en 1861, que hizo caer en cuenta al Gobierno de la época que era necesario adoptar una decisión estratégica de anexión de la Araucanía. A pesar que la aventura de Orelie Antoine I, no tuvo ninguna consecuencia política, las autoridades deciden aplicar un plan de ocupación territorial de los territorios mapuches, propuesto por el General Cornelio Saavedra.  Fue el plan de “Pacificación de la Araucanía”.

Según la historia oficial, este plan incluyó acciones militares de ocupación de los territorios, además de una supuesta penetración pacífica mediante el traspaso de los avances de la “civilización” a dichas tierras mediante la fundación de ciudades, construcción de caminos, incorporación del  telégrafo,  y un plan de educación y salud con la creación de escuelas y hospitales.

En una primera etapa el General Cornelio Saavedra ocupa hasta el río Malleco y funda Angol, Mulchén y Lebu en 1862. Por la costa avanza hasta el río Toltén. Durante la Guerra del Pacífico el Ejército se concentró en las campañas del norte, situación que es aprovechada por los mapuches para lanzar una contraofensiva en 1880 que significó reconquistar parte de los territorios ocupados. Una vez terminada la Guerra del Pacifico y desmovilizado el Ejército, el Gobierno ordena retomar en forma definitiva la segunda etapa de la Pacificación de la Araucanía.

Es esta campaña se construyen o reconstruyen otras ciudades como Villarrica, Carahue, Temuco e Imperial.

En los hechos, la Pacificación de la Araucanía fue una ocupación brutal y violenta, una acción militar que a sangre, fuego y alcohol  pretendió doblegar a un pueblo jamás vencido. Esta nueva guerra contra el pueblo mapuche es  emprendida por gobiernos democráticos de una República independiente y pujante económicamente, se hace mediante los más modernos armamentos disponibles en la época, con un Ejército con toda la experiencia adquirida en la Guerra del Pacífico. El éxito militar estaba garantizado. Las estrategias de “persuasión” también obtuvieron renombrado éxito.

Sin embargo, la historia oficial omite que la Pacificación de la Araucanía fue un genocidio del pueblo mapuche, que usurpó sus tierras a nombre del Estado de Chile, y las entregó a título gratuito a diversos personajes ávidos de riqueza que se ofrecieron como colonos -chilenos o extranjeros-  para hacer patria incorporando de esa forma esas tierras salvajes a la civilización y al desarrollo capitalista que gozaba el resto de la República.

Al respecto, recuerdo que mi abuelo, el Reverendo William Wilson, Pastor Anglicano y médico, que llegó a Chol Chol a principios del siglo XX, convirtiéndose en un gran defensor de la causa mapuche, contaba cómo esos nuevos dueños de los latifundios construidos en base a las tierras comunales mapuches, encargaban a bandas de forajidos para que salieran a cazar indios, y por cada oreja cortada de un indio muerto pagaban para despejar la zona de esa plaga aborigen. Todo eso con la solícita protección del Ejército de Chile que imponía el orden y de esa manera aseguraba una pacífica incorporación de esos territorios al Estado de Chile.

La muerte de tantos comuneros mapuches en actos de violencia producidos en los últimos años, indican que la Pacificación de la Araucanía no ha terminado. Hoy los descendientes de esos colonos que usurparon las tierras ancestrales de los mapuches, se han convertido en grandes empresas forestales, destruyendo las tierras de cultivo y contaminando ríos y napas subterráneas, que son el corazón de la cosmovisión del pueblo mapuche, que vincula indisolublemente la vida humana con la sustentabilidad de la naturaleza. Cada día ese pueblo es acorralado, perseguido, ignorado, desconocido, como si nunca hubieran existido, o como si nunca hubieran pertenecido a esos territorios, como si fueran extraños o invasores venidos de otras latitudes.

Ese silencio de las autoridades y de la sociedad chilena, que solo ve la superficie de los hechos y condena la reciedumbre mapuche, los actos de resistencia como métodos inadecuados o terroristas,  no es capaz de comprender la profundidad de un drama histórico, la enajenación cultural de un pueblo con una historia bastante más antigua que nueva vida republicana.

Nuestros gobiernos democráticos en pleno siglo XXI son incapaces de asumir una responsabilidad histórica frente al pueblo mapuche y se limitan a respuestas burocráticas, como es la creación de la CONADI, la aplicación amañada del Convenio 169 de la OIT,  con  leyes que si bien representan avances,  con planes de variada índole que no enfrentan el problema de fondo, simplemente porque no va a la causa del conflicto,  que no es otro sino es  reconocer con coraje una verdad histórica, que Chile es un Estado Plurinacional.

El Estado de Chile debe hacer un gesto de nobleza, más allá de los reconocimientos constitucionales y de políticas de desarrollo, en beneficio a las distintas etnias. Debería nombrar una Comisión que rescate la verdad histórica respecto a la llamada Pacificación de la Araucanía y cómo los mapuches fueron expulsados de sus tierras. No estamos hablando  de hechos sucedidos hace trescientos años, son acontecimientos que aún se conservan en la memoria histórica de un pueblo. Se trata de reivindicar la dignidad y nobleza de un pueblo, de restaurar sus derechos, de reconocer su pertenencia a un territorio que es la base de su cultura y su cosmovisión, la tierra de sus ancestros.

Los jóvenes  y mujeres mapuches que resisten conocen de esos hechos luctuosos no porque los estudiaron en libros de historia, sino porque los escucharon de sus abuelas, y ellas de sus madres, cómo les quitaron sus tierras y los lanzaron  a la ignominia de ser extraños en su propio terruño.

Chile como país legalista puede perfectamente reconstruir esa historia, determinar cómo se produjo esa expropiación forzada, a qué comunidades pertenecía cada propiedad actual, no con un afán de revertir todo, ni de reconstruir un pasado, sino simplemente de reconocer que pasó y cómo pasó. Que el Estado de Chile pida perdón por esas acciones, y acuerde una real devolución de tierras, y si no es posible su restitución, se indemnice adecuadamente a las familias  o comunidades originariamente dueñas de esos territorios del Wallmapu.

Se trata que en un acto institucional se deje constancia de una verdad y partir de allí comenzar a trabajar mancomunadamente para finalizar con esa guerra no concluida, establecer la paz, restablecer la justicia y la dignidad de un pueblo mancillado.

Los últimos luctuosos acontecimientos que terminan con el ajusticiamiento de Camilo Catrillanca, y una vergonzosa suma de delitos y desacatos cometidos por Carabineros que actúa como fuerza de ocupación,   hacen urgente adoptar medidas efectivas. El Estado de Chile debe terminar definitivamente con la militarización de la Araucanía, eliminar la pretensión que con fuerzas represivas de alto impacto, como el Comando Jungla puede solucionar un problema histórico, como tampoco lo es posible con planes de buena vecindad,  por muy bien inspirados que estén.

Un conflicto con raíces profundas es necesario el repensarlo  con generosidad y audacia a través de soluciones reales, y no ficticias. Esas soluciones tienen nombre, territorios, soberanía, autonomía, reconocimiento político.

Ronald Wilson
(Texto publicado originalmente en 2015, reeditado en Noviembre de 2018)