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ROL DE LAS FUERZAS ARMADAS EN LA CRISIS MIGRATORIA
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jueves, 29 de diciembre de 2022
jueves, 22 de diciembre de 2022
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EL ROL DE LAS FUERZAS ARMADAS EN LA CRISIS MIGRATORIA
Respecto a las declaraciones del Senador José Miguel Insulza sobre las FFAA y control de fronteras, en que afirmó: "Con mucha franqueza, soy partidario de poner al Ejército en la frontera"…..“O se aumentan carabineros en fronteras o se crea una policía especial, o se le entrega al Ejército. La frontera marítima está en manos de la Marina, la aérea en manos de la FACH. ¿Por qué la frontera terrestre no va a poder ser custodiada por el Ejército?” …se ha creado una discusión bastante polarizada. Pero creo que habría que hacer un análisis a fondo al respecto con personas que entiendan de Seguridad y Defensa, y personas que entiendan de Migraciones, si no es un diálogo de sordos, que no avanza.
Sobre el Decreto 265 que en su Artículo primero expresa: "Autorizase la colaboración de la Fuerzas Armadas con las autoridades civiles y policiales competentes para actuar en relación a actividades que se vinculen con el tráfico ilícito de migrantes, y al narcotráfico y crimen organizado transnacional, en el marco de las facultades que la Constitución y la ley les otorguen, en zonas fronterizas del territorio nacional. El Ministro del Interior y Seguridad Pública evaluará la forma en que las policías emplean la colaboración mencionada y se coordinará con el Ministro de Defensa Nacional para la eficacia de la misma".
El 13 de agosto de 2019 se publicó el Decreto N° 265, cuyo objetivo es disponer la colaboración de las Fuerzas Armadas con las autoridades civiles y policiales en las áreas de logística, transporte y tecnología en relación a las actividades que se vinculen al narcotráfico y crimen organizado transnacional. En virtud de ese decreto se generó la planificación y ejecución de los apoyos a la Unidad de Coordinación Estratégica Norte (UCE-N), en la Macrozona Norte, conducida por el Comandante del Comando Conjunto Norte.
A enero de 2021, esta operación lleva alrededor de 1.800 operaciones ejecutadas en las que han participado más de 17.000 efectivos de las Fuerzas Armadas. Casi la totalidad de las operaciones han sido de carácter tecnológico, con medios humanos y sensores optrónicos, para facilitar la detección diurna y nocturna de actividades ilegales en las zonas fronterizas con Perú y Bolivia en el norte del país. la firma de este decreto se permite que la logística y los elementos técnicos y estratégicos que las FFAA tiene para su labor habitual se pongan a disposición de Carabineros y la PDI para lograr este objetivo.
Está claro que
nadie está pensando en entregar el "control migratorio" a los militares. Distinto
es el control fronterizo que lo tienen todas las FFAA de tierra, mar y aire.
Una presencia más visible del Ejército en la frontera norte tiene una función
disuasiva del crimen organizado, entre lo cual puede estar el tráfico y trata
de migrantes.
El acrecentamiento de los intentos de migrantes irregulares por ingresar a Chile por pasos no habilitados, podría llegar a implicar que la Carabineros o PDI no tengan la capacidad suficiente de controlar e impedir los ingresos de números significativos de personas, siendo superados en sus esfuerzos, además Carabineros y PDI no contaría con personal suficiente para efectuar el control y re direccionamiento de los infractores, en cuyo caso una colaboración del Ejercito puede ser positiva, dado además el apoyo a través del uso de Tecnología, Transporte y Logística.
Por otro lado,
las bandas organizadas de tráfico de personas son capaces de vulnerar las barreras físicas
instaladas en frontera, posibilitando el cruce masivo de personas, tanto de a
pie como en vehículos motorizados, lo que no sería posible de controlar por las
fuerzas mixtas destacadas en el límite político internacional con Perú y
Bolivia, impactando directamente en las localidades más cercanas a la frontera,
en particular las comunas de Arica, Colchane, Huara e Iquique, como en los
destinos finales de los migrantes, en la zona central del país.
El aumento del
ingreso de droga por parte de organizaciones criminales, además de delincuentes
que se integrarían a bandas delictuales existentes en el país, o que crearían
sus propios grupos delictuales, es parte de los riesgos de esta crisis en la
frontera.
Todo esto ocasionaría un posible colapso e incapacidad de las policías para controlar y
contener flujos masivos de migrantes irregulares, ingresando por diversos pasos
a territorio chileno en forma sucesiva y permanente, oportunidad que permitiría
que Organizaciones Criminales Transnacionales, ingresen a territorio nacional
cantidades significativas de drogas, como también de armas, para satisfacer
necesidades propias de seguridad, o de demandas de bandas delictuales
locales. Sumado a esto, ingresarían delincuentes experimentados que
inicialmente se instalarían en la ciudad de Iquique y Alto Hospicio, aumentando
los niveles delictuales, y la violencia empleada al cometer delitos.
En opinión de
Nicolás Torrealba Jefe de Gabinete del Servicio de Migraciones plantea que, “El
control de la frontera hoy lo realiza Carabineros en lo terrestre y la Armada
en lo marítimo El control migratorio seguirá en PDI y nadie ha planteado
modificarlo Las fuerzas policiales están siendo necesitadas en las
ciudades, por lo que no parece una locura poder liberarlos de las funciones que
hoy tienen en el control de la frontera”…..”Creo que es bueno abrirse al debate
de este tema y dar otras funciones a las FFAA. Sin duda que no es un proceso de un día para
otro, requiere buena preparación en DDHH, atención a la población civil,
participación en emergencias, etc, Sin tener una opinión categórica al respecto,
creo que el debate es necesario” …
Desde siempre
las FFAA han cumplido un rol no escrito en ninguna Ley ni en la Constitución de
colaboración social y humanitaria en todas las catástrofes, terremotos,
incendios forestales, aluviones, inundaciones, emergencias sanitarias, COVID…
las FFAA en democracia bajo el poder civil tienen mucho espacio en que
actuar.
jueves, 15 de diciembre de 2022
Crisis migratoria y delincuencia.
Por Jaime Esponda Fernández.
diciembre 15, 2022
Por más de una década, se
extiende la mayor crisis migratoria que haya vivido la humanidad desde la
Segunda Guerra, caracterizada por grandes desplazamientos de personas, a causa
de la violencia interna, violaciones masivas de derechos humanos o insubsistencia
económica, pero que no son consideradas legalmente idóneas para recibir el
estatus de refugiado. Son más de 89 millones las personas que,
según la ONU, se vieron obligadas a emigrar forzosamente en 2021[1].
La crisis mundial se ha expandido a América, donde el éxodo desde Venezuela,
que suma siete millones de personas[2],
representa el más dramático suceso migratorio en cuarenta años, incluso de
mayor envergadura que la crisis centroamericana de los años ochenta. Más
de cuatrocientas cincuenta mil de esas personas se hallan en Chile.
Este es el contexto, tantas veces
omitido, que desató el desborde migratorio de migrantes pobres que llegaron a
Colchane en el verano de 2021, el cual ha ido descendiendo. A lo menos,
veintisiete personas han fallecido, debido al rigor del viaje.
También forma parte de ese
contexto el discurso de la extrema derecha sobre la crisis migratoria, que
tanto en Europa como en América apuesta crecer sobre la base de fomentar en la
población menos ilustrada sentimientos anti – migrantes que, elaborados, se
transforman en ideologías capaces de justificar políticas xenófobas y de
entorpecer políticas migratorias
responsables.
Como es recurrente, la crisis
migratoria favorece el ingreso irregular de extranjeros al país, el tráfico de
personas y, por cierto, aprovechando las falencias del control de frontera, la
intrusión de un porcentaje reducido pero dañoso de grupos delincuenciales.
En los últimos meses se ha redoblado la vigilancia policial en los pasos
habilitados, lo cual permitió, por ejemplo, contener al centenar de personas
que intentó ingresar ilegalmente por Chacalluta, aunque la prensa no destacó el
éxito policial.
También, ha aumentado el despliegue de Carabineros en las zonas fronterizas, monitoreando eventuales flujos en trayectos georreferenciados. Además, el Gobierno se manifiesta “completamente disponible” a incluir las fronteras y rutas lindantes en la futura Ley de Infraestructura, lo cual permitiría que el Ejército contribuya al control de esas áreas del espacio terrestre, como lo hace la Armada sobre el espacio marítimo y la FACH respecto al espacio aéreo.
Sin duda, pese a estas medidas,
el mayor obstáculo para un control de la migración irregular lo encuentra el
Gobierno en las dificultades para que los gobiernos de la Región, más allá de
declaraciones de buena voluntad, como en la XX Conferencia Sudamericana sobre
Migraciones[3],materialicen
un acuerdo que permita la cogestión responsable y equitativa del flujo de
migración forzosa desde Venezuela.
Pero, junto con refutar tal
infundada correlación es necesario asumir la dura realidad que muestra cómo, en
medio de la inmigración irregular, se filtran pocas pero peligrosas bandas
organizadas para cometer delitos violentos, incluso contra efectivos de la
policía, las cuales han introducido nuevos modus operandi criminales.
Su impacto es limitado. En efecto, según Gendarmería de Chile, solo un 10 % de
las personas en prisión son extranjeras y el 61% de ellas se relaciona con
tráfico de drogas[5].
Pero, de otro lado, el aumento de esa población penal, en el Norte Grande, ha
sobrepasado porcentualmente el incremento nacional de la inmigración, lo cual es
atribuible, principalmente, a la irregularidad en el ingreso al territorio
nacional. Ello no ocurre en la Región Metropolitana, donde reside el 60 por
cierto de la población migrante.
Con todo, de los datos se
ratifica que es irresponsable la identificación generalizada de migración con
delincuencia. Además, según entidades autorizadas, en nuestro país hay
carencias en la información relacionada con el crimen organizado y los delitos
violentos, por ejemplo, en los homicidios[6],
que impiden realizar análisis más complejos. Y en cuanto a la participación de
extranjeros, el fiscal nacional (s) ha sostenido que “de acuerdo a los
registros (…) el 90% y más de los homicidios son cometidos por nacionales”[7].
En fin, un aspecto básico de la
gobernabilidad de las migraciones, como es la inserción laboral de los
migrantes, la inmensa mayoría de los cuales tienen sus papeles en regla se ve
perjudicada por la identificación indiscriminada que se hace de la migración
con la delincuencia. Según una investigación del Centro Nacional de
Estudios Migratorios de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de
Talca, el 50,7% de los migrantes posee la percepción de que aquella malsana
identificación genera desconfianza en sus eventuales empleadores[8].
A pesar de los evidentes
esfuerzos gubernamentales para enfrentar la situación del Norte en los aspectos
migratorios y de seguridad, esa engañosa campaña de politización continúa. Un
ex director de Extranjería, que parece medir el éxito de una política
migratoria según la cantidad de expulsiones, se queja de que solo se hubiesen
realizado 471 hasta el mes de agosto. El actual Director Nacional de
Migraciones ha especificado que existen “más de 1.300 procesos de
expulsión” en trámite que no se han podido materializar, principalmente por
problemas de notificación a cuya superación apunta un proyecto de Ley
presentado por el Gobierno[9].
Pero no ha bastado el impulso de este proyecto, para que cese aquella campaña, ni tampoco el proyecto de Ley gubernamental que permite expulsar a los condenados extranjeros por delitos contra la Ley de drogas. Persistiendo en su empeño, los adalides de la operación han pedido se decrete el estado de excepción constitucional, aunque saben que el constituyente no lo creó para tal finalidad. Y pese a que el control de identidad se ha mostrado ineficaz para combatir el delito, se presenta en la Cámara baja un proyecto que propone la detención de extranjeros, incluso en situación de regularidad, si no pueden acreditar ésta; otro proyecto que suprime el derecho al recurso administrativo de los extranjeros con prohibición de ingreso al territorio nacional; un tercero que busca publicitar las expulsiones; y, por último, otro de la senadora Ebensperger que impide a una persona perseguida solicitar el estatus de refugiado al llegar al país. Que el norte de esta seguilla de iniciativas, desvinculadas unas de otras, no es otro que generar un ánimo anti migrante en la población lo evidencia, últimamente, la exagerada alarma provocada por las consecuencias migratorias de la situación política del Perú.
Ante la realidad que se vive en
las regiones del Norte, el Derecho tiene respuestas claras. Desde luego, el
Estado debe ejercer vigilancia en las fronteras, para evitar el ingreso ilegal
de personas, y la actual legislación contempla que quien intente ingresar al
país infringiendo los requisitos legales, “será inmediatamente reembarcado o
reconducido a la frontera”[10].
Pero es también ajustado a derecho que, en situaciones de índole humanitaria,
la persona que ingresa irregularmente puede ser acogida; que, en casos
debidamente calificados por la Subsecretaría del Interior, se puede conceder
una visa de residencia temporal a personas que no reúnen los requisitos para
obtener dicho permiso; y también, que si un perseguido que ingresó al país por
paso no habilitado o que se encuentra irregularmente en el país se presenta
ante la autoridad migratoria y formaliza su solicitud de refugio, esta deberá
ser tramitada[11].
Con todo, para enfrentar la
crisis migratoria y sus eventuales repercusiones en la seguridad, más decisiva
incluso que la aplicación de la legislación es la respuesta política que se le
otorgue, tanto en el ámbito nacional como en el plano internacional. Esta
respuesta, necesariamente, debe abordar el fenómeno migratorio en toda su
complejidad y ha de formar parte de la Política Nacional Migratoria que, según
ha informado el Gobierno, “se encuentra en fase de formulación”[12].
Y, aunque cause escozor a la extrema derecha, el núcleo de dicha política debe
residir en la compatibilización de los intereses nacionales con el irrestricto
respeto a los derechos humanos de cada persona migrante, cualquiera sea su
situación migratoria. Sobre esa base, toda política migratoria,
abierta o restrictiva, es aceptable para el Derecho Internacional.
Una premisa imprescindible, de
acuerdo a la dura experiencia, es la gravedad que reviste la irregularidad
migratoria, tanto para el Estado como para los y las migrantes: para el Estado,
por ejemplo, contar con habitantes no identificables y privarse de ingresos
tributarios; para la persona migrante, entre otros, su inaccesibilidad a la
salud o la vivienda, o su sometimiento a la explotación laboral bajo contratos
simulados. Por tanto, el combate frontal contra la irregularidad debe
ser un capítulo central de toda política migratoria, en primer término,
mediante un efectivo control policial de frontera, pero también mediante
políticas responsables de regularización de los extranjeros sin antecedentes
penales, para cuya aplicación el Ministerio del Interior se encuentra
plenamente autorizado por la Ley migratoria,
Finalmente, en el plano
internacional, nuestra Cancillería ha desarrollado, desde el primer día,
esfuerzos por lograr de los demás países de nuestra Subregión un compromiso
político concreto, para abordar cooperativamente la gobernanza del éxodo
forzoso venezolano. Pero, según mi observación y sin perjuicio de los esfuerzos
propios de cada gobierno, salvo los casos de Colombia, Perú y Ecuador, existe
desinterés para materializar aquel compromiso, sin el cual el esfuerzo
financiero de las Naciones Unidas, que alcanzará en 2023 los 1.720
millones de dólares, no será suficiente ni efectivo.
[1] ACNUR,
Tendencias Globales de Desplazamiento Forzados en 2021 (2022).
[2] ACNUR
y OIM, Comunicado conjunto, Ginebra, 01.12.2022
[3] Declaración
de Santiago, XX Conferencia Sudamericana sobre Migraciones 14.10.22
[4] Diputado
Juan Manuel Fuenzalida
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/chile/2022/12/13
[5] Boletín
N°297, del 30 de abril del 2022, de Gendarmería de Chile, Subdirección de
Reinserción Social.
[6] Facultad
de Gobierno de la Universidad de Chile, Centro de Estudios en Seguridad
Ciudadana (CESC), Avance del Informe Anual de Política Criminal y Seguridad
Pública en Chile, diciembre 2022
[7]Juan
Agustín Meléndez .Leído en https://www.uchile.cl/noticias/200094/presentan-avances-de-informe-de-politica-criminal-y-seguridad-publica.
13.12.2022.
[8] La
3ª. 10.12.2022.
[9] https://www.24horas.cl/actualidad/nacional/director-del-servicio-nacional-de-migraciones-hemos-iniciado-mas-de-mil-procesos.
Leído el 13.12,2022
[10] Artículo
131, Ley de Migración y Extranjería
[11] Decreto
Supremo N° 837, de 2011, del Ministerio del Interior, artículo 8°
[12] Dictamen
de Contraloría Nº E272989 Fecha: 03-XI-2022
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