CONVERSATORIO DERECHOS DEL CONSUMIDOR Y CONSUMO RESPONSABLE. JUEVES 5 DE ENERO 2023, A LA 19.00 HRS. PARTICIPA A TRAVÉS DE FACEBOOK LIVE Y YOUTUBE DEL INSTITUTO IGUALDAD
jueves, 29 de diciembre de 2022
martes, 27 de diciembre de 2022
DIPLOMACIA CIUDADANA
LA SOCIEDAD CIVIL COMO ACTOR GLOBAL
En materia de procesos
internacionales, se pueden mencionar como hitos fundamentales, los procesos de
integración regional que se vienen realizando desde hace décadas en América
Latina. Los intentos integracionistas de la región han sufrido avances y
retrocesos, pero sabemos fehacientemente que una integración regional pertinente
puede contribuir a preservar para las generaciones futuras bienes públicos
globales como el clima y el medio ambiente y simultáneamente aportar a un mayor
desarrollo a nivel global, pero esta máxima en la Región ha sido dificultosa
como herencia de nuestra propia historia.
Algunos de los principales foros
regionales de integración que se han implementado y mantenido con relativo
éxito, son la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la
Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), el Mercado Común del Sur (MERCOSUR),
el Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe del
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Comunidad
Andina (CAN), el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), la Comunidad
del Caribe (CARICOM), la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra
América (ALBA) y la Asociación Independiente de América Latina y el Caribe
(AILAC). [2]
Quizás las iniciativas que han
suscitado mayores niveles de involucramiento y mayor interés desde la sociedad civil
han sido las propuestas sobre el desarrollo sostenible. Los Objetivos de
Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas (ODM) fueron un intento
fundamental a través de la elaboración de ocho objetivos, por los cuales los
Estados Miembros de las Naciones Unidas acordaron alcanzar una meta de
Desarrollo para 2015. Estos ODM fueron firmados en septiembre de 2000,
comprometiendo a los dirigentes mundiales a luchar contra la pobreza, el
hambre, la enfermedad, el analfabetismo, el deterioro del medio ambiente y la
discriminación contra la mujer.
En el año 2015 se realizó la
Cumbre de Desarrollo Sostenible y elaboró una nueva Agenda 2030 que contiene
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Estos Objetivos pretenden ampliar los
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y alcanzar aquellos objetivos que no
se cumplieron en la primera agenda. La idea central es que todos los países,
con independencia de su nivel de desarrollo o riqueza, se comprometan a
promover el desarrollo y a proteger el medioambiente. Aunque los Objetivos de
Desarrollo Sostenible no son obligatorios, cada país asume la responsabilidad
de trabajar por su cumplimiento.
El desarrollo de estos procesos
ha permitido, progresivamente, una mayor participación de las Organizaciones de
la Sociedad Civil en los procesos multilaterales de negociación como actores
políticos, aunque con una influencia limitada sobre los sujetos tradicionales
de las relaciones internacionales. Las razones de esta dificultad derivan tanto
de las falencias propias de las organizaciones multilaterales, como de la
naturaleza heterogénea de las OSC. Subyacen en estas problemáticas diferentes lógicas,
como las tensiones entre capacidades universales e intereses particulares,
multilateralismo y unilateralismo, hegemonía y gobernanza, mercado y Estado,
mercado y sociedad, sociedad civil y Estado, globalización y localismo, entre
otros.
Diplomacia Ciudadana
En este contexto las
Organizaciones de la Sociedad Civil han intentado configurar a nivel global una
nueva aproximación a las relaciones internacionales en lo que se ha denominado Diplomacia
Ciudadana.
La diplomacia ciudadana, surge con
el objetivo de caracterizar la participación de la sociedad civil en la
búsqueda de soluciones a conflictos de manera independiente o complementaria a
los esfuerzos diplomáticos tradicionales y para describir las acciones de
incidencia política de dicho sector en organismos multilaterales, agendas
internacionales y en la política exterior de los países. Asimismo, la
diplomacia ciudadana se perfila como una forma eficiente para posicionar
internacionalmente agendas y demandas que a nivel de los Estados no son
atendidas, generando efectos probables que faciliten procesos de incidencia
política a nivel nacional. [3]
Este ejercicio de la diplomacia
ciudadana pueden lograrse a través de:
• Actividades
de lobby y de incidencia política ante gobiernos, organismos multilaterales,
conferencias o reuniones internacionales;
• Elaboración
y presentación de informes alternativos o “informes sombra” ante distintos
comités de Naciones Unidas para asegurar y dar seguimiento al cumplimiento de
los compromisos internacionales que los Estados asumen por medio de la
ratificación de Convenios, Pactos y Tratados Internacionales.
• Uso
del litigio internacional ante los organismos multilaterales, utilizando los
espacios de protección y garantías en materia de derechos humanos (por ejemplo,
las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH).
• Organización
de campañas, mediante redes sociales, y el desarrollo de distintas estrategias
de comunicación internacionales enfocadas a visibilizar y posicionar los temas,
agendas y visiones de la sociedad civil.
• Desarrollo
de proyectos de investigación, observatorios, monitoreos y elaboración de
documentos con perspectiva internacional, que supervisen, cuestionen,
enriquezcan y propongan políticas alternativas a las diseñadas por los
gobiernos y los organismos internacionales.
• Construcción
de redes no gubernamentales internacionales agrupadas alrededor de temas,
regiones o profesiones, y el establecimiento de canales de información y
comunicación regulares al interior de dichas redes.
• Articulación
entre lo local y lo global, que permita
ser una acción externa con referentes locales en el país o región donde
se origina, convirtiéndose en un el canal de comunicación e interlocución entre
la ciudadanía y los centros de decisión y administración del poder a nivel
internacional.
A través de esta otra diplomacia se
amplían los sujetos de las relaciones internacionales, con el objetivo de
lograr mecanismos de deliberación y toma de decisión más inclusiva y
participativa. Este concepto no se opone
a que los Estados sean los sujetos encargados de la formulación e implementación
de la política exterior, sino que busca complementarlos, abriendo espacios que
históricamente han sido privativos de organismos internacionales y de la
diplomacia formal. De este modo, los ciudadanos son quienes se constituyen
igualmente en sujetos de las relaciones inter-estatales y de su respectiva
articulación a nivel global. La participación en procesos globales y regionales
pasa a formar parte del cometido de las distintas expresiones organizativas que
integran la sociedad civil, la cual es por definición, heterogénea, diversa y
plural. Es así como se amplía el concepto de Estado y de diplomacia desde su
dimensión restringida a su dimensión plena: las relaciones entre las naciones
no solo se ejercen por medio de los gobiernos, sino a través de la plena y
protagónica participación de sus pueblos.
De esa forma, la Diplomacia
Ciudadana promueve el relacionamiento no solo a través de las cancillerías,
sino de las redes de la sociedad civil, ejerciendo la democracia participativa
dentro y fuera de los estados, sin restringir al ámbito estatal la construcción
de propuestas sobre políticas sociales, medioambientales, migratorias, articulando así las más variadas formas y
temáticas de la vida democrática.
En el escenario de la globalización,
es necesario potenciar la capacidad de diálogo y de negociación, ya sea en los
aspectos estratégicos como en los coyunturales. Comunicación que se ve urgida
en el actual panorama de crisis económica e inestabilidad política, agravada por la guerra de Ucrania y los efectos cada vez más devastadores del cambio climático.
Resulta cada vez más evidente que
el posicionamiento de los Estados en las instancias de negociación multilateral
requiere integrar las propuestas de la sociedad civil, de tal forma que el
diálogo y la negociación estén acompañados por la presencia organizada y
vigilante de los actores sociales.
Sin duda que desde una visión institucional,
el Estado es el principal actor en las relaciones internacionales y la
diplomacia es un instrumento de éste para la ejecución de su política exterior.
Sin embargo, en tiempos de globalización y de creciente interconectividad, se
constata el surgimiento de nuevos paradigmas que evidencian que la realidad
internacional está compuesta no sólo por relaciones interestatales, sino por
una multiplicidad de actores, agendas y nuevos procesos que desbordan las
fronteras y los límites entre lo interno y lo internacional, entre lo político
y lo social.
Debemos destacar que la
participación de la sociedad civil en las relaciones internacionales no es un
fenómeno reciente, ya que desde el siglo XVII podemos encontrar antecedentes de
acciones y campañas transnacionales impulsadas por ciudadanos y movimientos
sociales, como el movimiento antiesclavista, posteriormente en el siglo XIX el
movimiento de trabajadores o las organizaciones por el sufragio femenino.
Además, la sociedad civil ha estado en el corazón de importantes negociaciones
multilaterales y en la diplomacia, especialmente en los movimientos por la
protección de la paz, los derechos humanos y el medio ambiente, así como en
operaciones de ayuda humanitaria en situaciones de guerra o de desastres
naturales.
Este proceso no ha sido fácil por
la misma atomización y multiplicidad de la sociedad civil, como porque la mayoría de las organizaciones
intergubernamentales que forman parte de la actual estructura de la gobernanza
global aparecen arcaicas y responden a un orden internacional que requiere
urgentes cambios y actualización. Es
claro que su evolución y formas de colaboración no han estado a la altura de
los desafíos globales actuales.
Aun así, en las últimas décadas
la sociedad civil ha logrado convenir cada vez más su participación en encuentros
internacionales, y ser contrapartes válidas y reconocidas de los organismos
internacionales. Es así como las Organizaciones no gubernamentales (ONG) colaboran
activamente con Naciones Unidas como entidades consultivas del Consejo
Económico y Social (ECOSOC) o como entidades acreditadas ante el Departamento
de Comunicación Global. [4]
De la misma forma, la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha creado
espacios para la participación de la sociedad civil en sus actividades que institucionaliza
y posibilita la participación de la sociedad civil en los cuerpos políticos de
la OEA. [5]
La diplomacia ciudadana ha
contribuido no sólo a fortalecer y diversificar las estrategias e impactos de
las OSC, sino a visibilizarlas como actores activos en las relaciones
internacionales, cuyo reconocimiento por parte de diversos organismos y foros
internacionales y regionales, es ya una realidad. Las organizaciones de la
Sociedad Civil han estado presentes en diversos foros y conferencias
internacionales, como son los Foros Mundiales sobre Migración y Desarrollo, en
las Conferencias de las Partes de la Convención Marco de la Naciones Unidas
sobre Cambio Climático, en los espacios
de consulta en el marco de las cumbres del G20, en la primera Reunión de Alto
Nivel de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo, en las
conferencias de la Convención de Eliminación Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, Cedaw, en las misiones de preparación de la COP 25 y en
diversas conferencias internacionales sobre temas como el VIH/SIDA, la lucha contra la implementación del Acuerdo
Integral de Asociación Transpacífico,
conocido como TPP11, o la presión
masiva en diferentes países para sus gobiernos firmen el Acuerdo Regional sobre
el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia
en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de
Escazú, entre muchos otros.
Una de las instancias más
significativas de participación internacional de la sociedad civil se manifiesta
en la llamada Cumbre de los Pueblos que se reúne desde 2005, casi siempre
coincidiendo con las Cumbres de las Américas de carácter gubernamental. Esta
Cumbre de los Pueblos congrega a organizaciones y articulaciones sociales de
diversos países, para compartir experiencias e impulsar soluciones alternativas
al sistema y fortalecer la organización global y la acción local para frenar la
catástrofe socio ambiental. Su objetivo
general es movilizar y construir una fuerza social global, alternativa al
modelo de producción y consumo neoliberal, y que supere la crisis social y
ecológica que pone en riesgo inminente el futuro de la vida en el planeta.
La diplomacia ciudadana se ha
convertido en un instrumento efectivo de incidencia tanto a nivel nacional como
internacional, en torno a temas como el cambio climático, las políticas
comerciales, los derechos humanos de mujeres, niños, niñas y adolescentes, los
procesos migratorios y de refugio, el tráfico y trata de personas, los derechos
ciudadanos por un consumo responsable, por mencionar algunos de los más
destacados.
Además, las OSC han desarrollado diversas acciones de
diplomacia ciudadana, como la presentación de informes sombra ante distintos comités
de la ONU que se encargan de dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos
internacionales adquiridos por los Estados en materia de derechos humanos, la organización de campañas internacionales, y
el uso del litigio internacional en la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, utilizando así los espacios de protección y garantías para la
obtención de sentencias que condenen a los
Estados por violaciones a los derechos humanos, como la resolución CIDH
que declaró la responsabilidad internacional de Chile por violación al acceso a
la justicia, a raíz del rechazo a
demandas civiles de indemnización por daños morales debido a diversos crímenes
de lesa humanidad cometidos entre durante la dictadura cívico-militar, o
últimamente, los diferentes Informes CIDH que condena las violaciones graves,
masivas y repetitivas de derechos humanos en Chile en el marco del Estallido
Social de octubre de 2019 o las denuncias al Estado de Chile ante la Corte
Interamericana por juicios a comuneros mapuches.
En ese sentido, muchas de las
acciones de diplomacia ciudadana no se articulan en torno a nacionalidades,
sino a intereses de clase, sectoriales y temáticos, haciendo que los límites de
las políticas internas y exteriores se hagan cada vez más indeterminados.
Está cada vez más claro, que la
política exterior no debería ser tratada como un asunto exclusivamente del
gobierno, sino como un asunto de interés público. En ese sentido, si bien hemos
tenido valiosos avances en términos de la vinculación entre la Cancillería y la
sociedad civil en los últimos años, aún queda mucho trabajo por hacer para que
la política exterior sea más incluyente y promueva las alianzas estratégicas
necesarias para encontrar soluciones más integrales a los retos del siglo XXI. Es decir, la sociedad civil necesita pensar
localmente y actuar globalmente, para potenciar sus estrategias de incidencia
política, fortalecer su presencia en los debates internacionales y ser una
sociedad civil con alcances globales.
Es urgente que desde la sociedad
civil se logre contribuir a la reflexión
y visibilización de los procesos de diplomacia ciudadana desarrollados, a
través de las voces de los actores que han participado en ellos. Al mismo
tiempo es importante posicionar las voces ciudadanas en torno a los grandes
debates que actualmente se están llevando a cabo sobre los mecanismos y agendas
de desarrollo.
Como bien dice la Asociación
Diplomática y Consular de Colombia, “La vinculación de actores no
gubernamentales, con impacto en las relaciones internacionales y en los
intereses nacionales, es uno de los factores que han fortalecido el ejercicio
de la diplomacia pública en el espectro ciudadano y municipal. Estas nuevas
formas de diplomacia favorecen una participación más activa de la ciudadanía,
una integración de los territorios y una inclusión social en la construcción de
la confianza, la promoción de una cultura de tolerancia, el respeto y la
convivencia general; tal como lo promueve en su introducción el Acuerdo Final
para la Terminación del Conflicto armado colombiano del 24 de noviembre de
2016. Asimilar estas diplomacias en las políticas públicas, propiciará una
Diplomacia para la Paz”. [6]
Finalmente, este es un esfuerzo
por reivindicar a la diplomacia ciudadana como una importante estrategia de
incidencia para la sociedad civil y como un mecanismo que contribuye al
fortalecimiento de la participación ciudadana en el diseño, ejecución y
evaluación de nuestra política exterior, a la democratización de las discusiones
internacionales, a la generación de
redes globales de defensa de los derechos humanos y a la promoción de la
sociedad civil como actor estratégico del desarrollo tanto a nivel nacional
como internacional.
Ronald Wilson
[1] Susana Cruickshank. La diplomacia ciudadana
en los noventa: espacios multilaterales como espacio de interacción
ciudadanía-gobiernos. https://revistadigital.sre.gob.mx/images/stories/numeros/n98/cruickshank.pdf
[3] Brisa
Ceccon Rocha, Diplomacia ciudadana y la sociedad civil como actor global. https://apertus.org.mx/programa-gobierno-abierto/programa-2018/ver-archivo/5bb3b70dc1088.pdf
jueves, 22 de diciembre de 2022
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EL ROL DE LAS FUERZAS ARMADAS EN LA CRISIS MIGRATORIA
Respecto a las declaraciones del Senador José Miguel Insulza sobre las FFAA y control de fronteras, en que afirmó: "Con mucha franqueza, soy partidario de poner al Ejército en la frontera"…..“O se aumentan carabineros en fronteras o se crea una policía especial, o se le entrega al Ejército. La frontera marítima está en manos de la Marina, la aérea en manos de la FACH. ¿Por qué la frontera terrestre no va a poder ser custodiada por el Ejército?” …se ha creado una discusión bastante polarizada. Pero creo que habría que hacer un análisis a fondo al respecto con personas que entiendan de Seguridad y Defensa, y personas que entiendan de Migraciones, si no es un diálogo de sordos, que no avanza.
Sobre el Decreto 265 que en su Artículo primero expresa: "Autorizase la colaboración de la Fuerzas Armadas con las autoridades civiles y policiales competentes para actuar en relación a actividades que se vinculen con el tráfico ilícito de migrantes, y al narcotráfico y crimen organizado transnacional, en el marco de las facultades que la Constitución y la ley les otorguen, en zonas fronterizas del territorio nacional. El Ministro del Interior y Seguridad Pública evaluará la forma en que las policías emplean la colaboración mencionada y se coordinará con el Ministro de Defensa Nacional para la eficacia de la misma".
El 13 de agosto de 2019 se publicó el Decreto N° 265, cuyo objetivo es disponer la colaboración de las Fuerzas Armadas con las autoridades civiles y policiales en las áreas de logística, transporte y tecnología en relación a las actividades que se vinculen al narcotráfico y crimen organizado transnacional. En virtud de ese decreto se generó la planificación y ejecución de los apoyos a la Unidad de Coordinación Estratégica Norte (UCE-N), en la Macrozona Norte, conducida por el Comandante del Comando Conjunto Norte.
A enero de 2021, esta operación lleva alrededor de 1.800 operaciones ejecutadas en las que han participado más de 17.000 efectivos de las Fuerzas Armadas. Casi la totalidad de las operaciones han sido de carácter tecnológico, con medios humanos y sensores optrónicos, para facilitar la detección diurna y nocturna de actividades ilegales en las zonas fronterizas con Perú y Bolivia en el norte del país. la firma de este decreto se permite que la logística y los elementos técnicos y estratégicos que las FFAA tiene para su labor habitual se pongan a disposición de Carabineros y la PDI para lograr este objetivo.
Está claro que
nadie está pensando en entregar el "control migratorio" a los militares. Distinto
es el control fronterizo que lo tienen todas las FFAA de tierra, mar y aire.
Una presencia más visible del Ejército en la frontera norte tiene una función
disuasiva del crimen organizado, entre lo cual puede estar el tráfico y trata
de migrantes.
El acrecentamiento de los intentos de migrantes irregulares por ingresar a Chile por pasos no habilitados, podría llegar a implicar que la Carabineros o PDI no tengan la capacidad suficiente de controlar e impedir los ingresos de números significativos de personas, siendo superados en sus esfuerzos, además Carabineros y PDI no contaría con personal suficiente para efectuar el control y re direccionamiento de los infractores, en cuyo caso una colaboración del Ejercito puede ser positiva, dado además el apoyo a través del uso de Tecnología, Transporte y Logística.
Por otro lado,
las bandas organizadas de tráfico de personas son capaces de vulnerar las barreras físicas
instaladas en frontera, posibilitando el cruce masivo de personas, tanto de a
pie como en vehículos motorizados, lo que no sería posible de controlar por las
fuerzas mixtas destacadas en el límite político internacional con Perú y
Bolivia, impactando directamente en las localidades más cercanas a la frontera,
en particular las comunas de Arica, Colchane, Huara e Iquique, como en los
destinos finales de los migrantes, en la zona central del país.
El aumento del
ingreso de droga por parte de organizaciones criminales, además de delincuentes
que se integrarían a bandas delictuales existentes en el país, o que crearían
sus propios grupos delictuales, es parte de los riesgos de esta crisis en la
frontera.
Todo esto ocasionaría un posible colapso e incapacidad de las policías para controlar y
contener flujos masivos de migrantes irregulares, ingresando por diversos pasos
a territorio chileno en forma sucesiva y permanente, oportunidad que permitiría
que Organizaciones Criminales Transnacionales, ingresen a territorio nacional
cantidades significativas de drogas, como también de armas, para satisfacer
necesidades propias de seguridad, o de demandas de bandas delictuales
locales. Sumado a esto, ingresarían delincuentes experimentados que
inicialmente se instalarían en la ciudad de Iquique y Alto Hospicio, aumentando
los niveles delictuales, y la violencia empleada al cometer delitos.
En opinión de
Nicolás Torrealba Jefe de Gabinete del Servicio de Migraciones plantea que, “El
control de la frontera hoy lo realiza Carabineros en lo terrestre y la Armada
en lo marítimo El control migratorio seguirá en PDI y nadie ha planteado
modificarlo Las fuerzas policiales están siendo necesitadas en las
ciudades, por lo que no parece una locura poder liberarlos de las funciones que
hoy tienen en el control de la frontera”…..”Creo que es bueno abrirse al debate
de este tema y dar otras funciones a las FFAA. Sin duda que no es un proceso de un día para
otro, requiere buena preparación en DDHH, atención a la población civil,
participación en emergencias, etc, Sin tener una opinión categórica al respecto,
creo que el debate es necesario” …
Desde siempre
las FFAA han cumplido un rol no escrito en ninguna Ley ni en la Constitución de
colaboración social y humanitaria en todas las catástrofes, terremotos,
incendios forestales, aluviones, inundaciones, emergencias sanitarias, COVID…
las FFAA en democracia bajo el poder civil tienen mucho espacio en que
actuar.
miércoles, 21 de diciembre de 2022
martes, 20 de diciembre de 2022
COOPERACIÓN REGIONAL PARA ENFRENTAR DESAFÍOS DE LAS MIGRACIONES
Los acuerdos migratorios
regionales han mostrado ser instrumentos apropiados para para mejorar la
movilidad y la migración, así como para proteger los derechos de los migrantes.
Sin embargo, persiste una oportunidad considerable de mejoras, tanto a nivel
regional como en cada país. La
integración de los migrantes en los países de destino es un asunto que compete
a los ámbitos ejecutivos, parlamentarios, judiciales, y que por lo tanto
debiera ser tratado integralmente en cada país de recepción. Los organismos
interinstitucionales que reúnen expertos de diversas áreas de gobierno
nacional, regional y local, en educación, salud, migración, trabajo, desarrollo
social, cancillería, policía, con la participación de organizaciones de la
sociedad civil constituyen instancias eficaces para diseñar, ejecutar y
monitorear las políticas públicas hacia los migrantes.
Otro aspecto a destacar es que
los Estados son responsables por los compromisos asumidos hacia los migrantes y
por lo tanto deben desarrollar mecanismos de seguimiento de su situación tanto
a nivel nacional como regional, lo cual supone la producción y el análisis de
información oportuna, coordinada y precisa. Si bien se han efectuado avances en
la producción de estadísticas fronterizas y de registros administrativos, deben
mejorar las fuentes de información desagregada por condición migratoria que
generan de manera regular los sistemas nacionales de estadística. Estos
sistemas armonizados de recopilación de información deben incorporar la
perspectiva de género, edad, y las diferencias étnicas y las raciales.
Un desafío principal es, por lo
tanto, lograr fortalecer el diálogo a través de mecanismos institucionalizados
como el MERCOSUR, la Comunidad Andina y la Conferencia Sudamericana de
Migración, entre otras. Ciertamente, será mediante el accionar de estas
organizaciones que podrán acordarse acciones para responder de manera
articulada a las necesidades cruciales de los migrantes, incluidas aquellas
para prevenir la xenofobia y favorecer la integración e inserción social.
El tema de la cooperación
internacional en materia migratoria es urgente, así lo ha destacado el
Presidente Boric y lo recalcó en la Cumbre de las Américas en Los Ángeles, al
plantear que una solución regional para la migración venezolana y en general
para la movilidad humana en la región, es fundamental, para ello ha propuesto
como parte de la solución, un sistema de cuotas migratorias inspirado en el
modelo que la Unión Europea. Una crisis migratoria, en este caso de más seis
millones de personas, sobre todo desde Venezuela, no puede recaer en un grupo
de países. Es necesario que pensar en la solidaridad latinoamericana. Todos los
países involucrados tienen un rol que cumplir.
Boric ha sido explícito en decir
que solicitará asesoramiento a Gobiernos europeos sobre el sistema de
cuotas. “Hemos pedido la opinión de
mandatarios extranjeros respecto a eso. Lo tenemos que hablar multilateralmente,
pero creo que es algo en lo que todos podríamos ganar, tanto los países como
también los migrantes, que lo hacen en una situación de mucha desesperación.
Muchas veces, al sobrecargarse todo en un solo país se ven en una situación muy
difícil de inserción”.
Asimismo, en el marco de la Cumbre para las
Américas en Los Ángeles, el Presidente Boric declaró que buscará instalar en la
Cumbre, la necesidad de establecer cuotas migratorias para abordar la crisis
humanitaria de Venezuela. "Es importante que veamos también la tragedia
que hay detrás de estas crisis (...) desde una perspectiva humanitaria y
entender que no es posible hacernos cargo desde un solo país", comentó.
"Obviamente cuando uno ve la situación en Iquique, Arica o en los lugares
fronterizos de Colombia, es tremendamente crítica, porque los servicios
públicos están presionados, porque las ciudades no están preparadas para acoger
a tal cantidad de gente y eso significa que tenemos que abordarlo en conjunto
como región.
Son grandes los flujos de
haitianos, venezolanos, nicaragüenses y ecuatorianos que, históricamente, se
establecieron en diversos lugares de América Latina, incluidos Chile. No obstante, muchos migrantes están ahora
tratando de llegar a los países del norte, debido a los efectos económicos de
la pandemia, el aumento del desempleo y el repunte de la xenofobia en los
países de la región.
Cuando un país de origen o de
tránsito adopta una decisión sobre cómo gestionar la migración en su
territorio, esto no tiene solo repercusiones en su país sino en los demás
países de la región. En este sentido, dado que la migración de tránsito no ha
mostrado signos de disminución, los países deben trabajar coordinadamente para
diseñar políticas que ayuden a la migración en tránsito, considerando sus
necesidades y vulnerabilidades específicas. No hacerlo, puede resultar en
respuestas paliativas, reactivas y descoordinadas que fomentan las redes de
trata de personas haciendo que la migración sea menos segura y llena de
vulnerabilidades.
Más allá de continuar
fortaleciendo los esfuerzos alcanzados hasta el momento basados en un mejor
diseño de políticas de cooperación, diálogo regional y el intercambio de datos
sobre la dinámica migratoria (en particular, poblaciones vulnerables como niños
y mujeres embarazadas), a nivel nacional, los gobiernos de la región pueden
además profesionalizar y hacer más eficiente el control fronterizo y hacer que
su gestión sea cada vez más transparente. También, se deberá brindar mayor
protección capaz de abordar las necesidades humanitarias a las personas en situación
de movilidad humana. Adicionalmente, los países receptores de migrantes
necesitarán expandir o crear mayores vías legales, que permitan desincentivar
la migración irregular y que se siga generando una migración insegura y
desordenada.
Los formuladores de políticas
públicas también deben ofrecer un espacio a los gobiernos regionales y
municipales quienes han estado notablemente fuera de la discusión regional y
que muchas veces deben sobrellevar la peor parte de estas crisis. Ni en el
norte ni en el sur del Continente queremos que se repitan tragedias como
Colchane o el Tapón del Darién, para ello se requiere de forma urgente de una
verdadera y amplia cooperación regional. Este es un momento oportuno para abrir
el espectro a una discusión regional más amplia y profunda entre los países de
todo el hemisferio.
lunes, 19 de diciembre de 2022
MIGRACIÓN Y RACISMO
Las Naciones Unidas han concluido un proceso de formulación del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular, que se formula desde los Objetivos de Desarrollo Sustentable ODS 2030.
Así mismo en la Declaración de los Ángeles de 2022, se plantea que, “Renovando
nuestro compromiso de respetar y garantizar los derechos humanos de todos los
migrantes y personas que necesitan protección internacional, reconocemos la
responsabilidad de cada país de gestionar los movimientos mixtos a través de
las fronteras internacionales de manera segura, humana, ordenada y
regular. Tenemos la intención de ampliar
los esfuerzos de colaboración para salvar vidas, abordar la violencia y la
discriminación, contrarrestar la xenofobia y combatir el tráfico ilícito de
migrantes y la trata de personas. Esto
incluye una mayor colaboración para enjuiciar a las organizaciones delictivas
de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, así como a sus facilitadores
y redes de lavado de dinero. Nos
comprometemos a proporcionar protección y asistencia adecuadas a las personas
victimizadas”. [ii]
Chile está lejos de equipararse a
esos consensos mundiales. Como país nos negamos a entender que las migraciones
son la base del proceso de integración, debido al aporte permanente de los diferentes
orígenes nacionales y de sus aportes en al ámbito social,
económico y especialmente de la cultura. No somos capaces de comprender que los
derechos políticos y sociales de los migrantes, son aportes al relacionamiento
de los estados en los procesos de integración política y económica, pero en
Chile, miramos a los migrantes con desconfianza y miedo.
Para nuestro país se hace urgente diseñar una Política de Acogida e
Inserción Integral de las personas migrantes desde una perspectiva de Derechos Humanos y de
respeto a la realidad intercultural, que
promuevan el desarrollo de una Cultura de la Migración. Esta política de
acogida presupone un rechazo explícito a
toda forma de xenofobia, racismo, exclusión
y discriminación.
Esa falta de comprensión de las migraciones como un fenómeno de desarrollo
intercultural que enriquece a los países, en nuestro país lo asociamos a comportamientos criminaliza el fenómeno
migratorio a través del racismo y la discriminación.
Se supone para ciertas concepciones antropológicas tradicionales que el
concepto de ‘raza’, nos identifica y por ende nos singulariza y nos
separa. La tradicional selección de razas de Friedrich Blumenbach en 1790
consideraba la existencia de cinco razas, mongólica, amarilla, americana,
caucásica o blanca, malaya o asiática, etíope o negra Gobineau, en 1853, reconocía solo tres razas,
blanca, amarilla y negra.
Para algunos la noción de raza
supone la amalgama necesaria entre ciertos rasgos corporales como el color de
la piel que son concebidos como heredados e inmutables con unas características
intelectuales y de comportamiento que se consideran irremediablemente
derivadas. De esta manera se entiende el concepto de raza cuando se afirma que
alguien piensa o se comporta de esta u otra forma porque es negro o porque es indio.
Pero no existen fundamentos válidos
de orden genético para desagregar significativamente los tipos humanos en razas.
Las variaciones genéticas no corroboran la existencia de entidades biológicas
en términos raciales. Las variaciones en las tipologías indican que son
construcciones históricas, que evidencian la arbitrariedad de la selección de
unos rasgos corporales pero no de otros. Resaltar el color de la piel o la
forma de la nariz, del cabello o de los labios, son afirmaciones arbitrarias
para clasificar poblaciones. Además, ninguna de las ‘razas’ así desagregadas
son homogéneas en cualquiera de los rasgos seleccionados. El color de la piel,
varía grandemente entre las poblaciones clasificadas como negras o blancas. Por
tanto separar, clasificar a una población por rasgos físicos es mera
discriminación arbitraria. Es “racismo”.
Podemos afirmar que “racismo” es
considerada una actitud que de por sí es discriminante. Esto se debe a que el
racismo considera a las demás personas que no son de una misma característica,
como seres diferentes. Generalmente, una
persona desprecia a otra por alguna peculiaridad singular que, la difiere de lo
que desde su punto de vista, considera como un patrón normal.
Muchas veces este patrón está
asociado al color de piel. Por tanto, se puede ver que el racismo busca
intencionalmente disminuir o inhabilitar los derechos humanos de la persona que
se discrimina por presentar un color de piel diferente o rasgos físicos
distintos, que suponen el pertenecer a una ‘raza’ diferente.
El racismo es un tipo de
discriminación, basado en la idea de diferencia étnica y de que algunas de dichas “razas” son
superiores a otras. Para los racistas los seres humanos están divididos de
acuerdo al color de su piel y demás rasgos físicos que determinan “a qué raza
pertenecen”. Este tipo de discriminación tiene su existencia histórica desde
los principios de la civilización, y sigue siendo muy común, observándose incluso
en las sociedades más avanzadas. Debido al racismo se han cometido hechos
atroces y se han violado derechos humanos durante siglos, como sucedió con la
esclavitud de negros africanos en
América.
Muchos genocidios, incluido el
Holocausto nazi, el genocidio armenio,
kurdo o gitano, han ocurrido
debido a las ideas racistas de algunas personas o grupos. Por otra parte, cabe
destacar que no siempre se discrimina sólo por el color de la piel, no sólo se discrimina a los negros aunque este
grupo ha sido el más afectado, también se discrimina por el simple hecho de
pertenecer a una nación o cultura diferente. Parte de ello es el racismo de las
sociedades criollas hacia las poblaciones indígenas de América. En Chile
nuestro ancestral racismo hacia la población mapuche, es parte de nuestra
cultura discriminadora.
A su vez, la discriminación implica
actitudes en la que se menosprecien a
otros seres humanos. Estos actos incluyen pero no se limitan a exclusión,
distinción y la consideración como seres inferiores o sin valor alguno. Esto tiene
como origen diferencias de raza, de religión, de nacionalidad, sexo, género, discapacidad,
entre muchas otras razones.
La palabra
"aporofobia" ha sido acuñada por la filósofa española Adela
Cortina en varios artículos de prensa y en libros en los que llama la
atención sobre el hecho de que solemos llamar "xenofobia" o
"racismo" al rechazo a migrantes o refugiados, pero en realidad esa aversión no se produce por su
condición de extranjeros, sino porque son pobres.
La discriminación y el racismo
generalmente se sustentan en que el
persecutor pretende excluir de su entorno
la insignificancia, la carencia, la falta, los defectos, a los que supone
patrimonio exclusivo de los otros, intentando consolidar de este modo una certeza
de superioridad arrogante e
irreductible. Por eso recrea, una y otra vez la amenaza, pero esta no le resuelve nada, dado que por el
contrario corre constantemente el riesgo de retroceder, con el consiguiente
temor al propio aniquilamiento. A partir de allí el racista reafirma la
convicción que "soy fuerte, perfecto, eterno, invulnerable, en tanto
el otro es el débil, el enfermo, el defectuoso, el lisiado, el carente". Compendiando
todos los defectos en el otro, así, los
discriminados son la garantía de un modo
de ser que se afirma en el odio, con una absoluta incapacidad para asumir el
propio desarraigo y las propias carencias. Este racismo como temor al otro, al
inferior, se exacerba y se hace realidad en la experiencia de las migraciones.
En la migración, el miedo a
perder la identidad nacional, el temor al ‘otro’ contribuyendo a reforzar el racismo,
la xenofobia, el clasismo, la aporofobia, creando un medio hostil hacia las minorías. Estos miedos se utilizan a menudo como excusas
para justificar una mayor intolerancia y contribuyen directamente a incrementar
los crímenes inspirados por el odio. Un crimen de odio contra una persona nos
convierte a todos en victimas de estas
manifestaciones enfermizas.
El racismo, como expresión
del odio, se nutre en los humildes que huyen de sus países de origen, ante la
falta de oportunidades para irse a trabajar por sueldos de miseria en las tareas que los
poderosos xenófobos desprecian. En pleno Siglo XXI prevalece la discriminación
y la esclavitud más envilecida.
Históricamente, el racismo
fue construido como una de las claves para la justificar la dominación de unos
pueblos o culturas sobre otras, esencialmente desde Europa y su modelo de
civilización occidental, para dominar a los pueblos de América, Asia o África.
De esta manera, se construyó la percepción de lo “blanco” como superior a otros
pueblos.
Las personas migrantes que viven
en Chile, corresponden al 7,5% de la población del país y eso se traduce en
1.462.103, estimación actualizada a diciembre de 2020, entregada por el Depto.
de Extranjería y Migración y el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Según la Plataforma de Coordinación
Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela R4V, “El 73 por ciento
de las personas encuestadas que ingresaron a Chile mencionaron realizarlo a
través de pasos no oficiales y un porcentaje desconocido se encuentra en
situación irregular al no contar con una visa vigente, lo que representa una
barrera importante para su integración socioeconómica en el país. En ese
sentido, resulta necesario que los socios R4V trabajen en conjunto con actores
nacionales para encontrar estrategias de inclusión económica y coexistencia
pacífica con la comunidad de acogida. Además, esta situación hace que la
población venezolana en Chile sea más vulnerable a experimentar episodios o
situaciones de discriminación; por tanto, es indispensable elaborar estrategias
para actuar contra la xenofobia y la discriminación. Se destaca que el 64 por
ciento de la población refugiada y migrante venezolana que se encuentra en las regiones
del norte viven en condiciones de vulnerabilidad, incluyendo a personas en
situación de calle. De acuerdo con la información levantada en la evaluación de
necesidades, la población en tránsito local requiere de respuesta en
alimentación, alojamiento y sobre todo en cuanto a lo que respecta a transporte
humanitario para lograr desplazarse a sus destinos finales. Finalmente, además
de los servicios de protección que requieren las personas refugiadas y
migrantes venezolanas en Chile, integrarlas al sector productivo y promover una
cohesión social, es esencial elaborar estrategias para responder a sus
necesidades más inmediatas, las cuales han incrementado con el aumento de
ingresos por pasos no habilitados. Se recoge que las principales necesidades de
la población venezolana serían alojamiento, atención en salud, alimentación, y
educación”. [iii]
Si bien el fenómeno del racismo y
la xenofobia es complejo y multidimensional, en la actualidad se ha exacerbado
a partir de políticas y discursos que lo fomentan, a nivel nacional e
internacional, especialmente desde sectores de derecha y extrema derecha.
Asimismo, los medios de
comunicación cumplen un importante papel en la creación de estereotipos, al
asociar la migración a la delincuencia, el narcotráfico, la violencia o la
prostitución.
En Chile, aún estamos a tiempo
para frenar este fenómeno del racismo ligado a la migración, con la nueva Ley
de Migraciones y con lo que esperamos sea una ventajosa política Nacional de
Migraciones, que genere políticas públicas, que entreguen herramientas
concretas para combatir este flagelo del racismo migratorio.
CRITERIOS PARA UN CONSUMO RESPONSABLE
Conforme al Acuerdo de
París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, las
Naciones Unidas llaman a revisar los modelos no sostenibles de consumo y
producción de los países industrializados que conforman una de las principales
causas del deterioro del medio ambiente. El consumo y la producción
responsables deben promover el bienestar y los planes generales de desarrollo
económicos, ambientales y sociales: uso eficiente de los recursos y la energía,
perfeccionamiento de los servicios y empleos ecológicos y construcción amable con
el medio ambiente.
El consumo responsable responde
a una elección de productos y servicios en base a su calidad y precio, a su
impacto ambiental, sanitario y social y a la conducta productivas y sociales de
las empresas que los elaboran. La realización de un cambio social en torno a
nuestros hábitos de consumo es inaplazable. El principio fundamental del cambio
significa que todos somos responsables de nuestro consumo y de los impactos
sociales, sanitarios y ambientales de la producción. Además, implica que también
es necesario tomas conciencia personal y colectiva de consumir solo lo
necesario y evaluar la influencia de la publicidad en la creación de
necesidades superfluas.
Por tanto, esta responsabilidad
se lleva a cabo en relación a dos grandes ejes:
- En el medio ambiente, soporte de la
vida en el planeta, teniendo en cuenta que debemos priorizar productos con
menor impacto ambiental y reducir el consumo de los recursos naturales más
limitados.
- En las personas, asumiendo y
defendiendo solidariamente la obligación de garantizar los mismos derechos
para todas las personas y toda la sociedad.
Cuando añadimos el calificativo
de responsable a nuestro consumo estamos teniendo en cuenta la importancia que
tiene la elección del consumidor entre los distintos bienes y servicios que le
ofrece el mercado. Es muy importante conocer aquellos productos que valoran,
por un lado, la justicia social, la ética y la solidaridad y, por otro
lado, la protección del medio ambiente.
La ciudadanía puede convertir su
capacidad de compra en un importante instrumento de presión, ya que puede
promover esos valores a través de su compra y tiene en sus manos poder gratificar
a quienes cumplen determinadas garantías sociales, laborales y medio
ambientales.
CRITERIOS PARA UN CONSUMO RESPONSABLE
Para ejercer un consumo
responsable podemos hacernos una serie de cuestionamientos, por ejemplo,
respecto la necesidad imperiosa de comprar, de satisfacer un deseo, de la
libertad que estoy ejerciendo al comprar o lo hago por compulsión o ansiedad, que
quizás tengo los suficiente de ese producto y solo voy a acumular, si me he
informado bien sobre la calidad y precio, si es un producto reciclable, y cómo
se ha producido ese bien, con mano de obra bien remunerada o con mano de obra “esclava”.
Dónde efectúo esa compra, en un local establecido legalmente, o en el comercio
informal, donde no tengo ninguna garantía de calidad, seguridad e higiene.
La respuesta a todas estas interrogantes
nos debería dar respuesta si estamos haciendo un consumo responsable y darnos
cuenta que realizar un consumo responsable solamente implica realizar
un pequeño cambio en nuestros hábitos de consumo, lo que no conlleva ningún
inconveniente considerable ni requiere un esfuerzo específico adicional.
A la hora de comprar recuerda
que:
- Debes hacerte las preguntas señaladas
anteriormente y, sobre todo, pensar si lo que vas a comprar va a satisfacer
realmente una necesidad o un deseo, o bien si lo compras compulsivamente.
- Piensa a qué tipo de comercio
quieres favorecer. No olvides que consumir productos locales,
productos ecológicos o de comercio justo, productos naturales y productos
reutilizados y reciclados, son sin duda la mejor opción medioambiental y
social.
- Infórmate de las repercusiones sociales y
medioambientales de los bienes y servicios. Pide información. Es
tu derecho.
- Asegúrate de la calidad de lo que
compras de cara a adquirir bienes más saludables y duraderos.
- Busca alternativas que minimicen la
explotación de los recursos naturales: segunda mano, reutilizar,
intercambios, reparación.
- Haz un buen mantenimiento de lo que compras y,
cuando acabe la vida útil de un producto, ten en cuenta las posibilidades
de reciclar los materiales de que está hecho.
Ronald Wilson
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