En los últimos 27 años, hemos
vivido una transición a la democracia muy sui generis, llena de limitaciones,
amarres constitucionales, consensos forzados y pactos de impunidad, producto de
cómo se originó el fin de la Dictadura, a través de acuerdos políticos que
establecieron una ruta transicional cargada de contradicciones y gestos
“gatopardistas”….”si queremos que todo siga igual, es necesario que todo
cambie”.
Analizado en perspectiva crítica los
gobiernos de la Concertación por la Democracia, (Aylwin, Frei, Lagos y Bachelet
I), aparte de avances en el enfoque de las políticas sociales, los sucesivos
gobiernos se dedicaron a administrar el modelo neoliberal legado por el
pinochetismo. Hubo una negación a intervenir en las áreas de salud, vivienda, electricidad, agua,
sanitarias o cualquier otro servicio esencial, a favor de la mayoría de la
población. Por el contrario, se privatizaron actividades que ni la dictadura se atrevió a tocar. La
Concertación, a pesar de haber logrado bajar sustantivamente los índices de
pobreza y extrema pobreza, fue
tremendamente timorata en adoptar políticas de reducción de los desniveles de acumulación
de riqueza existentes en el país, la desigualdad estructural siguió siendo
nuestra mayor vergüenza. Por otro lado, durante este ciclo concertacionista hubo
una negación rotunda a completar el proceso de democratización, se nos dijo que
nada se podía hacer, porque había leyes de amarre, leyes con quórum calificado
que inmovilizaban cualquier cambio sustantivo, y con esa verdad nos quedamos
durante años. Igualmente en este tiempo, la Concertación se negó a profundizar
en la aplicación de justicia por violaciones a los Derechos Humanos, y en la mayoría de los casos en que hubo
resultados positivos, fue por la tenacidad de determinados jueces que tuvieron la valentía de sentenciar
a los culpables de crímenes, desapariciones o torturas.
