En noviembre de 2015 llegó al
poder en Portugal el Primer Ministro António Luís Santos da Costa, jurista, Alcalde de Lisboa entre 2007 y 2015, y Secretario General del Partido Socialista.
El Partido Socialista portugués
consiguió sustituir al conservador Pedro Passos Coelho gracias a un acuerdo con
el Partido Comunista de Portugal y el Bloque de Izquierda. Un pacto de gobierno
del que han nacido iniciativas legislativas que han logrado recuperar parte de
los derechos destruidos por las exigencias de la Troika europea durante las
últimas dos legislaturas, tal como le sucedió en Grecia.
El actual Gobierno de la
coalición de izquierda, ha logrado
paliar los recortes salariales, ha devuelto la esperanza en un futuro
promisorio, del que aparece como el país más atrasado de la Unión Europea. La
mayoría de medidas adoptadas han sido conseguidas por la presión popular y gracias
al acuerdo histórico entre socialistas, comunistas y el Bloque de Izquierda. Es
la experiencia de una izquierda exitosa.
Portugal, la democracia olvidada
de Europa, está ante una experiencia política estimulante, de la que no se
habla suficientemente fuera de Portugal. Sin embargo, la izquierda europea y latinoamericana,
podría mirarse en ella y plantearse
explorar vías similares para sus países.
El gobierno se sustenta
políticamente en 86 diputados socialistas, a los que se suman los 19 del Bloque
de Izquierda y 17 Diputados del Partido Comunista Portugués (PCP), asociado con
el partido de los Verdes. En total suman 123 diputados que representan la
mayoría absoluta de la Asamblea de la República.
El que fuerzas políticas dispares,
tradicionalmente enfrentadas, alcanzaran el acuerdo para un gobierno con clara
vocación de izquierda, es producto de la necesidad absoluta de poner fin a los gobiernos de la derecha y en la convicción de
aplicar políticas urgentes de incremento de las condiciones de vida de miles de
personas maltratadas por las políticas de austeridad y de empobrecimiento por
parte de los gobiernos anteriores, lo cual no solo sería beneficioso para ese
segmento más vulnerable de la población, sino para el conjunto de la sociedad
portuguesa.
Las distintas fuerzas de izquierda
de Portugal comenzaron las conversaciones para la creación de un gobierno antes
de las elecciones legislativas. El PCP y el Bloque incluso se mostraron
proclives a patrocinar un gobierno solo del Partido Socialista, del cual no formaran
parte, renunciando a asumir responsabilidades de gobierno, comprometiéndose mediante
acuerdos bilaterales firmados con los socialistas en un programa de gobierno de objetivos
mínimos para toda la legislatura (2015-2019) que sería compatible con el
mantenimiento de los objetivos máximos específicos de cada una de ellos. Pero
finalmente primó la necesidad de asumir en común la responsabilidad de formar un
gobierno de coalición que asegurara las grandes transformaciones que Portugal
exigía.
El Partido Comunista, de
tradición leninista, fiel a su programa de lucha por el socialismo, contra el imperialismo, contrario a la
pertenencia de Portugal a la OTAN y a la sujeción absoluta al euro, se declara partidario de la nacionalización de
los recursos y sectores estratégicos, pero al mismo tiempo es responsable y
convencido de su vocación democrática, por lo cual mantiene firme su estrategia
de buscar acuerdos amplios para avanzar en conquistas sociales y reformas de
aplicación inmediata y a mediano plazo, en conjunción con el resto de la
izquierda y en concordancia con una irreprochable práctica sindical negociadora.
El Bloque, por su parte, está formado por fuerzas heterogéneas, corrientes
marxistas, algunas de orientación trotskista, anticapitalista, de rechazo a la globalización,
con énfasis en las políticas de género, a
favor de los colectivos LGTB y en otras materias de gran impacto social.
Lo particular de la situación actual
es que se ha constituido un gobierno esencialmente parlamentario porque el
gobierno necesita, para la puesta en práctica de los acuerdos programáticos y
para las nuevas políticas que sea necesario adoptar, del acuerdo y la
negociación constante en la Asamblea de la República, y por lo tanto del
acuerdo de los tres partidos que conforman la mayoría. Después de un año y medio de gestión, las tres fuerzas aliadas han dado muestras de una
indiscutible lealtad institucional y de una voluntad de mantenimiento de los
acuerdos más allá de las eventuales discrepancias surgidas en el camino. Los
acuerdos que sustentan el gobierno de izquierda hacen realidad, por primera
vez, el consenso constitucional fundacional de 1976 como consecuencia de la
Revolución de los Claveles, sobre derechos y libertades individuales y sobre
deberes económicos y sociales. Además, desde marzo de 2016, la acción de
gobierno se está viendo favorecida por el apoyo moderador y la capacidad de
mediación institucional del nuevo presidente de la República, Marcelo Rebelo de
Sousa, en contra de lo que muchos temían en principio por su trayectoria
política en diferentes gobiernos de la derecha.
Son considerables y muy
importantes las reformas impulsadas por el actual gobierno, empezando por una
medida social vital, el aumento gradual del salario mínimo, fijado en 557 euros
en 2017 con el horizonte de los 600 para el final de la legislatura. La
decisión no ha estado exenta de tensiones, porque el gobierno pretendió, al
mismo tiempo, aplicar un descuento en las cotizaciones de la parte patronal a
la seguridad social en contra del programa de los dos partidos coaligados.
Otras medidas sociales muy anheladas, han sido el aumento de las pensiones, de
los salarios de los empleados públicos, y la rebaja la jornada laboral semanal
de 35 horas. Otras decisiones significativas han sido la recuperación de la
inversión pública, muy retraída en los anteriores gobiernos, especialmente en la
Salud Pública, lo que se ha traducido en una significativa mejora en el ranking
europeo de los sistemas sanitarios de 35 países, ya que avanza, del puesto 20
de 2015 al puesto 14 de 2016. En educación, con la gratuidad de los libros de
texto en educación primaria, la decisión de no financiar la enseñanza privada
allí donde existan centros públicos y una política de incremento de becas y
disminución de tasas universitarias.
El gobierno también ha acordado
reducir el IVA al 13%. Igualmente, ha
sido considerada muy importante la decisión del gobierno de paralizar las
medidas privatizadoras puestas en marcha por el anterior gobierno de la
derecha, en el transporte público urbano,
buses y metro (gratuitos para los menores de 12 años), y en el Transporte Aéreo
Portugués, TAP, el Estado vuelve a ser el accionista mayoritario.
La puesta en práctica de las
reformas del gobierno está dando resultados manifiestos: el déficit público se
ha reducido por primera vez en muchos años, la tasa de desempleo se sitúa en un
10,5% aún muy elevado, el Banco Central estima que para 2019 el desempleo habrá
bajado al 7%. El crecimiento económico se ha hecho realidad, a pesar que se
redujo el estimado de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para 2017 a
1,5 por ciento, frente a un aumento del 1,8 proyectado en abril del año pasado.
Esto aún con una deuda pública agresiva, superior a los 244.000 millones de
euros, el 133% del PIB, que implica un claro impedimento para el desarrollo futuro.
Pero se ha mantenido la certera voluntad
de no llegar a un choque “a la griega”, por el contrario, el gobierno se la juega por una negociación responsable
con el Banco Central Europeo y el Eurogrupo en la que se afronten y resuelvan conjuntamente los problemas de la deuda, teniendo
como principio básico el bienestar de la población y la estabilidad política
del país.
Los temas que aquí en Chile, la derecha
denomina “valóricos”, en Portugal se han resuelto con cierta facilidad. Por
ejemplo se ha admitido el derecho a la adopción por parte de las parejas
homosexuales, se han suprimido los obstáculos que puso el gobierno de la
derecha a la práctica del aborto, como era el pago de una cuota y la obligación
de recurrir a un psicólogo previamente. Desde hace poco, ha entrado en trámite parlamentario la
propuesta para despenalizar la muerte asistida, o ley de eutanasia. La
aprobación de estas medidas, ha contado con amplia aceptación social, y sin mayores
rechazos estrepitosos, como sucede entre nosotros. A ello ha contribuido, al
parecer, una posición bastante morigerada de la Iglesia católica.
Quedan muchos otros frentes que
es necesario abordar en lo que resta del gobierno. El tema saneamiento de la banca con fondos públicos,
el mejoramiento de la red energética pública y la ampliación de las fuentes de energía
alternativas, la relación con la Unión
Europea, ya sea para para seguir dentro
o bien para escapar de las pauta del euro, la reforma a fondo de la legislación laboral y
la lucha contra la dañina y creciente de la precariedad laboral.
El primer ministro, Antonio
Costa, en el debate quincenal del Parlamento, recientemente expresaba, "En
2016, la inversión creció de manera constante, con una notable creación de
empleo, lo cual es debido a la percepción que tienen las empresas que el
crecimiento está aquí para quedarse", subrayando que "más confianza
genera más inversión, a su vez, impulsa el crecimiento, y por lo tanto crea
puestos de trabajo. "Este año tenemos la mejor estimación de la inversión
privada en nueve años", dijo el primer ministro.
"Si queremos crecer, tenemos
que adoptar un modelo sostenible, mirando hacia el futuro", afirmando que "el conocimiento es el
capital, por lo que la inversión en las personas es esencial, junto con la
apreciación del territorio. El Jefe del
Gobierno recordó que "el Programa Nacional de Reforma contiene proyectos
concretos que interrelacionan sus seis pilares: calificación de las personas,
promoción de la innovación, el desarrollo y la planificación, la modernización
del Estado, la capitalización de las empresas y el fortalecimiento de la
cohesión social y la igualdad, estos son los cambios estructurales reales que
harán crecer el país”.
Ronald Wilson
Comisión Nacional de Profesionales
Partido Comunista
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