miércoles, 18 de enero de 2023

                   


ROL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL TEMOR A LOS DESCONOCIDO, A LO EXTRAÑO, AL MIGRANTE

En conversación con nuestro medio, (radio.uchile.cl/) la socióloga e investigadora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, Alejandra Mohor, explicó que hay varias hipótesis que explican cómo se cimienta el temor al delito. [i]

Una de ellas es la propia victimización, en el entendido que las “víctimas indirectas” del delito-vale decir familiares, amigos- “tienden a mostrar mayores niveles de temor que las personas no víctimas”. Asimismo, aseguró que juegan un rol “las condiciones del entorno que escapan del control de las personas”, como puede ser el “temor al desconocido, a las personas desconocidas, al extraño”.

Pero hay una línea de hipótesis que poco se relaciona con las condiciones exógenas y la perpetración de delitos: Las agendas de los medios de comunicación masivos, muchos de los cuales, a juicio de Mohor, “han profitado de la situación de la delincuencia”.

“Diría que a fines de los 90 esto se viene instalando como un tema de discusión, la exacerbada cobertura de los medios de comunicación, las pautas editoriales en torno a la situación de criminalidad, donde hechos que ocurren, que son parte de la realidad, se presentan con imágenes de manera tan reiterada, ocupan tanto espacio en los noticieros, particularmente en la televisión, tanta portada en los periódicos que van generando una sensación de que esto es un hecho que ocurre en todo momento, en todo lugar y a cualquier persona, en circunstancia que vemos que muchas veces la información que acompaña a estos hechos específicos no va con una puesta de lugar”, señaló.

En ese sentido, afirmó que “en las últimas semanas inclusive pareciera que la información que presentan los medios tradicionales es contradictoria incluso con los datos que entregan las instituciones policiales. Las instituciones policiales han hablado de una baja de las encerronas, pero no vemos esto reflejado necesariamente con la misma importancia en los medios de comunicación”.

Y advirtió que “escasas veces vemos en los medios de comunicación que se aborde de manera positiva iniciativas gubernamentales o de municipios o de la propia sociedad civil, de la comunidad organizada, que se estén tomando y que sean positivas para contribuir a la reducción de los delitos”.

Por lo demás, la socióloga afirmó que las redes sociales también han entrado a jugar un papel sustancial en la percepción de inseguridad, al ser un espacio donde figuras públicas “magnifican situaciones delictivas que son muy acotadas y puntuales” y donde la audiencia se sensibiliza con situaciones que ocurren en distintos puntos del territorio.

“Estamos en una hipercomunicación que hace que lo que pasó en Antofagasta se sienta con la misma intensidad que la siente un antofagastino en una persona que habita en Concepción, en Punta Arenas o en cualquier parte. En ese sentido creo que hay un tema que se articula con respecto al entorno a lo diferente y es como también desde redes sociales y comunicación se ha vinculado de manera persistente de hace varios años, pero más intensamente en estos últimos la presencia de personas que migran hacia nuestro país con el aumento de la criminalidad “, indicó.

Como consecuencia de todo, Mohor señaló que ha aumentado la organización de la ciudadanía para cerrar calles y pasajes, en detrimento de las acciones tendientes a brindar auxilio mutuo. “Esta tendencia de cierre, de subir rejas lo que genera es un espiral de abandono del espacio público que termina infundiéndote más temor, porque si caminas por la calle donde todos los pasajes tienen rejas, donde no hay nadie afuera, te sientes más abandonado, más temeroso, entonces dentro de nuestras propias reacciones frente a la eventualidad de ser víctimas del delito, de pronto empujado por mensajes contradictorios que se nos envían desde los medios y las redes, tomamos decisiones que nos llevan al aislamiento y soledad”, advirtió.

 

“Pregúntese usted señor lector, que no se inmutó o sí lo hizo frente a los apocalípticos naufragios de africanos en el Mediterráneo ¿Cómo andamos por casa? ¿Es normal que los peruanos vivan en ghettos y que muchas mujeres de ese país sean trabajadoras de casa particular en Chile? ¿Por qué Lo Valledor está lleno de haitianos en labores de carga? ¿Por qué hay muchas mujeres colombianas desempeñándose como trabajadoras sexuales? ¿De qué color y cuál es el acento de muchos reponedores y reponedoras de supermercados?” [ii]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lunes, 16 de enero de 2023

 


PROYECCIONES DE UNA CARACTERIZACIÓN DEL FENÓMENO ACTUAL DE LAS MIGRACIONES

En los últimos años, la migración intrarregional ha adquirido una relevancia antes desconocida. La progresión del proceso migratorio en Sudamérica, para un futuro de cercano y mediano plazo, dependerá de los factores propiamente migratorios, como de la situación política, económica y social en los países de la región, especialmente en los países que originan emigración, y de las restricciones o apertura de las fronteras interestatales para la circulación de las personas.

Es altamente previsible que se mantengan las dificultades en la situación económica de la región, principalmente en términos de crecimiento, de empleo y de impacto sobre los segmentos más vulnerables y perjudicados de cada país, factores que continuarán siendo uno de los elementos principales de estimulación para la movilidad humana. En la Región dependemos en gran porcentaje del escenario económico mundial, y en este aspecto no se vislumbran cambios a corto plazo, en la medida que continúe la crisis de la guerra en Ucrania, la situación de vulnerabilidad que vive China y la permanente situación de inestabilidad política y estratégica en Corea, elementos que inciden sobre las cadenas de suministro, generando un efecto inflacionario sobre los precios de los combustibles y ciertas materias primas esenciales.

Los grupos migrantes, especialmente aquellos que se desplazan como consecuencia de la crisis económica, comienzan como migrantes pobres y se encuentran en sus países de destino en una condición de igual pobreza y vulnerabilidad.

Además de la crisis económica y social existente, en los últimos años vemos que ha surgido una peligrosa crisis política que pone en peligro la estabilidad democrática. Situaciones como la de Brasil, con la reacción violenta de los sectores ultraderechistas que fueron capaces de asaltar las sedes de los tres poderes del Estado, demuestran la fragilidad democrática del Brasil. La situación en Perú es particularmente peligrosa, posterior a la errada acción Castillo y la posterior violencia represiva de Boluarte, Perú ha entrado en espiral de enfrentamientos violentos fundamentalmente en las zonas más empobrecidas, lo que puede generar un resurgimiento de sectores terroristas (Sendero Luminoso, MRTA) que después de la represión de Fujimori, han estado en inacción, pero no desaparecidos, y pueden perfectamente reaccionar y volver a actuar con el mismo fanatismo del pasado.  Una situación de conflicto en Perú puede traducirse en una nueva oleada de migración de ese país a Chile.

Los antecedentes estadísticos disponibles indican que durante 2022 continuarán los flujos migratorios que se han manifestado antes y durante la pandemia.  En este contexto internacional, es posible que la migración venezolana disminuya, en la medida que la situación interna venezolana tenga un respiro, en la medida que se concrete la venta de petróleo a EEUU y Europa.

Fuera de estos factores, es fundamental incorporar en cualquier análisis migratorio futuro la creciente crisis ambiental. La migración ambiental es ya una realidad en muchos países del mundo, y en nuestra región los efectos del cambio climático acelerado, será un elemento generador de movilidad humana.

No obstante que el cierre de fronteras, producto de la pandemia en el período 2020-2022, no significó la clausura definitiva de los flujos migratorios, éstos derivaron hacia procedimientos y trayectorias no reguladas, de manera que en el período señalado se incrementaron los inmigrantes ilegales o indocumentados que intentaron llegar a sus países de destino. 

Es altamente previsible que, reabiertas las fronteras al flujo de personas y bienes, las corrientes migratorias anteriores a la pandemia, vuelvan a manifestarse con la misma e incluso con mayor intensidad, sin perjuicio de la incidencia de las crisis económicas que afectan a las naciones latinoamericanas.

En nuestro país seguirá presente el ingreso irregular de migrantes, por la frontera particularmente extensa que tenemos, y aunque se fortalezcan las medidas preventivas, incluso con la presencia de la FFAA, el ingreso irregular podrá disminuir, pero no desaparecerá.  Por eso, que a futuro es fundamental que desde las políticas públicas migratorias se dé solución realista a la regularización migratoria, que permita la incorporación plena de los migrantes a la actividad del país.

El actual escenario migratorio y humanitario en ALC es una oportunidad para la coordinación regional y subregional y la acción de los organismos internacionales. Con gobiernos como el de Lula en Brasil, Petro en Colombia, Arce en Bolivia, Fernández en Argentina, Boric en Chile, y un Maduro más razonable, la posibilidad de diálogo y colaboración en el plano migratorio de hace más posible.

La cuestión migratoria, es un asunto de interés común para la región latinoamericana, no solo desde el punto de vista de la urgencia presente producida por las crisis políticas, socio-económicas y ambientales, sino porque en el futuro es altamente previsible que se repitan escenarios similares de migración forzada, allí donde se combinen dificultades materiales y económicas, crisis socio-políticas y crisis ambientales.  Es un asunto de interés común que abre la posibilidad de soluciones compartidas, desde una perspectiva multilateral y bilateral.

 

Ronald Wilson


 

 

miércoles, 4 de enero de 2023

 


                   DERECHOS HUMANOS, CONSTITUCIÓN Y DEMOCRACIA.

Sabía usted que la histórica comisión chilena de derechos humanos fundada por Jaime castillo Velasco en 1978, ha tenido la audacia de solicitar "al alto comisionado.... Remita esta denuncia al comité de derechos humanos de naciones unidas, órgano especializado encargado de supervigilar y monitorear el debido cumplimiento del pacto internacional de derechos civiles y políticos por parte de los estados partes, para que -en uso de sus atribuciones y competencia-, la tramite como denuncia o comunicación individual según el procedimiento

Establecido.". El argumento esgrimido es que el estado de chile, a través del parlamento y los partidos políticos con representación parlamentaria estarían vulnerando directamente los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales, al no especificar un mecanismo directo de elección ciudadana de las diferentes instancias acordadas democráticamente para este proceso constitucional: consejo constitucional, comité de expertos, incluido el plebiscito de ratificatorio., que es a través de elección universal, directa y obligatoria.

En que doctrina constitucional o de derechos humanos se obliga a los signatarios a los tratados internacionales a establecer modelos electorales de participación directa en procesos constitucionales. El llamado "acuerdo por chile" podrá tener limitaciones, pero es un mecanismo plenamente democrático, alcanzado en una discusión libre, informada, democrática por representantes legítimamente electos por la ciudadanía. Dónde está la supuesta violación a los derechos humanos para que la citada comisión tenga la osadía de presentar un escrito al alto comisionado de derechos humanos., porque el parlamento y los partidos políticos acordaron una estrategia democrática para lograr finalmente tener una nueva constitución en chile.

Los argumentos esgrimidos, con variadas citas del pacto de los derechos civiles y políticos y de los derechos económicos y sociales, no explican ninguna violación normativa o de principios, más bien parece una argumentación ideológica y política de los miembros de la actual comisión chilena de derechos humanos, que bastante pocos honores le hacen a su historia y a su fundador.

Se pueden utilizar mil estrategias políticas para imponer una idea determinada, pero me parece francamente inmoral utilizar principios universales como los derechos humanos para justificar una postura ideológica. La democracia tiene como base los derechos humanos, pero no manipula los derechos humanos.

RONALD WILSON

 

viernes, 30 de diciembre de 2022

 

Guayasamín

DERECHOS HUMANOS, UNIVERSALES E INDIVISIBLES.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se  aprobó por la naciente Organización de Naciones Unidas en 1948 y cuyo objetivo fue establecer recursos jurídicos que contemplaran los derechos fundamentales  de la personas a nivel universal, posee un conjunto de características inalienables:

  • Los derechos humanos son universales, es decir permiten que todo ser humano sin excepción alguna tenga acceso a ellos.
  • Los derechos humanos son normas jurídicas imperativas, es decir que deben ser protegidas y respetadas por todos los Estados. La comunidad internacional puede exigir su cumplimiento dado que son derechos consustanciales al individuo. Los derechos humanos no se pueden violar,  atentar contra ellos supone violentar la dignidad humana.
  • Los derechos humanos son indivisibles. Esto implica que cada derecho está vinculado al resto de tal modo que negarse a reconocer uno o privar de él, pone en peligro el mantenimiento del resto de derechos humanos que a la humanidad le corresponde.
  • Son irrenunciables e inalienables, dado que ningún ser humano puede renunciar a ellos ni transferirlos.

Estas distintas características son muchas veces discutidas, comenzando por la universalidad, bajo el argumento que los derechos humanos se deben interpretar dentro de las distintas culturas, de forma que estas podrían matizar o alterar los principios contenidos en la Declaración Universal. Por lo tanto, los derechos humanos no serían siempre los mismos, variarían en función de los ‘contextos culturales’. Es la postura conocida como “relativismo cultural”. El ejemplo más nítido y actual es el de los países islámicos, que defienden la necesidad que los derechos humanos no entren en discordancia con la Ley Islámica.  Un ejemplo clásico es cómo a los ‘occidentales’,  nos resultan especialmente chocantes las normas jurídicas y morales, discriminatorias contra la mujer, la homosexualidad o el tratamiento de la pena de muerte existentes en sectores integristas  del islam.

Lo cierto es que las idiosincrasias culturales se pueden usar para mantener sistemas opresivos por parte de los respectivos gobiernos o de las jerarquías religiosas dominantes, que  no siempre son compartidos por las respectivas poblaciones, especialmente cuando éstas han tenido acceso a la información y a la educación.  Éste es justamente uno de los motivos por el que las Naciones Unidas defienden la universalidad del derecho a la educación y a la información, en la misma medida que algunos gobiernos defensores del relativismo cultural, de forma sospechosa, lo restringen.

También es común que se presenten objeciones al principio de indivisibilidad de los derechos humanos, argumentando que algunos derechos son prioritarios por sobre otros. Cuando se preparaba el texto de la Declaración Universal, bajo la realidad de la “guerra fría”, estas discrepancias se pusieron de manifiesto en la prioridad que asignaban las democracias occidentales a los derechos civiles y políticos, y la presión de los países socialistas para que se reconocieran e incluyeran los derechos económicos y sociales. En la actualidad estas discrepancias no están del todo superadas, es lo que podemos llamar “relativismo ideológico”.

Es un hecho que bajo la actual realidad de la globalización neoliberal,  las fuerzas hegemónicas, han tratado de negar siempre y sistemáticamente el carácter de DDHH que tienen  los derechos económicos, sociales y culturales, denominados  de segunda generación  y a los derechos de tercera generación, como es el derecho a la paz, al desarrollo, al medio ambiente, al patrimonio común de la humanidad y a la asistencia humanitaria. Para estas instancias los derechos económicos, sociales y culturales, no pasan de ser actitudes caritativas y de beneficencia.

Es necesario  recordar que la segmentación entre derechos civiles y políticos, por un lado, y derechos económicos, sociales y culturales, por otro, que se materializó en la aprobación  del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se debió en parte justamente al ambiente político de la época  y no a razones estrictamente conceptuales.  Actualmente los países más desarrollados continúan debatiendo la indivisibilidad de los Derechos Humanos al dar preeminencia a los derechos individuales, civiles y políticos, en especial al derecho de propiedad, relegando o negando los derechos económicos, sociales y culturales  y los derechos colectivos. Frente a ellos, los países pobres de América Latina y África, denuncian el subdesarrollo endémico y las desfavorables condiciones económicas y comerciales a nivel internacional que dificultan e impiden el cumplimiento de los Derechos Humanos  en general, y los derechos económicos, sociales y culturales, en particular.

Este  desequilibrio entre los distintos aspectos de los DDHH se refleja en la propia Declaración Universal  al dedicar  gran parte de su contenido a los derechos civiles y políticos en 18 artículos mientras que solamente seis se ocupan de los derechos económicos, sociales y culturales, todos ellos siempre desde una perspectiva individualista, no colectiva. Ello se debe a que fueron los Estados capitalistas quienes más influyeron en la redacción del texto definitivo, lo que se refleja asimismo en el artículo 17, que contempla el derecho de propiedad privada sin apenas limitaciones. 

Sin embargo en la actualidad se reconoce como principio fundamental del derecho internacional de los Derechos Humanos el que todos los derechos humanos sean indivisibles e interdependientes, por lo que no existe jerarquía entre ellos y, por lo tanto, no debe haber preeminencia de unos sobre otros. La indivisibilidad e interdependencia van más allá de una simple interrelación, puesto que se trata de una dependencia recíproca en la medida en que el menoscabo o el progreso en la efectividad de alguno de ellos incidirán asimismo en el disfrute de los demás.  No es posible para ningún país, reconocer y garantizar un grupo de derechos humanos y violar sistemáticamente otros. No es posible pretender defender los derechos económicos, sociales y culturales, y a la vez violentar y no respetar el derecho a la vida, a la libertad  o a la integridad física de sus habitantes y viceversa.

La necesaria indivisibilidad de los distintos derechos es evidente,  no permite ningún “relativismo ideológico”. Las personas no pueden mejorar sus derechos económicos, sociales y culturales sin espacio para la libertad política. Y por otro lado, las libertades políticas, si no se acompañan de un desarrollo económico y social efectivo, siempre generarán injusticias, desigualdades y conflictos.

A estas características de los derechos humanos hay que añadir la inderogabilidad, aunque esta característica tiene matices, ya que según las distintas normas internacionales, regionales o nacionales de derechos humanos, la inderogabilidad no afecta por igual a todos los derechos. En determinadas circunstancias, de forma extraordinaria se justifica que  los Estados puedan suspender algunos derechos, como los derechos políticos o de reunión, en situaciones de conflicto o estados de excepción.  Los demás han de ser respetados siempre, sin salvedad alguna, como el derecho a la vida, a no ser esclavizado o a no ser torturado, a no recibir tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y a la no discriminación por motivos de raza, religión, origen social o de cualquier otra índole.

Además, es fundamental que los países reconozcan y pongan en práctica el hecho que los instrumentos internacionales de Derechos Humanos y sus normas aceptadas y ratificadas por los Estados, tienen preeminencia sobre las normas internas.

Estos instrumentos conforman un sistema internacional de Derechos Humanos, integrado por Convenciones y Pactos y sus respectivos protocolos: Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; Convención sobre los Derechos del Niño; Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares; Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas; Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. 

Los Estados signatarios de estos instrumentos están obligados a rendir un Examen Periódico Universal (EPU) que es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas cuya finalidad es revisar la situación de derechos humanos de todos los Estados miembros de la Organización, en torno a un dialogo interactivo que brinda la oportunidad para que cada Estado pueda difundir su labor en materia de promoción, protección y cumplimiento de los derechos humanos ante la comunidad internacional. Además cada Estado debe, en particular elaborar y enviar a los Comités creados en virtud de los tratados de derechos humanos, informes periódicos sobre el cumplimiento por parte de los respectivos Estados de dichas convenciones.

Al cumplirse 70 años de la declaración Universal de los Derechos Humanos, es necesario reconocer que aún falta un largo camino para que éstos sean realmente universales e indivisibles. Sin duda que ha habido gigantescos avances y la conciencia de la humanidad ha crecido y se ha ampliado, pero la lucha por la dignidad humana aún no ve su fin, mientras existan sistemas injustos y abusivos, mientras existan personas violentadas en sus derechos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada por la Asamblea General de la ONU de  diciembre de 1948, será siempre una tarea pendiente.

RONALD WILSON


jueves, 29 de diciembre de 2022



CONVERSATORIO
ROL DE LAS FUERZAS ARMADAS EN LA CRISIS MIGRATORIA



 


CONVERSATORIO DERECHOS DEL CONSUMIDOR Y CONSUMO RESPONSABLE. JUEVES 5 DE ENERO 2023, A LA 19.00 HRS. PARTICIPA A TRAVÉS DE FACEBOOK LIVE Y YOUTUBE DEL INSTITUTO IGUALDAD




 

martes, 27 de diciembre de 2022

 


 


DIPLOMACIA CIUDADANA

LA SOCIEDAD CIVIL COMO ACTOR GLOBAL

 Colaboración Global.

 El largo proceso de construcción de una agenda colaborativa a nivel global, iniciado en los años 90, logró instalar en el centro de las preocupaciones mundiales, la lucha contra el hambre y la pobreza, buscando focalizar los esfuerzos de ayuda al desarrollo y bienestar, desplegados de forma disgregada por una multitud de actores. [1]

En materia de procesos internacionales, se pueden mencionar como hitos fundamentales, los procesos de integración regional que se vienen realizando desde hace décadas en América Latina. Los intentos integracionistas de la región han sufrido avances y retrocesos, pero sabemos fehacientemente que una integración regional pertinente puede contribuir a preservar para las generaciones futuras bienes públicos globales como el clima y el medio ambiente y simultáneamente aportar a un mayor desarrollo a nivel global, pero esta máxima en la Región ha sido dificultosa como herencia de nuestra propia historia.     

Algunos de los principales foros regionales de integración que se han implementado y mantenido con relativo éxito, son la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), el Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Comunidad Andina (CAN), el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), la Comunidad del Caribe (CARICOM), la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y la Asociación Independiente de América Latina y el Caribe (AILAC). [2]

Quizás las iniciativas que han suscitado mayores niveles de involucramiento y mayor interés desde la sociedad civil han sido las propuestas sobre el desarrollo sostenible. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas (ODM) fueron un intento fundamental a través de la elaboración de ocho objetivos, por los cuales los Estados Miembros de las Naciones Unidas acordaron alcanzar una meta de Desarrollo para 2015. Estos ODM fueron firmados en septiembre de 2000, comprometiendo a los dirigentes mundiales a luchar contra la pobreza, el hambre, la enfermedad, el analfabetismo, el deterioro del medio ambiente y la discriminación contra la mujer.

En el año 2015 se realizó la Cumbre de Desarrollo Sostenible y elaboró una nueva Agenda 2030 que contiene los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  Estos Objetivos pretenden ampliar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y alcanzar aquellos objetivos que no se cumplieron en la primera agenda. La idea central es que todos los países, con independencia de su nivel de desarrollo o riqueza, se comprometan a promover el desarrollo y a proteger el medioambiente. Aunque los Objetivos de Desarrollo Sostenible no son obligatorios, cada país asume la responsabilidad de trabajar por su cumplimiento.

El desarrollo de estos procesos ha permitido, progresivamente, una mayor participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en los procesos multilaterales de negociación como actores políticos, aunque con una influencia limitada sobre los sujetos tradicionales de las relaciones internacionales. Las razones de esta dificultad derivan tanto de las falencias propias de las organizaciones multilaterales, como de la naturaleza heterogénea de las OSC. Subyacen en estas problemáticas diferentes lógicas, como las tensiones entre capacidades universales e intereses particulares, multilateralismo y unilateralismo, hegemonía y gobernanza, mercado y Estado, mercado y sociedad, sociedad civil y Estado, globalización y localismo, entre otros.

Diplomacia Ciudadana

En este contexto las Organizaciones de la Sociedad Civil han intentado configurar a nivel global una nueva aproximación a las relaciones internacionales en lo que se ha denominado Diplomacia Ciudadana.  

La diplomacia ciudadana, surge con el objetivo de caracterizar la participación de la sociedad civil en la búsqueda de soluciones a conflictos de manera independiente o complementaria a los esfuerzos diplomáticos tradicionales y para describir las acciones de incidencia política de dicho sector en organismos multilaterales, agendas internacionales y en la política exterior de los países. Asimismo, la diplomacia ciudadana se perfila como una forma eficiente para posicionar internacionalmente agendas y demandas que a nivel de los Estados no son atendidas, generando efectos probables que faciliten procesos de incidencia política a nivel nacional. [3]

Este ejercicio de la diplomacia ciudadana pueden lograrse a través de: 

•             Actividades de lobby y de incidencia política ante gobiernos, organismos multilaterales, conferencias o reuniones internacionales;

•             Elaboración y presentación de informes alternativos o “informes sombra” ante distintos comités de Naciones Unidas para asegurar y dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos internacionales que los Estados asumen por medio de la ratificación de Convenios, Pactos y Tratados Internacionales.

•             Uso del litigio internacional ante los organismos multilaterales, utilizando los espacios de protección y garantías en materia de derechos humanos (por ejemplo, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH).

•             Organización de campañas, mediante redes sociales, y el desarrollo de distintas estrategias de comunicación internacionales enfocadas a visibilizar y posicionar los temas, agendas y visiones de la sociedad civil.

•             Desarrollo de proyectos de investigación, observatorios, monitoreos y elaboración de documentos con perspectiva internacional, que supervisen, cuestionen, enriquezcan y propongan políticas alternativas a las diseñadas por los gobiernos y los organismos internacionales.

•             Construcción de redes no gubernamentales internacionales agrupadas alrededor de temas, regiones o profesiones, y el establecimiento de canales de información y comunicación regulares al interior de dichas redes.

•             Articulación entre lo local y lo global, que permita  ser una acción externa con referentes locales en el país o región donde se origina, convirtiéndose en un el canal de comunicación e interlocución entre la ciudadanía y los centros de decisión y administración del poder a nivel internacional.

A través de esta otra diplomacia se amplían los sujetos de las relaciones internacionales, con el objetivo de lograr mecanismos de deliberación y toma de decisión más inclusiva y participativa.  Este concepto no se opone a que los Estados sean los sujetos encargados de la formulación e implementación de la política exterior, sino que busca complementarlos, abriendo espacios que históricamente han sido privativos de organismos internacionales y de la diplomacia formal. De este modo, los ciudadanos son quienes se constituyen igualmente en sujetos de las relaciones inter-estatales y de su respectiva articulación a nivel global. La participación en procesos globales y regionales pasa a formar parte del cometido de las distintas expresiones organizativas que integran la sociedad civil, la cual es por definición, heterogénea, diversa y plural. Es así como se amplía el concepto de Estado y de diplomacia desde su dimensión restringida a su dimensión plena: las relaciones entre las naciones no solo se ejercen por medio de los gobiernos, sino a través de la plena y protagónica participación de sus pueblos.

De esa forma, la Diplomacia Ciudadana promueve el relacionamiento no solo a través de las cancillerías, sino de las redes de la sociedad civil, ejerciendo la democracia participativa dentro y fuera de los estados, sin restringir al ámbito estatal la construcción de propuestas sobre políticas sociales,  medioambientales, migratorias,  articulando así las más variadas formas y temáticas de la vida democrática.

En el escenario de la globalización, es necesario potenciar la capacidad de diálogo y de negociación, ya sea en los aspectos estratégicos como en los coyunturales. Comunicación que se ve urgida en el actual panorama de crisis económica e inestabilidad política, agravada por la guerra de Ucrania y los efectos cada vez más devastadores del cambio climático.

Resulta cada vez más evidente que el posicionamiento de los Estados en las instancias de negociación multilateral requiere integrar las propuestas de la sociedad civil, de tal forma que el diálogo y la negociación estén acompañados por la presencia organizada y vigilante de los actores  sociales.

Sin duda que desde una visión institucional, el Estado es el principal actor en las relaciones internacionales y la diplomacia es un instrumento de éste para la ejecución de su política exterior. Sin embargo, en tiempos de globalización y de creciente interconectividad, se constata el surgimiento de nuevos paradigmas que evidencian que la realidad internacional está compuesta no sólo por relaciones interestatales, sino por una multiplicidad de actores, agendas y nuevos procesos que desbordan las fronteras y los límites entre lo interno y lo internacional, entre lo político y lo social.

Debemos destacar que la participación de la sociedad civil en las relaciones internacionales no es un fenómeno reciente, ya que desde el siglo XVII podemos encontrar antecedentes de acciones y campañas transnacionales impulsadas por ciudadanos y movimientos sociales, como el movimiento antiesclavista, posteriormente en el siglo XIX el movimiento de trabajadores o las organizaciones por el sufragio femenino. Además, la sociedad civil ha estado en el corazón de importantes negociaciones multilaterales y en la diplomacia, especialmente en los movimientos por la protección de la paz, los derechos humanos y el medio ambiente, así como en operaciones de ayuda humanitaria en situaciones de guerra o de desastres naturales.

Este proceso no ha sido fácil por la misma atomización y multiplicidad de la sociedad civil,  como porque la mayoría de las organizaciones intergubernamentales que forman parte de la actual estructura de la gobernanza global aparecen arcaicas y responden a un orden internacional que requiere urgentes cambios y actualización.  Es claro que su evolución y formas de colaboración no han estado a la altura de los desafíos globales actuales.

Aun así, en las últimas décadas la sociedad civil ha logrado convenir cada vez más su participación en encuentros internacionales, y ser contrapartes válidas y reconocidas de los organismos internacionales. Es así como las Organizaciones no gubernamentales (ONG) colaboran activamente con Naciones Unidas como entidades consultivas del Consejo Económico y Social (ECOSOC) o como entidades acreditadas ante el Departamento de Comunicación Global. [4] De la misma forma, la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha creado espacios para la participación de la sociedad civil en sus actividades que institucionaliza y posibilita la participación de la sociedad civil en los cuerpos políticos de la OEA. [5]

La diplomacia ciudadana ha contribuido no sólo a fortalecer y diversificar las estrategias e impactos de las OSC, sino a visibilizarlas como actores activos en las relaciones internacionales, cuyo reconocimiento por parte de diversos organismos y foros internacionales y regionales, es ya una realidad. Las organizaciones de la Sociedad Civil han estado presentes en diversos foros y conferencias internacionales, como son los Foros Mundiales sobre Migración y Desarrollo, en las Conferencias de las Partes de la Convención Marco de la Naciones Unidas sobre Cambio Climático,  en los espacios de consulta en el marco de las cumbres del G20, en la primera Reunión de Alto Nivel de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo, en las conferencias de la Convención de Eliminación Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, Cedaw, en las misiones de preparación de la COP 25 y en diversas conferencias internacionales sobre temas como el VIH/SIDA,  la lucha contra la implementación del Acuerdo Integral de Asociación Transpacífico,  conocido como TPP11,  o la presión masiva en diferentes países para sus gobiernos firmen el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como Acuerdo de Escazú, entre muchos otros.

Una de las instancias más significativas de participación internacional de la sociedad civil se manifiesta en la llamada Cumbre de los Pueblos que se reúne desde 2005, casi siempre coincidiendo con las Cumbres de las Américas de carácter gubernamental. Esta Cumbre de los Pueblos congrega a organizaciones y articulaciones sociales de diversos países, para compartir experiencias e impulsar soluciones alternativas al sistema y fortalecer la organización global y la acción local para frenar la catástrofe socio ambiental.  Su objetivo general es movilizar y construir una fuerza social global, alternativa al modelo de producción y consumo neoliberal, y que supere la crisis social y ecológica que pone en riesgo inminente el futuro de la vida en el planeta.

La diplomacia ciudadana se ha convertido en un instrumento efectivo de incidencia tanto a nivel nacional como internacional, en torno a temas como el cambio climático, las políticas comerciales, los derechos humanos de mujeres, niños, niñas y adolescentes, los procesos migratorios y de refugio, el tráfico y trata de personas, los derechos ciudadanos por un consumo responsable, por mencionar algunos de los más destacados. 

Además, las OSC  han desarrollado diversas acciones de diplomacia ciudadana, como la presentación de informes sombra ante distintos comités de la ONU que se encargan de dar seguimiento al cumplimiento de los compromisos internacionales adquiridos por los Estados en materia de derechos humanos,  la organización de campañas internacionales, y el uso del litigio internacional en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, utilizando así los espacios de protección y garantías para la obtención de sentencias que condenen a los  Estados por violaciones a los derechos humanos, como la resolución CIDH que declaró la responsabilidad internacional de Chile por violación al acceso a la justicia,  a raíz del rechazo a demandas civiles de indemnización por daños morales debido a diversos crímenes de lesa humanidad cometidos entre durante la dictadura cívico-militar, o últimamente, los diferentes Informes CIDH que condena las violaciones graves, masivas y repetitivas de derechos humanos en Chile en el marco del Estallido Social de octubre de 2019 o las denuncias al Estado de Chile ante la Corte Interamericana por juicios a comuneros mapuches.

En ese sentido, muchas de las acciones de diplomacia ciudadana no se articulan en torno a nacionalidades, sino a intereses de clase, sectoriales y temáticos, haciendo que los límites de las políticas internas y exteriores se hagan cada vez más indeterminados.

Está cada vez más claro, que la política exterior no debería ser tratada como un asunto exclusivamente del gobierno, sino como un asunto de interés público. En ese sentido, si bien hemos tenido valiosos avances en términos de la vinculación entre la Cancillería y la sociedad civil en los últimos años, aún queda mucho trabajo por hacer para que la política exterior sea más incluyente y promueva las alianzas estratégicas necesarias para encontrar soluciones más integrales a los retos del siglo XXI.  Es decir, la sociedad civil necesita pensar localmente y actuar globalmente, para potenciar sus estrategias de incidencia política, fortalecer su presencia en los debates internacionales y ser una sociedad civil con alcances globales.

Es urgente que desde la sociedad civil se logre  contribuir a la reflexión y visibilización de los procesos de diplomacia ciudadana desarrollados, a través de las voces de los actores que han participado en ellos. Al mismo tiempo es importante posicionar las voces ciudadanas en torno a los grandes debates que actualmente se están llevando a cabo sobre los mecanismos y agendas de desarrollo.

Como bien dice la Asociación Diplomática y Consular de Colombia, “La vinculación de actores no gubernamentales, con impacto en las relaciones internacionales y en los intereses nacionales, es uno de los factores que han fortalecido el ejercicio de la diplomacia pública en el espectro ciudadano y municipal. Estas nuevas formas de diplomacia favorecen una participación más activa de la ciudadanía, una integración de los territorios y una inclusión social en la construcción de la confianza, la promoción de una cultura de tolerancia, el respeto y la convivencia general; tal como lo promueve en su introducción el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto armado colombiano del 24 de noviembre de 2016. Asimilar estas diplomacias en las políticas públicas, propiciará una Diplomacia para la Paz”. [6]

Finalmente, este es un esfuerzo por reivindicar a la diplomacia ciudadana como una importante estrategia de incidencia para la sociedad civil y como un mecanismo que contribuye al fortalecimiento de la participación ciudadana en el diseño, ejecución y evaluación de nuestra política exterior,  a la democratización de las discusiones internacionales,  a la generación de redes globales de defensa de los derechos humanos y a la promoción de la sociedad civil como actor estratégico del desarrollo tanto a nivel nacional como internacional.

 

Ronald Wilson