PROYECTO QUE TIPIFICA EL DELITO DE INGRESO CLANDESTINO A TERRITORIO NACIONAL

 

                                                                                                                     

          

CRIMINALIZACIÓN DE LA MIGRACIÓN

PROYECTO QUE TIPIFICA EL DELITO DE INGRESO CLANDESTINO A TERRITORIO NACIONAL

En medio de la mayor crisis humanitaria en el ámbito migratorio  y de las situaciones más complejas de seguridad ciudadana, y crimen organizado que vive el país, un grupo de Parlamentarios aprovecha esta realidad para sacar provecho político electoral, promoviendo la criminalización de la migración, estableciendo un necesario hilo vinculante entre delincuencia y migración. Como parte de  esta ofensiva, la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados y Diputadas, aprobó un proyecto que modifica la Ley de Migración y Extranjería. La propuesta (boletín 15261) tipifica el delito de ingreso clandestino al territorio nacional.

El texto del Proyecto parte con una afirmación perentoria y falsa, refiriéndose a los “los efectos negativos de la migración clandestina en el país y especialmente su influencia en el fenómeno criminal”…”El desbocado aumento de los flujos migratorios clandestinos hacia Chile está provocando consecuencias negativas que deben ser abordadas con urgencia”.

La propuesta pretende sancionar a los migrantes que ingresen al territorio nacional en forma clandestina, por un paso no habilitado o evitando el control migratorio. La pena propuesta sería de presidio menor en su grado mínimo (61 días a 541 días) o multa de 11 a 20UTM,

Las sanciones se aplicarían además,  a la persona que acredite las condiciones necesarias para ser declarado como refugiado, incluyendo a quienes, reuniéndolas, no provenga directamente de un territorio en donde su vida o libertad estén amenazadas.

Asimismo sanciona a los extranjeros que ingresen al territorio  teniendo causales de impedimento o prohibición de ingreso a quienes se les aplicará la pena de presidio menor en su grado medio, que va desde 541 días a 3 años y un día. Igualmente la propuesta sanciona a quien ingrese o intente salir valiéndose de un documento de identidad o de viaje falso y a quien mienta respecto a la información requerida por la autoridad para autorizar el ingreso o la salida. En tal caso, la persona sufrirá la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo (desde 541 días a 5 años).

Directamente lo que se quiere cambiar es el Artículo 9,  de la actual Ley de Migración y Extranjería, que confirma el principio general del Derecho de la “No criminalización. La migración irregular no es constitutiva de delito”.  Es interesante tener presente que con anterioridad a la aprobación de la actual de Ley de Migraciones, mientras regía el Decreto Ley 1094, de 1975, el ingreso irregular estaba penalizado (artículo 69); “Los extranjeros que ingresen al país o intenten egresar de él clandestinamente, serán sancionados con la pena de presidio menor en su grado máximo.  Si lo hicieren por lugares no habilitados, la pena será de presidio menor en sus grados mínimo a máximo”. Sin embargo esta disposición no disminuyó los ingresos.

Adicionalmente esta propuesta obstaculiza la labor del Ministerio Público en el Norte, pues en lugar de perseguir al crimen organizado, deberá gastar recursos en perseguir familias que buscan nuevas oportunidades.

Los Migrantes son personas sujetas a derechos  sin importar si su permanencia es regular o irregular, por lo tanto, los y las migrantes conservan sus derechos humanos en cualquier condición en que se encuentren y en cualquier lugar del territorio en que se hallen.

En el plano cuantitativo, según  un estudio del CEP, titulado “Inmigración en Chile: una mirada multidimensional”, los extranjeros constituyen solo al 2,36% de los imputados y solo el 2,57% de los condenados. Aunque estos números adolecen del problema que el porcentaje se refiere a una cifra gruesa de delitos, pero no especifica cuántos de estos corresponden a crímenes de alta connotación social, tales como homicidio, sicariato, narcotráfico, secuestro, tráfico de personas, etc. 

Aun con las escasas e incompletas cifras existentes en el país, queda claro que la afirmación desmesurada de relacionar migración con delincuencia es un exceso, una falsedad y una acción predeterminada de criminalización de la migración.

Las personas migrantes tienen los mismos derechos que los nacionales ante los tribunales y las cortes de justicia del país. (Artículo 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y artículo 18 de la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares)

El derecho internacional establece que las y los trabajadores migratorios y sus  familiares tienen  derecho a la libertad de movimiento, es decir, a moverse  en el territorio del país de acogida, donde  trabajan  y a escoger libremente su lugar de residencia. Aunque los países pueden regular la entrada de personas a su territorio, no pueden hacerlo de forma arbitraria, discriminatoria o vulnerando nuestros derechos. (Artículo 39 de la Convención para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares).

Es muy importante saber que el migrante no pierde sus derechos humanos por ser un migrante irregular o “no documentado”. Según las normas internacionales y nacionales, el ser un migrante no documentado no es un delito, por eso, no está permitido que le apliquen sanciones por ese hecho.  El Comité de Derechos de los Trabajadores Migratorios de la ONU ha señalado que la migración irregular sólo puede ser una falta administrativa y, por lo tanto, no se puede imponer una sanción penal. Una persona migrante si no tiene un permiso de tránsito, de permanencia o de trabajo, no está cometiendo un delito.

En este contexto, El representante de la Oficina de DDHH de las Naciones Unidas, Jan Jarab, indicó que "no hay evidencia que la criminalización de la migración irregular o la detención de migrantes por motivos migratorios sea eficaz para el control de los flujos migratorios". Por su parte Felipe González, Relator Especial de Naciones Unidas para los DDHH de los Migrantes, expresó que “Tipificar penalmente el ingreso irregular al país haría incurrir al Estado en responsabilidad internacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado reiteradamente que ello viola la Convención Americana”.

 

Por las razones expuestas, esperamos que este Proyecto criminalizador de las personas migrantes, sea rechazado en beneficio de ser capaces como sociedad de establecer una política migratoria, seria y responsable, acorde con las normas internacionales, que no incurra en la política facilista de exacerbar conductas  de xenofobia y racismo en la población chilena.  Hacemos un llamado a las autoridades de gobierno, parlamentarios, gobiernos locales, organizaciones de migrantes, organizaciones de la sociedad civil y académicos, que expresen su desapruebo a este Proyecto de Ley. La violencia y el crimen organizado en Chile y en la región, no es responsabilidad de los migrantes.

FORO ACADEMICO MIGRATORIO

MESAS TEMÁTICAS CON LA SOCIEDAD CILVIL SENADO.

21 de Abril de 2023.

 

Adhieren:

Coordinadora Nacional de Inmigrantes.

Red de Periodistas Migrantes

Programa de Migraciones y Movilidad Humana. Instituto Igualdad.

Núcleo de Migraciones y Movilidad Humana.

Lucía Rabelo, antropóloga experta en migraciones.

Rodrigo Bustos Bottai, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional

Catalina Boch Carcuro, Psicóloga, activista por infancia y mujeres migrantes.

Amalia Pereira, Vicepresidenta General de la CUT

Fernanda Torres, abogada experta en Derecho Migratorio.

Patricio Torres. Colectivo Sin Fronteras.

Eduardo Cardoza, Red Nacional de Organizaciones Migrantes y pro Migrantes.

Antonia Mardones.  Antropóloga, doctora en sociología especializada en estudios migratorios.

Anita Lagos. Dirigenta de la Agrupación de Chilenos en el Exterior.

Ninoska Damianovic, Demógrafa y Estadística.

Nicolás Gissi, antropólogo, académico investigador del Departamento de  antropología Universidad de Chile.

Ximena Poo Figueroa,  académica e investigadora del ICEI Universidad de Chile, Coordinadora de la Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas.

Lucio Parada. Red Europea de Chilenos por los Derechos Cívicos y Políticos.

Elizabeth Andrade, Dirigenta Social, Antofagasta.

Manuel Hidalgo. Abogado, MIREDES Internacional.

Rodrigo Jofré Ortega. Sociólogo Universidad de Chile, Centro de Estudios de Políticas Internacionales, Movilidad Humana, Universidad de Buenos Aires,    Racismos y Movilidad Humana FCS Universidad de Chile.

Manuel Luis Rodríguez. Sociólogo,  Fundación Latinoamericana de Política y Prospectiva.

Observatorio Ciudadano de Derechos Humanos de Magallanes.

Carlos Muñoz Reyes, Promotor y defensor de los derechos de los migrantes especialmente NNA.

Luis Gonzalo Peña Molina, periodista y antropólogo.

Alexis Torreblanca Urzúa, Cientista Político y magister en Estudios de la Sociedad Civil.

INFOMIGRA

Najim Noriega Ávila, Organización Miranda Intercultural.

Karina Bravo Montero, Trabajadora Social, Especialista en Migración, Desarrollo y Derechos Humanos

Organización Migrantas.

Patricia Loredo. Corporación Colectivo sin Fronteras.

Francisca Vargas Rivas, abogada, Directora de la Clínica jurídica de Migrantes y Refugiados UDP.

Fundación Almha

Carolina Pinto Baleisan, académica Universidad Viña del Mar.

GEGEM. Grupo Estratégico de Gestión Migratoria.  

Luis Zurita, abogado

Instituto Católico de las Migraciones. INCAMI.

Mónica Contreras Jacob, socióloga, magíster en Políticas Sociales y Gestión Local, diplomada en Derecho de Familia y de la Niñez.

Patricia Rojas, Asociación Venezolana en Chile. ASOVEN.

Vanessa González. Psicóloga Social, Universidad Central de Venezuela. Magister en Derechos Humanos y Gestión Socia, Universidad Viña del Mar.

NICARAGUA LA REVOLUCIÓN TRAICIONADA

En 2016 publiqué este artículo sobre la Dictadura de Ortega y Murillo en Nicaragua, con dolor la reedito, por los atroces acontecimientos que se suman a la tiranía del traidor y rastrero tirano, que tiene a cientos ese patriotas encarcelados, que culmina con su última acción represiva de expulsar del país a 200 personas que permanecían detenidas, y despoja de la nacionalidad a diversas personalidades de la cultura como Gioconda Belli y Sergio Ramírez, glorias de la literatura Nicaragüense. Dentro de tanta brutalidad una luz de dignidad. El Obispo de Matapalga Rolando Álvarez, después se niega a salir al exilio, y como castigo fue condenado a 26 años de cárcel. La Revolución Sandinista sigue siendo traicionada y pisoteada por Ortega. Exigimos a la comunidad internacional, acciones efectivas contra una dictadura que viola los principios básicos de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional.  Como una triste anécdota, este artículo lo envié para ser publicado en el Diario El Siglo, el cual fue rechazado por ser contrario a su línea editorial. Ojalá que en este aspecto las cosas hayan cambiado. 

Por el significado que tiene Nicaragua y la épica de la Revolución Popular Sandinista, es necesario, realizar un análisis desapasionado y crítico de su actual realidad y de los resultados electorales últimos. En este sentido es ineludible recordar que en junio pasado, el Consejo Supremo Electoral destituyó a 28 diputados de oposición del Congreso, pertenecientes al Partido Liberal Independiente (PLI) y al Movimiento Renovador Sandinista, intento no disimulado de Ortega por eliminar cualquier disidencia, que hiciera mella a su tercera reelección.

En la práctica en las recientes elecciones Ortega no tuvo competidores verdaderos y obviamente triunfó.

A pesar de esta aprensión, una de las claves de los triunfos electorales de Ortega, ha sido la reafirmación de los derechos sociales que el FSLN encabezó durante la Revolución, lo cual es interpretado como la indiscutible voluntad de un gobierno que responde a las demandas más fundamentales de la población, y como consecuencia de aquello sigue contando  con  un respaldo mayoritario del pueblo nicaragüense.

La gratuidad de la educación, las políticas de salud,  los planes de viviendas, las acciones en beneficio de la juventud,  son éxitos de sus programas sociales. Un hecho interesante de consignar es la aplicación efectiva de políticas de equidad de género en la Asamblea Nacional con paridad de representantes hombres y mujeres.

Las cifras macroeconómicas igualmente son favorables. Según el Banco Mundial, para  2016, el pronóstico de crecimiento es de un 4.4 por ciento, con lo que Nicaragua se coloca en los primeros niveles de Centroamérica. Según la Encuesta de Medición de Nivel de Vida 2014, del Instituto Nacional de Información de Desarrollo, para el período 2009 a 2014 en Nicaragua hubo una disminución de 13 puntos en la pobreza nacional, que descendió de 42.5 a 29.6 % y  la pobreza extrema disminuyó 6 puntos bajando del 14.6 por ciento a un 8.3 por ciento.

Igualmente, la inversión extranjera directa y el comercio también muestran perspectivas favorables. Aunque se argumente que la bonanza económica se deba a la ayuda venezolana (4.600 millones de dólares entre 2008 y 2015), es  innegable que el país de Sandino presenta una situación económica expectante en el ámbito regional.

En este contexto favorable, guste o no, Ortega sigue siendo un mito de la revolución y  debe parte de su popularidad y supervivencia a la reminiscencia de la Revolución Popular Sandinista,  (1979 – 1990)

Pero cada vez más hay voces críticas hacia Ortega, primero por su afán de perpetuarse en el poder. Lo que arguyen los opositores, no necesariamente de derecha, sino muchos detractores provenientes del mismo sandinismo, es que al final de su nuevo mandato, en 2022,  Daniel Ortega sumará 15 años consecutivos como presidente de Nicaragua, y si se considera su período como coordinador de la Junta de la Revolución Sandinista, cargo que ejerció de 1981 a 1985,  así como su primera presidencia, de 1985 a 1990, sumaría  24 años al frente de los destinos  de Nicaragua.

Pero a  la vez, es necesario aludir a otro elemento que ha sido fuente de duras críticas, como es el preponderante rol de su compañera, Rosario Murillo, que primero fue el poder en las sombras, posteriormente, de hecho ejerció como Ministro del Interior, y en la actual fórmula ganadora del FSLN, se convierte en Vicepresidenta de la República.

Rosario, mujer poderosa, polémica e inteligente, tiene a su favor provenir de una familia de alcurnia política al ser sobrina nieta de Cesar Augusto Sandino.  Según sus detractores, la familia presidencial, es un claro caso de nepotismo, que se interpreta  como la fundación de una nueva dinastía, al estilo somocistas.  

Otro flanco de críticas es que a partir del personalismo y populismo de Ortega y su compañera Rosario, los espacios democráticos se han ido anulando paulatinamente.

Para el escritor Sergio Ramírez, ex vicepresidente sandinista,  el sistema democrático nicaragüense ha sido completamente aplastado y no queda nada más que una sumisión a un proyecto personal y familiar, que ha ido sumando poderes a través de la corrupción, la compra de voluntades, la sumisión y hasta el temor. 

Ramírez,  fue expulsado del FSLN en 1995 por atreverse a disputarle el poder a Ortega.  Según Ramírez, Ortega regresa a la presidencia en 2007, con la intención de no abandonarla nunca más y que no volvería  a cometer el error de perder unas elecciones.  Ortega, sigue pensando, que la democracia representativa no sirve para nada, que lo que se necesita es la democracia popular, donde hay un solo partido y no hay estorbos para pasar las leyes, expresa Ramírez, en declaraciones a la BBC.

Por su parte para el poeta Ernesto Cardenal, ex ministro de cultura, la experiencia revolucionaria, “fue una revolución muy bella, pero fue traicionada”. Lo que hay ahora “es una dictadura familiar de Daniel Ortega. Eso no fue lo que apoyamos nosotros”.

Sin embargo, no me arrepiento de haber apoyado ese proceso, afirma Cardenal, en declaraciones al Diario El Tiempo de Colombia.  Cardenal abandonó el FSLN en 1994, en protesta contra la dirección autoritaria de Daniel Ortega, dando su  apoyo  al Movimiento Renovador Sandinista (MRS).

La escritora Gioconda Belli, combatiente del FSLN, comenta al Diario La Prensa de Managua, que “en términos estrictos, ahorita estamos en un sistema prácticamente monárquico. Porque es un sistema que está ungido. Hasta eso se ha dicho ¿no?, que Dios eligió a los diputados. Está ungido por Dios. Así pasaba en la Europa medieval, donde los reyes pasaban el poder que recibían de Dios a sus hijos, a la reina. Hay una visión de fortalecer el poder, no una visión de país”. 

Sólo queda esperar que los sueños de tantos en la Revolución Popular Sandinista, se hagan realidad en benéfico del pueblo  en el marco de una democracia  y no se esfumen en un régimen personalista y autoritario.

Dicieembre de 2016

                   

ROL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EL TEMOR A LOS DESCONOCIDO, A LO EXTRAÑO, AL MIGRANTE

En conversación con nuestro medio, (radio.uchile.cl/) la socióloga e investigadora del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, Alejandra Mohor, explicó que hay varias hipótesis que explican cómo se cimienta el temor al delito. [i]

Una de ellas es la propia victimización, en el entendido que las “víctimas indirectas” del delito-vale decir familiares, amigos- “tienden a mostrar mayores niveles de temor que las personas no víctimas”. Asimismo, aseguró que juegan un rol “las condiciones del entorno que escapan del control de las personas”, como puede ser el “temor al desconocido, a las personas desconocidas, al extraño”.

Pero hay una línea de hipótesis que poco se relaciona con las condiciones exógenas y la perpetración de delitos: Las agendas de los medios de comunicación masivos, muchos de los cuales, a juicio de Mohor, “han profitado de la situación de la delincuencia”.

“Diría que a fines de los 90 esto se viene instalando como un tema de discusión, la exacerbada cobertura de los medios de comunicación, las pautas editoriales en torno a la situación de criminalidad, donde hechos que ocurren, que son parte de la realidad, se presentan con imágenes de manera tan reiterada, ocupan tanto espacio en los noticieros, particularmente en la televisión, tanta portada en los periódicos que van generando una sensación de que esto es un hecho que ocurre en todo momento, en todo lugar y a cualquier persona, en circunstancia que vemos que muchas veces la información que acompaña a estos hechos específicos no va con una puesta de lugar”, señaló.

En ese sentido, afirmó que “en las últimas semanas inclusive pareciera que la información que presentan los medios tradicionales es contradictoria incluso con los datos que entregan las instituciones policiales. Las instituciones policiales han hablado de una baja de las encerronas, pero no vemos esto reflejado necesariamente con la misma importancia en los medios de comunicación”.

Y advirtió que “escasas veces vemos en los medios de comunicación que se aborde de manera positiva iniciativas gubernamentales o de municipios o de la propia sociedad civil, de la comunidad organizada, que se estén tomando y que sean positivas para contribuir a la reducción de los delitos”.

Por lo demás, la socióloga afirmó que las redes sociales también han entrado a jugar un papel sustancial en la percepción de inseguridad, al ser un espacio donde figuras públicas “magnifican situaciones delictivas que son muy acotadas y puntuales” y donde la audiencia se sensibiliza con situaciones que ocurren en distintos puntos del territorio.

“Estamos en una hipercomunicación que hace que lo que pasó en Antofagasta se sienta con la misma intensidad que la siente un antofagastino en una persona que habita en Concepción, en Punta Arenas o en cualquier parte. En ese sentido creo que hay un tema que se articula con respecto al entorno a lo diferente y es como también desde redes sociales y comunicación se ha vinculado de manera persistente de hace varios años, pero más intensamente en estos últimos la presencia de personas que migran hacia nuestro país con el aumento de la criminalidad “, indicó.

Como consecuencia de todo, Mohor señaló que ha aumentado la organización de la ciudadanía para cerrar calles y pasajes, en detrimento de las acciones tendientes a brindar auxilio mutuo. “Esta tendencia de cierre, de subir rejas lo que genera es un espiral de abandono del espacio público que termina infundiéndote más temor, porque si caminas por la calle donde todos los pasajes tienen rejas, donde no hay nadie afuera, te sientes más abandonado, más temeroso, entonces dentro de nuestras propias reacciones frente a la eventualidad de ser víctimas del delito, de pronto empujado por mensajes contradictorios que se nos envían desde los medios y las redes, tomamos decisiones que nos llevan al aislamiento y soledad”, advirtió.

 

“Pregúntese usted señor lector, que no se inmutó o sí lo hizo frente a los apocalípticos naufragios de africanos en el Mediterráneo ¿Cómo andamos por casa? ¿Es normal que los peruanos vivan en ghettos y que muchas mujeres de ese país sean trabajadoras de casa particular en Chile? ¿Por qué Lo Valledor está lleno de haitianos en labores de carga? ¿Por qué hay muchas mujeres colombianas desempeñándose como trabajadoras sexuales? ¿De qué color y cuál es el acento de muchos reponedores y reponedoras de supermercados?” [ii]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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[i] https://radio.uchile.cl/2022/10/27/chile-bate-record-en-temor-al-delito-pese-a-baja-victimizacion-quienes-son-los-responsables-de-la-aparente-paradoja-nacional/

[ii] https://radio.uchile.cl/2015/04/25/el-miedo-al-inmigrante-una-ignorancia-que-mata/

 

PROYECCIONES DE UNA CARACTERIZACIÓN DEL FENÓMENO ACTUAL DE LAS MIGRACIONES

En los últimos años, la migración intrarregional ha adquirido una relevancia antes desconocida. La progresión del proceso migratorio en Sudamérica, para un futuro de cercano y mediano plazo, dependerá de los factores propiamente migratorios, como de la situación política, económica y social en los países de la región, especialmente en los países que originan emigración, y de las restricciones o apertura de las fronteras interestatales para la circulación de las personas.

Es altamente previsible que se mantengan las dificultades en la situación económica de la región, principalmente en términos de crecimiento, de empleo y de impacto sobre los segmentos más vulnerables y perjudicados de cada país, factores que continuarán siendo uno de los elementos principales de estimulación para la movilidad humana. En la Región dependemos en gran porcentaje del escenario económico mundial, y en este aspecto no se vislumbran cambios a corto plazo, en la medida que continúe la crisis de la guerra en Ucrania, la situación de vulnerabilidad que vive China y la permanente situación de inestabilidad política y estratégica en Corea, elementos que inciden sobre las cadenas de suministro, generando un efecto inflacionario sobre los precios de los combustibles y ciertas materias primas esenciales.

Los grupos migrantes, especialmente aquellos que se desplazan como consecuencia de la crisis económica, comienzan como migrantes pobres y se encuentran en sus países de destino en una condición de igual pobreza y vulnerabilidad.

Además de la crisis económica y social existente, en los últimos años vemos que ha surgido una peligrosa crisis política que pone en peligro la estabilidad democrática. Situaciones como la de Brasil, con la reacción violenta de los sectores ultraderechistas que fueron capaces de asaltar las sedes de los tres poderes del Estado, demuestran la fragilidad democrática del Brasil. La situación en Perú es particularmente peligrosa, posterior a la errada acción Castillo y la posterior violencia represiva de Boluarte, Perú ha entrado en espiral de enfrentamientos violentos fundamentalmente en las zonas más empobrecidas, lo que puede generar un resurgimiento de sectores terroristas (Sendero Luminoso, MRTA) que después de la represión de Fujimori, han estado en inacción, pero no desaparecidos, y pueden perfectamente reaccionar y volver a actuar con el mismo fanatismo del pasado.  Una situación de conflicto en Perú puede traducirse en una nueva oleada de migración de ese país a Chile.

Los antecedentes estadísticos disponibles indican que durante 2022 continuarán los flujos migratorios que se han manifestado antes y durante la pandemia.  En este contexto internacional, es posible que la migración venezolana disminuya, en la medida que la situación interna venezolana tenga un respiro, en la medida que se concrete la venta de petróleo a EEUU y Europa.

Fuera de estos factores, es fundamental incorporar en cualquier análisis migratorio futuro la creciente crisis ambiental. La migración ambiental es ya una realidad en muchos países del mundo, y en nuestra región los efectos del cambio climático acelerado, será un elemento generador de movilidad humana.

No obstante que el cierre de fronteras, producto de la pandemia en el período 2020-2022, no significó la clausura definitiva de los flujos migratorios, éstos derivaron hacia procedimientos y trayectorias no reguladas, de manera que en el período señalado se incrementaron los inmigrantes ilegales o indocumentados que intentaron llegar a sus países de destino. 

Es altamente previsible que, reabiertas las fronteras al flujo de personas y bienes, las corrientes migratorias anteriores a la pandemia, vuelvan a manifestarse con la misma e incluso con mayor intensidad, sin perjuicio de la incidencia de las crisis económicas que afectan a las naciones latinoamericanas.

En nuestro país seguirá presente el ingreso irregular de migrantes, por la frontera particularmente extensa que tenemos, y aunque se fortalezcan las medidas preventivas, incluso con la presencia de la FFAA, el ingreso irregular podrá disminuir, pero no desaparecerá.  Por eso, que a futuro es fundamental que desde las políticas públicas migratorias se dé solución realista a la regularización migratoria, que permita la incorporación plena de los migrantes a la actividad del país.

El actual escenario migratorio y humanitario en ALC es una oportunidad para la coordinación regional y subregional y la acción de los organismos internacionales. Con gobiernos como el de Lula en Brasil, Petro en Colombia, Arce en Bolivia, Fernández en Argentina, Boric en Chile, y un Maduro más razonable, la posibilidad de diálogo y colaboración en el plano migratorio de hace más posible.

La cuestión migratoria, es un asunto de interés común para la región latinoamericana, no solo desde el punto de vista de la urgencia presente producida por las crisis políticas, socio-económicas y ambientales, sino porque en el futuro es altamente previsible que se repitan escenarios similares de migración forzada, allí donde se combinen dificultades materiales y económicas, crisis socio-políticas y crisis ambientales.  Es un asunto de interés común que abre la posibilidad de soluciones compartidas, desde una perspectiva multilateral y bilateral.

 

Ronald Wilson

 

 

 

                   DERECHOS HUMANOS, CONSTITUCIÓN Y DEMOCRACIA.

Sabía usted que la histórica comisión chilena de derechos humanos fundada por Jaime castillo Velasco en 1978, ha tenido la audacia de solicitar "al alto comisionado.... Remita esta denuncia al comité de derechos humanos de naciones unidas, órgano especializado encargado de supervigilar y monitorear el debido cumplimiento del pacto internacional de derechos civiles y políticos por parte de los estados partes, para que -en uso de sus atribuciones y competencia-, la tramite como denuncia o comunicación individual según el procedimiento

Establecido.". El argumento esgrimido es que el estado de chile, a través del parlamento y los partidos políticos con representación parlamentaria estarían vulnerando directamente los pactos internacionales de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales, al no especificar un mecanismo directo de elección ciudadana de las diferentes instancias acordadas democráticamente para este proceso constitucional: consejo constitucional, comité de expertos, incluido el plebiscito de ratificatorio., que es a través de elección universal, directa y obligatoria.

En que doctrina constitucional o de derechos humanos se obliga a los signatarios a los tratados internacionales a establecer modelos electorales de participación directa en procesos constitucionales. El llamado "acuerdo por chile" podrá tener limitaciones, pero es un mecanismo plenamente democrático, alcanzado en una discusión libre, informada, democrática por representantes legítimamente electos por la ciudadanía. Dónde está la supuesta violación a los derechos humanos para que la citada comisión tenga la osadía de presentar un escrito al alto comisionado de derechos humanos., porque el parlamento y los partidos políticos acordaron una estrategia democrática para lograr finalmente tener una nueva constitución en chile.

Los argumentos esgrimidos, con variadas citas del pacto de los derechos civiles y políticos y de los derechos económicos y sociales, no explican ninguna violación normativa o de principios, más bien parece una argumentación ideológica y política de los miembros de la actual comisión chilena de derechos humanos, que bastante pocos honores le hacen a su historia y a su fundador.

Se pueden utilizar mil estrategias políticas para imponer una idea determinada, pero me parece francamente inmoral utilizar principios universales como los derechos humanos para justificar una postura ideológica. La democracia tiene como base los derechos humanos, pero no manipula los derechos humanos.

RONALD WILSON

 

 

Guayasamín

DERECHOS HUMANOS, UNIVERSALES E INDIVISIBLES.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se  aprobó por la naciente Organización de Naciones Unidas en 1948 y cuyo objetivo fue establecer recursos jurídicos que contemplaran los derechos fundamentales  de la personas a nivel universal, posee un conjunto de características inalienables:

• Los derechos humanos son universales, es decir permiten que todo ser humano sin excepción alguna tenga acceso a ellos.
• Los derechos humanos son normas jurídicas imperativas, es decir que deben ser protegidas y respetadas por todos los Estados. La comunidad internacional puede exigir su cumplimiento dado que son derechos consustanciales al individuo. Los derechos humanos no se pueden violar,  atentar contra ellos supone violentar la dignidad humana.
• Los derechos humanos son indivisibles. Esto implica que cada derecho está vinculado al resto de tal modo que negarse a reconocer uno o privar de él, pone en peligro el mantenimiento del resto de derechos humanos que a la humanidad le corresponde.
• Son irrenunciables e inalienables, dado que ningún ser humano puede renunciar a ellos ni transferirlos.

Estas distintas características son muchas veces discutidas, comenzando por la universalidad, bajo el argumento que los derechos humanos se deben interpretar dentro de las distintas culturas, de forma que estas podrían matizar o alterar los principios contenidos en la Declaración Universal. Por lo tanto, los derechos humanos no serían siempre los mismos, variarían en función de los ‘contextos culturales’. Es la postura conocida como “relativismo cultural”. El ejemplo más nítido y actual es el de los países islámicos, que defienden la necesidad que los derechos humanos no entren en discordancia con la Ley Islámica.  Un ejemplo clásico es cómo a los ‘occidentales’,  nos resultan especialmente chocantes las normas jurídicas y morales, discriminatorias contra la mujer, la homosexualidad o el tratamiento de la pena de muerte existentes en sectores integristas  del islam.

Lo cierto es que las idiosincrasias culturales se pueden usar para mantener sistemas opresivos por parte de los respectivos gobiernos o de las jerarquías religiosas dominantes, que  no siempre son compartidos por las respectivas poblaciones, especialmente cuando éstas han tenido acceso a la información y a la educación.  Éste es justamente uno de los motivos por el que las Naciones Unidas defienden la universalidad del derecho a la educación y a la información, en la misma medida que algunos gobiernos defensores del relativismo cultural, de forma sospechosa, lo restringen.

También es común que se presenten objeciones al principio de indivisibilidad de los derechos humanos, argumentando que algunos derechos son prioritarios por sobre otros. Cuando se preparaba el texto de la Declaración Universal, bajo la realidad de la “guerra fría”, estas discrepancias se pusieron de manifiesto en la prioridad que asignaban las democracias occidentales a los derechos civiles y políticos, y la presión de los países socialistas para que se reconocieran e incluyeran los derechos económicos y sociales. En la actualidad estas discrepancias no están del todo superadas, es lo que podemos llamar “relativismo ideológico”.

Es un hecho que bajo la actual realidad de la globalización neoliberal,  las fuerzas hegemónicas, han tratado de negar siempre y sistemáticamente el carácter de DDHH que tienen  los derechos económicos, sociales y culturales, denominados  de segunda generación  y a los derechos de tercera generación, como es el derecho a la paz, al desarrollo, al medio ambiente, al patrimonio común de la humanidad y a la asistencia humanitaria. Para estas instancias los derechos económicos, sociales y culturales, no pasan de ser actitudes caritativas y de beneficencia.

Es necesario  recordar que la segmentación entre derechos civiles y políticos, por un lado, y derechos económicos, sociales y culturales, por otro, que se materializó en la aprobación  del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se debió en parte justamente al ambiente político de la época  y no a razones estrictamente conceptuales.  Actualmente los países más desarrollados continúan debatiendo la indivisibilidad de los Derechos Humanos al dar preeminencia a los derechos individuales, civiles y políticos, en especial al derecho de propiedad, relegando o negando los derechos económicos, sociales y culturales  y los derechos colectivos. Frente a ellos, los países pobres de América Latina y África, denuncian el subdesarrollo endémico y las desfavorables condiciones económicas y comerciales a nivel internacional que dificultan e impiden el cumplimiento de los Derechos Humanos  en general, y los derechos económicos, sociales y culturales, en particular.

Este  desequilibrio entre los distintos aspectos de los DDHH se refleja en la propia Declaración Universal  al dedicar  gran parte de su contenido a los derechos civiles y políticos en 18 artículos mientras que solamente seis se ocupan de los derechos económicos, sociales y culturales, todos ellos siempre desde una perspectiva individualista, no colectiva. Ello se debe a que fueron los Estados capitalistas quienes más influyeron en la redacción del texto definitivo, lo que se refleja asimismo en el artículo 17, que contempla el derecho de propiedad privada sin apenas limitaciones. 

Sin embargo en la actualidad se reconoce como principio fundamental del derecho internacional de los Derechos Humanos el que todos los derechos humanos sean indivisibles e interdependientes, por lo que no existe jerarquía entre ellos y, por lo tanto, no debe haber preeminencia de unos sobre otros. La indivisibilidad e interdependencia van más allá de una simple interrelación, puesto que se trata de una dependencia recíproca en la medida en que el menoscabo o el progreso en la efectividad de alguno de ellos incidirán asimismo en el disfrute de los demás.  No es posible para ningún país, reconocer y garantizar un grupo de derechos humanos y violar sistemáticamente otros. No es posible pretender defender los derechos económicos, sociales y culturales, y a la vez violentar y no respetar el derecho a la vida, a la libertad  o a la integridad física de sus habitantes y viceversa.

La necesaria indivisibilidad de los distintos derechos es evidente,  no permite ningún “relativismo ideológico”. Las personas no pueden mejorar sus derechos económicos, sociales y culturales sin espacio para la libertad política. Y por otro lado, las libertades políticas, si no se acompañan de un desarrollo económico y social efectivo, siempre generarán injusticias, desigualdades y conflictos.

A estas características de los derechos humanos hay que añadir la inderogabilidad, aunque esta característica tiene matices, ya que según las distintas normas internacionales, regionales o nacionales de derechos humanos, la inderogabilidad no afecta por igual a todos los derechos. En determinadas circunstancias, de forma extraordinaria se justifica que  los Estados puedan suspender algunos derechos, como los derechos políticos o de reunión, en situaciones de conflicto o estados de excepción.  Los demás han de ser respetados siempre, sin salvedad alguna, como el derecho a la vida, a no ser esclavizado o a no ser torturado, a no recibir tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y a la no discriminación por motivos de raza, religión, origen social o de cualquier otra índole.

Además, es fundamental que los países reconozcan y pongan en práctica el hecho que los instrumentos internacionales de Derechos Humanos y sus normas aceptadas y ratificadas por los Estados, tienen preeminencia sobre las normas internas.

Estos instrumentos conforman un sistema internacional de Derechos Humanos, integrado por Convenciones y Pactos y sus respectivos protocolos: Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; Convención sobre los Derechos del Niño; Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares; Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas; Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. 

Los Estados signatarios de estos instrumentos están obligados a rendir un Examen Periódico Universal (EPU) que es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas cuya finalidad es revisar la situación de derechos humanos de todos los Estados miembros de la Organización, en torno a un dialogo interactivo que brinda la oportunidad para que cada Estado pueda difundir su labor en materia de promoción, protección y cumplimiento de los derechos humanos ante la comunidad internacional. Además cada Estado debe, en particular elaborar y enviar a los Comités creados en virtud de los tratados de derechos humanos, informes periódicos sobre el cumplimiento por parte de los respectivos Estados de dichas convenciones.

Al cumplirse 70 años de la declaración Universal de los Derechos Humanos, es necesario reconocer que aún falta un largo camino para que éstos sean realmente universales e indivisibles. Sin duda que ha habido gigantescos avances y la conciencia de la humanidad ha crecido y se ha ampliado, pero la lucha por la dignidad humana aún no ve su fin, mientras existan sistemas injustos y abusivos, mientras existan personas violentadas en sus derechos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada por la Asamblea General de la ONU de  diciembre de 1948, será siempre una tarea pendiente.

RONALD WILSON

CONVERSATORIO

ROL DE LAS FUERZAS ARMADAS EN LA CRISIS MIGRATORIA