ACHNU ante el rechazo de la Cámara de
Diputados al Informe de la Comisión Sename II
1. En el ejercicio de nuestra
responsabilidad nos vemos en la obligación de declarar nuestro total rechazo a
la forma cómo la H. Cámara de Diputados ha resuelto el prolongado trabajo
desarrollado para levantar un diagnóstico y propuesta ante la situación que
viven los niños y niñas que están bajo la tutela del Estado, a través de
SENAME.
Este informe, más allá de las críticas a su
rigurosidad en los datos o calificativos que realiza, es un aporte para que el
Estado y la ciudadanía tomen conciencia definitiva acerca de las deficientes –y
en algunos casos inhumanas- condiciones y trato que reciben justamente aquellos
niños y niñas que debiesen tener una respuesta que les garantizara sus derechos
a la supervivencia y al pleno desarrollo.
2. Es claro en el Informe SENAME II –pero
también en otras investigaciones de medios de comunicación responsables, de la
“jueza Jeldres”, la Contraloría y el propio INDH-, que la acción y omisión del
SENAME, en los casos de los 1.313 niños y niñas muertos requieren de una
investigación, pues no basta con tener las cifras si no se hace justicia,
reparación y se sacan las lecciones de los casos que se demuestren como
violaciones al derecho a la vida de esos niños y niñas.
Llama la atención, que luego de tan largo y
sistemático esfuerzo por evacuar un informe de consenso respecto del diagnóstico
y las medidas que se proponen, los parlamentarios no hayan sido capaces de
construir un consenso sobre cómo tratar el tema de las responsabilidades tanto
individuales e institucionales como políticas y penales.
La idea que queda en la ciudadanía es que
cuando se trata de los y las niñas pobres, se anteponen otros intereses al
interés superior del niño (artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del
Niño).
3. Llamamos al Gobierno como a los
parlamentarios de todos los partidos políticos a que consideren tres cuestiones
relevantes del Informe:
a. Son las
políticas de protección general de los derechos del niño lo que ha fallado,
pues no hay un sistema de garantías que permita actuar de modo preventivo
evitando que la política del Estado (tanto del gobierno, las policías, los
tribunales y fiscalías) opere deficientemente y sólo de manera punitiva o
cuando el daño al desarrollo y supervivencia de los niños y niñas ya se ha
consumado.
b. Hay medidas urgentes que se deben tomar
para reparar el daño que se infringe a la niñez bajo tutela del Estado y que no
pueden esperar. Esto significa alistar un conjunto de
decisiones y coordinaciones para hacer efectiva la protección de los derechos
de niños y niñas en esta situación.
c. Se requiere de una acción clara respecto
de las responsabilidades políticas y judiciales que tendrían aquellos
funcionarios públicos que, en conocimiento de los hechos que ocurrían no
obraron con el sentido de responsabilidad y urgencia que la situación
ameritaba, incurriendo en un evidente abandono de sus deberes. En esto sin duda
no hay un solo responsable político pues han sido varios ministros de justicia
y directores de SENAME de distintos partidos, por ello no se pueden construir
“chivos expiatorios” para que luego todo quede igual.
4. En consideración a lo anterior proponemos
generar un Comité de Urgencia compuesto por un representante de la Comisión
Sename II, un miembro del Consejo Nacional de Infancia, un miembro del Poder
Judicial y un miembro del Bloque por la Infancia, con el objeto de evaluar las
medidas más urgentes propuestas por la Comisión de la Cámara de Diputados y que
en esta etapa se pueden operar para revertir la situaciones más graves de
vulneración de derechos. Este Comité de Urgencia solo tiene sentido si sus
conclusiones son vinculantes para el poder ejecutivo.
Lo anterior no debe mediatizar lo
fundamental que es la aprobación de una nueva institucionalidad para garantizar
los derechos de los niños. Esto implica que el Senado debe profundizar su
labor, sacar las lecciones del comentado Informe y legislar para que sea
efectiva la garantía de derechos en la ley, tanto porque crea una
institucionalidad vigorosa y coherente, como porque le entrega los recursos
adecuados. Esta ley debe ser considerada efectivamente como una inversión del
país en sus niños y niñas como para las generaciones futuras. Junto a lo
anterior se debe promulgar una ley que crea la Subsecretaría de la Niñez,
que tenga atribuciones efectivas para que sea un ente rector de las políticas
universales y especiales hacia los niños y niñas, de otro modo sólo será
ampliar la burocracia de forma ineficiente. También se requiere que el
Defensor de la Niñez se apruebe con urgencia y se constituya sin demora,
pues su gestión ayudará a promover acciones de protección de derechos y una
consciencia social e institucional sobre las responsabilidades del Estado y la
sociedad respecto de sus niños y niñas.
5. Entendemos que los otros proyectos de
ley en tramitación se concretarán en la próxima legislatura, por lo que
llamamos a los candidatos presidenciales a tener en consideración la actual
crisis que vive el sistema de protección especial para los niños, con el objeto
que integren en sus respectivos programas y de forma prioritaria, la
culminación definitiva en el próximo período presidencial de un sistema de
protección integral moderno, eficiente, eficaz y humano que le garantice a
todos los niños y niñas una vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos
reconocidos hace más de 25 años en la Convención.
CORPORACIÓN ASOCIACIÓN CHILENA PRO NACIONES UNIDAS, ACHNU
ACHNU, es miembro del Bloque por la Infancia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario